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El debate público

INE: la responsabilidad compartida

Ciro Murayama

El Universal

23/02/2015

Siete de diez partidos políticos nacionales abandonaron la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado miércoles. El detonante fue la decisión (en una votación dividida de seis votos contra cinco de los consejeros electorales) de posponer la discusión y eventual aprobación de dos asuntos.

El primero se refería a la obligada imparcialidad que deben guardar todos los gobiernos en el proceso electoral en curso, y el segundo sobre el no uso de frases alusivas a las administraciones en turno para la entrega de programas sociales, así como la especificación de que los mismos deben cumplir con lo establecido en la ley de desarrollo social. Se trata de asuntos que tienen que ver con asegurar equidad en la contienda. Mi voto fue a favor de dar la discusión desde la semana pasada y apoyaré los proyectos en la sesión del miércoles 25 donde serán discutidos y votados.

Los partidos que abandonaron la sesión, han manifestado que lo hicieron no sólo por la posposición de los dos temas, sino por un desacuerdo mayor ante distintas decisiones del INE. La autoridad electoral debe considerar con toda seriedad las razones de los partidos inconformes, sin que ello implique plegarse sin más a esos argumentos. Se vuelve a cuestionar la designación de los consejeros de los Organismos Públicos Locales, que hizo el INE en septiembre pasado, por una supuesta imposición de un bloque de consejeros sobre el resto. He argumentado que en la designación de 18 consejos, en la que participamos los once consejeros del INE, emitimos 198 votos y de ellos sólo 7 fueron en contra. Es decir, alcanzamos la unanimidad en el 96.5% de las designaciones, lo que evidencia que no hubo imposición alguna.

Otro asunto que molesta a los siete partidos son las decisiones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE frente a distintas campañas de publicidad del Partido Verde. Desde el año pasado se registraron distintas quejas contra esa campaña, y en diciembre el Tribunal Electoral consideró ilegal la difusión de anuncios en radio y TV de legisladores del Verde que, según su dicho, informaban de sus tareas legislativas. El 31 de diciembre, la Comisión de Quejas decretó una medida cautelar para que el PVEM retirara de forma inmediata su campaña en cines. Esa orden no se acató y por ello en los próximos días el Consejo General del INE resolverá un procedimiento iniciado de manera oficiosa por la Unidad Técnica de lo Contencioso, sobre la conducta del Partido Verde y las cadenas de cines.

El proceso electoral se da en condiciones inéditas, en medio de una crisis de legitimidad del conjunto de las instituciones públicas y hartazgo ciudadano. A la autoridad electoral y a los partidos corresponde la más responsable de las actuaciones. Los consejeros electorales debemos acreditar en cada votación y argumentación nuestra autonomía, equidistancia respecto a todos los actores políticos e independencia y determinación frente a los poderes fácticos. Los partidos deben exigir y vigilar a la autoridad, no vulnerarla, y tienen que cumplir con la ley sin tratar de obtener ventajas electorales ilegítimas. Ni el INE ni los partidos deben ser quienes siembren más desconfianza e inquietud. Y los gobiernos, comenzando por el federal, deben de abandonar toda pretensión de injerencia en las campañas y en la decisión de la gente. Es la hora de la responsabilidad compartida, de conductas mesuradas, no de la piromanía política.