El Presidente afirmó ayer que es una “noticia falsa” que se quiera cambiar el marco legal de la CNDH. La desmentida es oportuna y necesaria porque desde hace semanas circulaba la tesis de que el gobierno impulsaba una reforma que alteraría la forma de integración y de funcionamiento de ese órgano constitucional autónomo. Y eso, cuando se trata de la instancia encargada de la defensa –no jurisdiccional– de los derechos humanos, siempre generará suspicacias. Máxime en un contexto violento como en el que, por desgracia, vivimos.
Pero, además, la coyuntura es importante porque en los próximos meses se abrirá un proceso de designación del titular de esa institución. Luis Raúl González Pérez –quién a mi juicio ha realizado un trabajo digno de reconocimiento– podría aspirar a un segundo periodo, pero desde su nombramiento, hace cinco años, advirtió que no lo haría. Así que, de no haber cambiado de opinión, se abrirá la ruta para una nueva designación.
La Constitución y la ley son claras en los trazos de ese procedimiento. Primero, el Senado –a través de la comisión correspondiente– debe auscultar entre “las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos”. No es fácil saber cuáles son todas esas organizaciones, pero sí es posible identificar varias que no pueden dejar de ser consultadas. En las últimas décadas se han creado organizaciones serias y comprometidas que defienden y promueven los derechos humanos en México. Esas organizaciones son un saldo positivo de la transición democrática y constitucional del país. Por lo mismo, por la labor que realizan y por el reconocimiento que se han ganado, deben opinar en el proceso de designación del futuro o futura ombudsperson.
Después de ese proceso –que está legalmente contemplado–, se integrará una terna que será presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores o ante la Comisión Permanente para que designe –con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes– a quien encabezará la CNDH. No es un dato menor que el nombramiento sea competencia exclusiva del Senado. El mecanismo está orientado a garantizar independencia política del titular ante el gobierno en turno. Por eso también tiene mucho sentido que la mayoría requerida para la designación sea de tipo calificado. Esto permite que, incluso en contextos de gobiernos con mayoría, la oposición tenga voz y veto.
Tampoco es baladí que el nombramiento que tendrá lugar en noviembre sea por cinco años. La persona designada ejercerá su función de protección de nuestros derechos humanos durante el resto de la actual administración. Esto significa que tendrá la responsabilidad de investigar y denunciar los posibles abusos que se cometan durante el gobierno en turno. De ahí que sea tan importante –ahora como siempre– garantizar su autonomía. No se trata de una petición de principio ni de una demanda nueva: el defensor del pueblo –como también se le llama en otros países– o goza de autonomía política y presupuestal o no puede cumplir con la misión que tiene encomendada.
En México, el perfil de la persona que será designada juega un papel fundamental. Esto es así porque, a diferencia de otros órganos con autonomía constitucional, aunque la CNDH cuenta con un Consejo Consultivo de diez consejeros y con una estructura encabezada por un conjunto de visitadores, por mandato de ley, la responsabilidad de proteger los derechos de las personas recae en el presidente de la misma. Por eso la autonomía también pende de la trayectoria y compromiso de la mujer u hombre que sea designada. Desde mi punto de vista esa ha sido la mayor virtud del actual titular: fue autónomo frente a Peña Nieto en casos muy difíciles y lo ha sido ante López Obrador en lo que va de su gobierno.
La persona que ocupe su silla deberá honrar ese principio, pero también tendrá la obligación de mejorar la gestión, eficacia y amplitud de agenda de la Comisión. Eso siempre es posible. Por fortuna existen mexicanas y mexicanos que conocen la materia y podrían asumir la responsabilidad con éxito. Personas que desde los organismos internacionales de protección, las comisiones –nacional o locales– de los derechos humanos, el activismo, la academia o el litigio han logrado mantener vigente la causa de los derechos a pesar de tanta hostilidad, adversidad y hostigamiento.