Sergio López Ayllón
El Universal
12 de enero de 2015
La impunidad es el gran mal del país. Cotidianamente somos testigos de cómo se violentan los derechos sin consecuencia alguna para quienes lo hacen. Y no pienso sólo en los derechos fundamentales, sino también en las reglas más básicas de convivencia social que sientan las bases para el respeto y la confianza mutua. Pasarse los altos, estacionarse en lugares prohibidos, romper el orden en las filas de espera, evadir el pago de impuestos, privatizar los espacios públicos; la lista es interminable. Al final del día parecen tener razón quienes piensan que en este país los “gandallas” y los fuertes prevalecen sobre quienes cándidamente cumplen las reglas. No sorprende por ello que las encuestas muestren que el nivel de confianza interpersonal es muy bajo y no rebasa el 30% de la población (IFE, Informe sobre la calidad de la ciudadanía, 2014).
La confianza, tanto interpersonal como en las instituciones, es considerada como uno de los elementos básicos de la vida democrática. Una de las preguntas urgentes que debemos hacernos es cómo (re)construirla. La respuesta no es sencilla, pero una de sus dimensiones pasa por reflexionar sobre los instrumentos con que cuenta el Estado para solucionar los conflictos propios a la convivencia social en un entorno que se quiere democrático.
Esta será justamente la materia del ejercicio que, junto con un número importante de instituciones públicas y privadas, iniciaremos esta semana en el marco de los foros de consulta sobre justicia cotidiana. Por razones de diseño no abordaremos los asuntos de naturaleza criminal pues, a pesar de ser los más visibles, estadísticamente representan una proporción de aproximadamente el 15% de juicios iniciados en 2014 a nivel nacional (Inegi, 2014). Nos concentraremos en cambio en identificar el 85% restante para tratar de encontrar soluciones para los conflictos que a diario enfrentan los trabajadores, los emprendedores, las familias y las comunidades
La consulta parte de varios supuestos. El primero es que corresponde al Estado asegurar el cumplimiento de las reglas de convivencia a través de vías expeditas. El segundo es que deben existir mecanismos accesibles para administrar de manera pacífica y ordenada los conflictos que son propios de la vida democrática. Y tercero, que los incentivos para cumplir la ley y respetar los derechos articulan el tejido social y la visión de futuro comunitario en el largo plazo.
Lamentablemente el escenario de la justicia en México es desolador. Es costosa, lenta, poco flexible, lejana y las más de las veces discriminatoria. Se trata de revertir esta situación y con innovación, sentido común y sensibilidad generar propuestas que puedan construir condiciones para tener una justicia fácil, cercana, conveniente y accesible. La solución pasa necesariamente por revisar cómo funcionan los tribunales, pero sobre todo por crear mecanismos más cercanos a la conciliación y la negociación. En esta lógica tampoco se busca una reforma judicial integral próxima a la república perfecta, sino de encontrar soluciones concretas, pragmáticas y que, aunque imperfectas, constituyan mecanismos efectivos para canalizar los conflictos y darles solución.
El ejercicio de consulta permitirá participar a través de medios tecnológicos, pero además incluirá foros regionales temáticos, una amplia red de alianzas académicas y profesionales y una convocatoria amplia y abierta. Al final del día, se trata de proponer recomendaciones que faciliten que los acuerdos se cumplan, que cualquiera persona pueda reivindicar sus derechos y que los infractores tengan consecuencias. Queremos comenzar a erradicar la impunidad de nuestro futuro.