Construcción de un país sin memoria

Las razones son muchas:  la falta de profesionalismo en la gestión documental, el anquilosamiento de las normas que restringen las definiciones documentales al papel; burocracias paralizadas frente a los retos de la migración tecnológica que ignoraron la importancia de los documentos electrónicos; grave menosprecio por los archivos que están convertidos en bodegas sucias y desordenadas. No es exageración decir que en el cuarto del archivo se arrumban hasta los adornos navideños.

Por lustros hemos discutido la necesidad de modernizar el marco normativo. Aparentemente se partía del acuerdo de fortalecer al Archivo General de la Nación para que pudiera garantizar de manera efectiva la conservación de la memoria histórica, parte esencial de nuestro patrimonio.

Al aprobarse la reforma constitucional en materia de transparencia (febrero de 2014) los legisladores estaban obligados a aprobar la Ley General de Archivos. Con enorme retraso la secretaría presentó un proyecto muy cuestionable. El lunes pasado se hicieron comparecencias en el Senado, la sociedad civil ha advertido de muchos y graves problemas.

El proyecto propone debilitar al Archivo General de la Nación. En términos jurídicos, el proyecto disminuye la autonomía del AGN con respecto a la Secretaría de Gobernación; en términos económicos, el presupuesto de 2017 lo castiga severamente al punto de poner en riesgo su operación.

Se propicia con esto un peligroso círculo vicioso, se restringen los recursos económicos para la labor de organización, valoración y depuración archivística y, al mismo tiempo, se establece en el transitorio décimo cuarto, por cierto pésimamente mal redactado, limitar el acceso a archivos que no estén previamente depurados. No es difícil darse cuenta de que dos más dos suman cuatro. La ley propiciará una virtual parálisis a la consulta de los archivos, será imposible escribir la historia de este país porque la ley que debería preservar las fuentes acabará por destruirlas o inutilizarlas. Los archivos no depurados en dos años podrán destruirse.

Se propone la balcanización de los archivos históricos, el proyecto de ley transfiere a cada dependencia o entidad la responsabilidad de su propio archivo histórico sin garantizarles recursos económicos y humanos. Un grupo, que la ley menciona como interdisciplinario, que en realidad es interdepartamental o “pluriburocrático”, estará a cargo de la administración de los archivos. El problema es de fondo, se reduce la labor archivística a un problema administrativo y se niega de facto la importancia de los historiadores y profesionales de la gestión y valoración documental.

No conformes con este obtuso diseño, la ley entrega el control político de la política archivística del país a la Secretaría de Gobernación. Este sexenio será conocido, para bien y para mal, como la época dorada de los sistemas nacionales. En materia de archivos no podía faltar el propio. Encabeza este sistema el Consejo Nacional de Archivos que queda en manos de esta secretaría y está diseñado con criterios políticos y no técnicos.

Nada más preocupante que una mala comprensión de la normatividad de protección de datos personales. La protección a la privacidad no puede convertirse en pretexto de censura. La ley parece hecha para el revisionismo histórico y el acomodo de la “verdad” a los caprichos de la Secretaría de Gobernación.

Los personajes que a través de un documento arriban a un archivo histórico deben tener un tratamiento completamente distinto que el planteado en las leyes de protección de datos personales. Una cosa es proteger la irresponsable circulación de bases de datos en internet y otra muy distinta anonimizar la historia.  En la historia se registran personas con nombres, apellidos y circunstancias, si esto no es accesible al público, estamos expulsándolos de la memoria colectiva. Censurar la historia sólo es propio de gobiernos autoritarios.