María Marván Laborde
Excélsior
07/07/2016
Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, dan muestras de desesperación después de su derrota electoral. Ambos gobiernos se han destacado por haber construido sendas redes de corrupción y por múltiples abusos de autoridad. Ambos preparan su salida con medidas legales con las que pretenden protegerse de la justicia.
Unas semanas antes de la elección, el periódico Animal Político sacó a la luz la investigación acerca de las empresas fantasma en Veracruz; éstas ganaron licitaciones y proyectos de política social que desviaron millones de pesos del erario. El secretario general de Gobierno defendió en la radio estas acciones a partir de la afirmación, tristemente cierta, de que las empresas están constituidas conforme a derecho y las licitaciones cumplieron todos los requisitos de la ley.
El día de ayer la revista Expansión subió a su portal de internet un largo reportaje que da cuenta de la forma en la que Borge y su gabinete, en connivencia con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número dos, han despojado a hoteleros y empresarios de sus negocios.
El mecanismo parece sencillo. Empleados que nunca trabajaron en esta empresa o en aquel hotel entablaron falsos juicios laborales. Alegaron despidos y dijeron haber percibido sueldos que llegaban a tres cuartos de millón de pesos mensuales. De manera inexplicable, las notificaciones a los patrones se hicieron en direcciones desconocidas y, por supuesto, los presuntos trabajadores obtuvieron laudos favorables que incluyeron órdenes de desalojo y el congelamiento de cuentas de los legítimos dueños. Como en el caso de la investigación de Animal Político, el presidente de la mencionada junta defiende su actuación diciendo que los juicios cumplen los requisitos de ley (http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/los-piratas-de-borge-el-saqueo-d…).
El llamado paquete de impunidad del gobernador Borge ha sido aprobado por un Congreso que sesiona en un hotel que resguarda la policía. Supuestamente las reformas constitucionales están publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Quintana Roo del 25 de junio, sin embargo, en su sitio de internet sólo se puede leer el índice porque está bloqueado, lo que hace imposible acceder a su contenido. De acuerdo con habitantes de Quintana Roo, la circulación de la Gaceta ha sido sumamente restringida, es prácticamente imposible tener acceso a un ejemplar impreso.
Nuevamente, el gobierno cumple con la obligación legal de publicar las reformas, pero impide que se obtenga la publicación oficial para que nadie pueda ampararse de las aberraciones legales que está cometiendo.
El PRI ha tenido una suerte de deslinde a través de un tibio pronunciamiento de Carolina Monroy, su actual presidenta. Considera que las acciones de Duarte son éticamente incorrectas a pesar de que jurídicamente son válidas.
La diferencia esencial entre una dictadura y una democracia es porque en ésta última los gobernados están protegidos de las arbitrariedades que pueda cometer un gobernante. La autoridad siempre está obligada a actuar dentro del margen de la ley. Más importante que los procesos de elección del gobernante es el respeto a los procedimientos mediante los cuales se hacen las leyes y la sujeción de todo gobernante a ellas. El daño que están haciendo este par de gobernadores trasciende en importancia a sus actos de corrupción. No es una exageración decir que, al burlarse así de la ley, están dinamitando el fundamento del contrato social que permite la convivencia pacífica de la sociedad.
Si bien el Presidente debe respetar a los gobernadores, cabe preguntarnos si no considerará oportuno solicitarle a su secretario de Gobernación que haga lo necesario para hacer respetar el Estado de derecho en estas entidades.
¿Qué pensará hoy Peña Nieto de los gobernadores que algún día, en el programaTercer Grado, presumió como el nuevo rostro del PRI?