José Woldenberg
Nexos
25/02/2015
Introducción (quizá innecesaria).
De la calidad de nuestros partidos políticos y medios de comunicación dependerá en buena medida la calidad de nuestra democracia. No son los únicos actores por supuesto. Pero si actores irremplazables.
Dado que no existe democracia sustentable sin un sistema de partidos fuerte y con arraigo. Dado que los partidos son insustituibles como agregadores de intereses, referentes ideológicos, redes de relaciones, plataformas de lanzamiento electoral, ordenadores de la vida pública. Dado que los partidos expresan diversas plataformas políticas, intereses materiales y hasta sensibilidades que coexisten en la sociedad. Dado que los partidos son connaturales a las sociedades modernas. Dado que si no existieran habría que crearlos para ofrecer un cauce a la expresión de la pluralidad política. Dado que en nuestro país, la Constitución los define como “entidades de interés público” y que por ello gozan de derechos y prerrogativas, y por supuesto, tienen obligaciones. Dado que en México los partidos usufructúan el monopolio para postular candidatos a los distintos cargos de elección popular. Dado que incluso aquellos que reniegan de los partidos cuando quieren participar en política crean uno (aunque eventualmente no lo llamen así). Dado que los partidos son maquinarias que han colonizado las instituciones del Estado. Dado que el sistema de partidos –con los que conocemos o los que puedan surgir- llegó para quedarse. Dado que ningún exorcista será capaz de desaparecerlos. Por ello, repito, de su calidad dependerá la calidad de la democracia.
Dado que los medios de comunicación masiva son el vehículo a través del cual se socializa la política. Dado que lo que no aparece en ellos no existe para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Dado que los medios modulan y jerarquizan las noticias. Dado que los medios son la única vía eficiente para hacer de la política un quehacer público. Dado que cada vez son menos las personas que no ven televisión, escuchan la radio o leen periódicos y revistas. Dado que es inimaginable una sociedad moderna sin los medios de comunicación. Dada la enorme influencia de los medios. Dado que hablar de vida pública es hablar de los medios y sus contenidos. Dado que se trata de un poder que crece y se expande. Dado que no hay política “de masas” que no pase por los medios. Dado que el espíritu público en buena medida es esculpido por ellos. Dado que los medios son mucho más que medios. Dado que sus acciones y omisiones tienen impactos en la llamada opinión pública. Por ello, repito, de su calidad dependerá la calidad de nuestra democracia.
Y sin embargo, tenemos que la actuación de unos y otros, de partidos y medios, está generando un desencanto mayúsculo con la política. Los partidos acusan a los medios de subrayar los escándalos y las tonterías sin reparar en la cara virtuosa de la acción política. Y los medios se defienden diciendo que ellos sólo expresan lo que existe y exhiben lo que quiere ver la gente. Escribió Raúl Trejo Delarbre: “Desde los partidos, se suele ver a los medios como interlocutores incómodos pero inevitables. Desde los medios, no son pocos quienes miran al mundo de la política con desdén y desagrado, más que como una fuente necesaria de acontecimientos comunicables” . Los políticos acusan a los medios y los medios a los políticos. Total, como suele suceder, nadie asume la responsabilidad y el círculo vicioso continúa reforzándose todos los días. Resultado: la apatía, el enojo, el disgusto con la política crece y se reproduce.
Los partidos –en plural- fueron motor y beneficiarios del proceso de transición a la democracia en nuestro país. Fueron capaces de construir un escenario para su expresión y recreación, para su competencia y convivencia. Se trató de una espiral virtuosa que desmontó un entramado político autoritario y edificó otro germinalmente democrático. Pero una vez llegado a ese punto, la política sin horizonte se impuso. Los partidos dan la impresión de estar perdidos en su propio laberinto.
Los medios, por su parte, sin duda son ahora más abiertos que en el pasado y sobre todo más libres. La diversidad política se recrea en ellos y han sido desterradas las prácticas excluyentes de ayer. La subordinación al poder político se erradicó en buena medida y el ejercicio de la libertad de expresión se expande. Todo ello en buena hora. Pero una vez llegado a ese punto, el ruido es más poderoso que el análisis, la bulla es más atractiva que la objetividad. Se premia la estridencia y se castigan los planteamientos, se reproducen las gracejadas y desaparecen los diagnósticos.
Partidos y medios están obligados a inyectarle racionalidad al debate, a hacer visibles y comprensibles los monumentales problemas del país, a elevar el conocimiento sobre nuestro entorno, a dotar de sentido a la actividad política. Porque como lo demuestran las más diversas encuestas, si bien la inmensa mayoría de las personas prefieren vivir en democracia y valoran su existencia, esa misma mayoría tiene un profundo recelo en relación a los actores de la democracia: políticos, partidos y Congreso. Cabe entonces preguntarse si ese desgaste de los “instrumentos” de la democracia no presagia un desgaste de la misma.
