José Woldenberg
El Universal
20/04/2021
¿Qué sucede cuando los preceptos constitucionales son incapaces de regular y limitar a los poderes de la República? ¿Cuándo éstos creen que son omnipotentes? ¿Cuándo ante mandatos claros y explícitos actúan como si éstos no existieran? ¿Cuándo se comportan como si la llamada Carta Magna fuera un estorbo para sus ocurrencias? La respuesta es simple y alarmante: empezamos a rodar en una pendiente hacia el autoritarismo.
Ojalá esté equivocado. Pero lo que estamos viendo no puede pasarse por alto y menos aún podemos cerrar los ojos o autoengañarnos con la retahíla de que no pasa nada. El lujo del beneficio de la duda hacia la actual administración se está agotando o ya se agotó. La última evidencia nos dice de manera contundente que la Constitución no significa nada para la coalición gobernante. Y quien no vea el peligro es o se hace el ciego o por supuesto es beneficiario de lo que está sucediendo.
El Senado de la República —como se sabe— amplió el período como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Arturo Zaldívar y además el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Sin ninguna facultad para ello, un poder (el Legislativo) invade competencias otro (Judicial), y convierte a las disposiciones constitucionales en papel mojado.
El artículo 97 constitucional no requiere de interpretación alguna. Dice textualmente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte…, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. En su torpe y abusiva jugada, el Senado viola tres dictados fundamentales: el presidente sólo puede durar cuatro años, no se permite la reelección y quien lo nombra es el pleno de los ministros de la propia Corte. El Senado no solo ejerció facultades que se dio a sí mismo, sino que además usurpó la de los ministros de la Corte, único capacitados por la Constitución para elegir a “su” presidente.
Y algo similar, pero afectando a más instituciones, hizo con el Consejo de la Judicatura, al ampliar también su periodo, porque sus integrantes tienen diferentes fuentes de nombramiento: la Corte, el Presidente y el propio Senado. Pues bien, éste último les alargó su encargo, como si el Senado pudiese hacer y deshacer a su gusto. ¿Un día amaneceremos con la noticia de que el presidente nombró a la mesa directiva de la Cámara de Diputados? ¿O que a ésta última se le antojó nombrar al secretario de salud? Como si esos poderes constitucionales pudieran hacer lo que se les antoje.
Se trata de una clara intromisión de una Cámara del Legislativo en el Judicial que dinamita la idea de la división de poderes y vulnera el orden constitucional, que al día siguiente fue avalada por el presidente de la República. Sin embargo, llama poderosamente la atención el silencio lúgubre de los ministros (los más afectados), el pasmo de la Corte, la falta de una reacción, como si viviéramos los tiempos de aquella presidencia a la que nadie podía decir que no.
Lo que está en juego es mucho. ¿México será una república democrática o una “república del capricho”? El régimen político de nuestro país se está transformando ante nuestros ojos: de una germinal y si se quiere feúcha democracia en un régimen autoritario, unipersonal, porque muchos de los contrapesos diseñados para dividir el poder se están doblegando. ¿Cómo se llamaba aquella película? Peligro inminente.