Ricardo Becerra
La Crónica
04/10/2020
Los historiadores, los ratones de biblioteca o los periodistas más meticulosos sabrán confirmarlo. Por mi parte no recuerdo un episodio como el que escenificó López Obrador en Ciudad Juárez, el viernes pasado.
El señor presidente de la república acudió a inaugurar “unas obras”, infraestructura federal, pero vetando, evitando explícitamente la presencia del gobernador Javier Corral y otras autoridades electas porque dijo, “nos ha ofendido”. Era la cereza del pastel, el momento simbólico, después de una larga lista de desencuentros, bastante más serios que el acto protocolario donde presurosamente se cortaron algunos listones. Veamos.
El gobierno federal que había pregonado y definido a las mesas de seguridad estatal como los pivotes de coordinación, seguimiento y control para el combate a la violencia y delincuencia; las sedes de la colaboración entre gobiernos federal, local y municipal, y por tanto, las cápsulas de neutralidad política -repentinamente- fueron abandonadas por la propia federación. El mensaje implícito: que Chihuahua se rasque con sus propias uñas en el tema más cruento de su vida social.
Y algo peor: el problema crítico del agua que depende del Río Conchos, las presas que contienen su caudal y que alimenta a los agricultores del estado, fueron intervenidas por el ejército y por la guardia nacional en un acto insólito, fuera de cualquier convenio, desplazando a los técnicos e ingenieros y las necesidades estatales. A partir de ahora el suministro del vital líquido desde México y para Estados Unidos será un asunto bajo la tutela militar.
Pero hay más. La gestión de la pandemia en el estado (como en el resto del país) no tuvo directriz, decisiones concertadas y fueron dejadas a la política y los escasos recursos locales.
El Consejo de Salubridad General, la instancia que la Constitución mexicana habilita como la encargada de poner orden y concierto a las acciones de la nación en caso de una crisis sanitaria, simplemente, no existió. Y lo que Chihuahua recibió fue en cambio, una atención por lo mínimo, palmaditas en la espalda y ánimos de parte del gobierno federal. Ni estrategia, ni mandatos, ni mucho menos recursos.
Para rematar, en sintonía con la austeridad maniática, el presupuesto de egresos de la federación ha dispuesto que el estado más extenso de la república, el año que viene, recibirá 4 mil 600 millones de pesos menos que en 2020. Con la crisis sanitaria y la crisis económica más graves en un siglo, cuando más se necesita… cuánto menos recibirá.
En el guión del autoritarismo en marcha todo debe quedar bien claro: las cosas se deciden y se dosifican desde palacio nacional. No mediante reglas constitucionales, convenciones o fórmulas objetivas. No mediante diálogo o la comprensión mutua de las necesidades. El federalismo no es cooperación, coordinación ni colaboración obligada, sea del partido que fuese. El federalismo se decide desde el centro.
Porque el propósito, ante todos los demás, es que se sepa donde está el sartén y quien mantiene firme el mango.
Es el señor Presidente y sus muchos instrumentos. Darle su lección a un estado soberano que no ha respondido dócilmente a los designios del actual gobierno.
Groseramente, pasarse por alto el lugar elemental de las autoridades. Rehúsarse a la obligación de brindar seguridad entre la población de un estado quen ha sufrido como, quizás, ningún otro. Poner al ejército y a la guardia nacional en el control del suministro del líquido y si se ocupa, reprimir a quienes protestan. Además de ignorar el mal que la pandemia significa y restringir el presupuesto en el angustiante año que viene.
El asunto es usar los instrumentos del centro, frente a un estado, ejemplificar, para mostrar quien manda, para que todos los demás sepan a que se atienen.
El nuevo federalismo. Poner a Chiuhuahua como precedente.