Afortunadamente no aparece en el horizonte un modelo de organización política alternativo a la democracia. Ni riesgos de involución autoritaria ni fantasmas de golpes militares ni de dictaduras redentoristas (creo) están en la orden del día. No obstante, es menester asumir que la democracia como régimen político puede tener muy distintas calidades. E insisto, la calidad de esa fórmula de organización política depende de lo que hagan o dejen de hacer partidos y medios de comunicación. O para decirlo de otra manera: la democracia es un modelo general de organización política y lo que vivimos son sistemas democráticos singulares con linajes diversos.
Por supuesto, no será la inercia la que revierta la mecánica de degradación. Se requiere de un esfuerzo mayúsculo, concurrente, para elevar la calidad de nuestra democracia.
La reforma de 2007 y sus críticos.
El tema de los medios ha estado presente a lo largo del ciclo democratizador que vivió el país. Y no podía ser de otra manera. Desde la reforma política de 1977, cuando se abrió la puerta para el ingreso de nuevos partidos al escenario electoral-institucional, se entendió que uno de los derechos de los mismos sería un mínimo acceso a la radio y la televisión a través de los llamados “tiempos oficiales”.
Y jamás cuando se han discutido y aprobado reformas en materia política y electoral el tema de los medios ha quedado al margen. Visto en retrospectiva se puede afirmar que los legisladores mexicanos comprendieron que si las contiendas electorales iban a ser legítimas se requería que fueran medianamente equitativas y que para ello resultaba indispensable que los medios se comportaran de una manera equilibrada, sin groseros sesgos a favor o en contra de alguno o algunos de los contendientes.
El eslabón más reciente de esta historia fue la reforma de 2007 que intentó construir un nuevo modelo de comunicación política, pero que ha sido duramente combatida por las televisoras y no pocos destacados periodistas e intelectuales. A ese debate me referiré a continuación.
Lineamientos
Acudo a la memoria: de repente, mientras se estaba discutiendo la reforma electoral en el año 2007, en televisión, radio y algunos diarios se extendió un clamor en defensa de la libertad de expresión. Derecho fundamental sin duda y toque fundador de cualquier régimen que se precie de ser democrático.
¿Qué había pasado? Que dueños y comentaristas descubrieron o fingieron descubrir que en el proyecto de nuevo COFIPE se encontraba una disposición que obligaba a una reunión entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión en la cual el primero presentaría “unos lineamientos generales” aplicables al seguimiento de las precampañas y campañas electorales por parte de los noticieros. A partir de esa intención se generó una ola de opiniones que vieron en tal disposición un intento por coartar la libertad de expresión y pintaron con los colores más tétricos las supuestas motivaciones de los legisladores.
Vale la pena recordar que:
a)Una disposición similar –casi idéntica- estaba contemplada en el COFIPE desde 1993.
b) En 1994, 1997, 2000, 2003 y 2006 se llevaron a cabo reuniones similares entre el IFE y la CIRT en donde el primero entregó “lineamientos” buscando que la cobertura de las campañas electorales se hiciera de manera objetiva, profesional, equilibrada, sin invadir la vida privada de los candidatos, etc. Y ello sucedió siempre en un marco de cooperación y comprensión mutua.
c) Dicha disposición no tiene un carácter coactivo y que si algún noticiero no la cumple no hay sanción alguna. Se trata de sugerencias precisamente porque los legisladores no desearon atentar contra la libertad de expresión.
d) Se trató de una respuesta a la forma más que desequilibrada en que los noticiarios de radio y sobre todo de televisión cubrían las campañas. El antecedente era lo que había ocurrido en 1988 cuando los candidatos de oposición a la Presidencia apenas habían sido registrados por los noticiarios de televisión. Pablo Arredondo –investigador de la Universidad de Guadalajara- documentó entonces que los dos principales noticieros de la TV (24 horas y Día a día) habían repartido su tiempo de la siguiente manera: PRI 83.14 por ciento, “otras noticias electorales” 9.34, partidos de oposición (que eran 6 contando al FDN como uno de ellos) 7.51.
Precisamente para no vulnerar la libertad de expresión es que se diseñó esa fórmula de “llamado” para que los medios colaboraran en el asentamiento de las relaciones democráticas, haciendo una cobertura de las campañas medianamente equitativa. Es más, con posterioridad se introdujeron nuevas disposiciones que garantizando la más amplia libertad de expresión tienden a crear un contexto de exigencia a los medios. Así, se estableció que el IFE realizaría un monitoreo del comportamiento de los noticiarios y daría periódicamente sus resultados. Se trata de una medición sistemática del tiempo que los noticieros le dan a cada una de las ofertas políticas y que cada dos o tres semanas durante la contienda se dan a conocer al público. Esa medición tampoco acarrea sanción alguna, pero exhibe, hace público, el desempeño de los diferentes noticieros de radio y TV.
Además, la ley establecía que antes de iniciadas las campañas electorales, los concesionarios de radio y TV debían entregar al IFE un catálogo de sus tiempos disponibles y de sus tarifas, para que los partidos pudiesen conocerlas. Esa norma fue necesaria porque los partidos entonces de oposición denunciaban que en diferentes medios ni queriendo comprar espacio para su publicidad se les otorgaba. Es decir, que fue útil para lograr que en diferentes canales de televisión y estaciones de radio no se les cancelara a los partidos opositores la posibilidad de hacer publicidad.
También en búsqueda de la ansiada y necesaria equidad en la contienda se estableció que solo los partidos podrían comprar publicidad electoral. Y por ello quedó prohibido que terceros pudieran irrumpir en ese terreno, lo que como todos sabemos fue vulnerado durante las campañas del 2006.
Como es fácil observar, esas normas legales fueron diseñadas precisamente para construir condiciones equitativas en la competencia, sin vulnerar la libertad de expresión.
De allá venimos y por eso esa normatividad fue necesaria. Quizá el motor principal de los cambios en el comportamiento de los medios no fueron las disposiciones legales, sino las nuevos fenómenos políticos (aunque ambas dimensiones se encuentran anudadas, una retroalimento a la otra), pero no cabe duda que las normas coadyuvaron a edificar la nueva realidad.
Compra de espacios en radio y televisión.
Pero luego, el malestar de (casi) los mismos actores se trasladó a otra norma.
La disposición constitucional que refrenda la prohibición para que se pueda comprar espacio en la radio y la televisión durante las campañas electorales, desató una interesante e inesperada (para mí) discusión. Diferentes organizaciones empresariales y un grupo de destacados intelectuales interpusieron distintos recursos de amparo ante tal mandato, bajo la premisa de que viola la libertad de expresión. Apenas el lunes 28 de marzo la Corte desechó el amparo por no considerarlo un medio adecuado para combatir una norma constitucional y no entró al fondo del asunto.
Pero lo que me interesa subrayar es que quienes interpusieron los amparos evadieron la cuestión fundamental que llevó a los legisladores a establecer esa veda de compra de publicidad: la búsqueda de equidad en la contienda electoral.
En México fuimos capaces primero de contar con pulcritud los votos y hasta después conseguimos construir condiciones medianamente equilibradas para el desarrollo de las elecciones. Luego de las competidas, tensas y críticas elecciones de 1988, donde fue claro que las instituciones y las reglas electorales tenían un sesgo faccioso, se creó el Instituto Federal Electoral, y en 1991 y 1994 se sumaron correctamente los sufragios y las impugnaciones en ese terreno resultaron marginales. No obstante, las condiciones en las que transcurrieron dichos comicios fueron marcadamente desiguales, inequitativas. Ese caldo de cultivo inyectaba altas dosis de molestia e irritación entre las fuerzas opositoras que con razón clamaban por un terreno de juego más parejo.
En 1996 esa fue la preocupación central del Congreso que diseñó una serie de normas tendientes a construir un campo más equilibrado. Subrayo la noción de “construir” porque si se hubiese dejado la contienda al simple ejercicio de la libertad de todos y cada uno de los adversarios aún tendríamos elecciones injustas, desequilibradas.
Se puede afirmar sin temor a exagerar que desde la Revolución hasta nuestros días, solamente en cinco elecciones federales han existido condiciones equitativas (1997, 2000, 2003, 2006 y 2009). Antes, uno de los participantes (el PRI), concentraba los recursos financieros y la cobertura en radio y televisión de sus campañas. Y fue necesario diseñar una batería de medidas (unas para apuntalar y otras para limitar) para edificar lo que es un requisito en una disputa democrática: una cierta equidad en la lucha. Esas condiciones no aparecieron como por arte de magia y tampoco fueron resultado del despliegue de las libertades y capacidades de los involucrados, sino que fueron posibles gracias a que desde la Constitución y la ley se incrementó el financiamiento a los partidos y se repartió de forma más equitativa, se diseñaron normas para que la cobertura de las campañas por parte de los medios masivos de comunicación fuera más pareja y se impidió que terceros pudieran irrumpir en las elecciones desequilibrando el terreno que tanto trabajo costaba emparejar.
Ese es el sentido de la norma. Y quienes la impugnan no deben (ya que si pueden) desplegar un discurso donde se defiende y apuntala un valor (el de la libertad de expresión) sin hacerse cargo de su necesaria conjunción con otro valor (el de la equidad en las elecciones). Porque es necesario insistir: no existe ningún valor, ningún derecho, que sea absoluto y no tenga restricciones. Y lo verdaderamente interesante y productivo en el mundo moderno es saber y poder articular valores positivos que en muchas ocasiones resultan contradictorios.
Imaginemos por un momento unos comicios en México en donde cualquiera pudiera comprar espacio en radio y televisión para hacer su propia campaña. Al final de la contienda ¿se podría hablar de una lucha nivelada y legítima?, ¿Quiénes se beneficiarían de esa posibilidad y qué tipo de elecciones serían?
Imaginemos que estamos en el año 2012. México se encuentra envuelto en una tensa contienda electoral. Millones de electores se preparan para ir a las urnas y elegir al Presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, tres gobernadores, al jefe de gobierno del D.F., diez congresos locales, centenares de ayuntamientos, la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del D.F. Tres o cuatro o siete candidatos a la presidencia, postulados por el PRI, PAN, PRD u otros, recorren el país en busca de votos. El IFE y los institutos electorales locales cuidan que todos los eslabones del proceso estén bien afinados: desde el padrón hasta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pasando por la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios en las casillas o la confección de las actas, boletas, urnas, y demás materiales necesarios para que el día de la elección se instalen 135 mil casillas. El Tribunal desahoga distintos recursos interpuestos por los partidos. Los medios intentan hacer una cobertura equilibrada, profesional y objetiva de los planteamientos de los candidatos. El IFE, mes a mes, entrega a los partidos el financiamiento público a que tienen derecho, establece los topes a los gastos de campaña y se esmera en hacer realidad el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación electrónicos. “Los partidos políticos –dice la Constitución- en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. De tal suerte que será a través de los tiempos de Estado que podrán difundir sus mensajes.
Ahora bien, supongamos siguiendo este ejercicio de (poca) imaginación, que un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir.
Es por ello que la propia Constitución establece: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. Su sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad.
Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el COFIPE, pero que como fue violada durante el proceso electoral del 2006, el legislador juzgó necesario elevarla a rango constitucional.
Se entiende –aunque no se justifica- que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esa disposición (y también por la que impide a los partidos comprar tiempos en esos medios de comunicación), porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.
Spotización
No obstante, es justo y necesario reconocerlo, el nuevo modelo de acceso a la radio y la televisión tuvo una derivación perversa. La llamada “spotización”. Dado que la fórmula a través de la cual los partidos y los candidatos hicieron campaña suponía la explotación de espacios del tiempo del Estado de unas cuantas decenas de segundos, lo que tuvimos fue un alud de mensajes breves que abrumó a buena parte de la audiencia.
Y no solo eso: por sus propias características, esos mensajes tienden a simplificar la oferta política, a frivolizar el debate, a comprimir en una frase o un gesto, lo que debe ser una propuesta sofisticada.
Si ello es así, creo que el modelo requiere ajustes. Manteniendo las normas que prohíben la compra de publicidad en radio y televisión a los partidos, candidatos y terceros, el tiempo oficial dedicado a las campañas debería dividirse en una pequeña franja para “spots”, pero lo fundamental debería tener un formato de debate entre candidatos y de programas unitarios de cada uno de los partidos políticos.
Por ello, ocho ciudadanos enviamos a la Cámara de Senadores una carta en la que sosteníamos que : “En el año de 2007 el Congreso realizó una importante reforma en materia electoral. Construyó un nuevo modelo de comunicación política durante las campañas. No obstante, todos pudimos observar en las campañas federales de 2009 que la mencionada reforma tuvo una derivación que nos parece perniciosa: la llamada “spotización” de la propaganda electoral. Distribuido el tiempo de radio y televisión en pequeños segmentos de 20 y 30 segundos la publicidad tendió a parecerse más a la de tipo comercial que a la deseable comunicación política. Se adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en “comerciales” y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases “ocurrentes”.
“Por tal motivo creemos que antes de que inicie el próximo proceso electoral, sería conveniente que el Congreso de la Unión ajustara ese aspecto de la reforma del 2007 para abrir la posibilidad de que los tiempos del Estado al que tienen derecho los partidos, fuera distribuido de tal manera que se fomentaran los programas de debate entre ellos y espacios unitarios en los que cada partido pudiese exponer sus tesis, sus análisis y sus propuestas. Por supuesto podría mantenerse una pequeña franja de “spots”, pero lo medular sería utilizar las posibilidades que abren los grandes medios de comunicación masiva para intentar inyectarle un mayor sentido al debate electoral”.
Apareció en el libro coordinado por Raúl Trejo Delarbre y Aimée Vega Montiel. Diversidad y calidad para los medios de comunicación. AMEDI. 2011.