Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
19/04/2021
El ministro presidente de la Suprema Corte tiene cuenta en Twitter desde diciembre de 2014. En esos 76 meses ha enviado 2372 tuits. En promedio el ministro Arturo Zaldívar coloca, o reenvía, un mensaje en Twitter cada día. Sin embargo sus 190 mil seguidores no encontraron, al menos durante varios días, una reacción suya, clara y tajante, a la inesperada decisión del Senado para que su gestión se prolongue dos años más del plazo que establece la Constitución.
El Senado sorprendió a todos, incluso a no pocos de sus integrantes, cuando la tarde del jueves 15 de abril aprobó un artículo transitorio en el decreto que reúne las reformas para el funcionamiento del Poder Judicial. En vez de que Zaldívar concluya su responsabilidad al frente de la Corte el 31 de diciembre de 2022, ahora lo haría el 30 de noviembre de 2024.
En unos minutos el Senado tomó una decisión anticonstitucional, que se entromete en atribuciones del Poder Judicial y que colocó al presidente de la Corte en un dilema que, por lo menos varios días después, él no quiso aclarar.
El artículo 97 de la Constitución establece entre otras reglas para el funcionamiento del máximo organismo del Poder Judicial: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Es clarísimo que esa gestión dura cuatro años y ni un día más, que no hay reelección inmediata y que la decisión la toman los once ministros de la Corte y nadie más. El transitorio que aprobó el Senado también amplía, de 5 a 7 años, la gestión de otros integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en contravención al artículo 100 de la Constitución.
Zaldívar, como tanto se ha recordado en los días recientes, en 2016 se opuso a extender la gestión de varios magistrados del Tribunal Federal Electoral (finalmente aprobada por la Corte) y hace menos de un año argumentó y votó en contra de la pretensión del gobernador de Baja California para ampliar su mandato a cinco años en vez de los dos para los que fue electo. Por congruencia con esas posiciones pero antes que nada para evitar un atentado a la Constitución y para que no se deterioren la respetabilidad y el prestigio de la Corte que encabeza, el ministro Zaldívar podría haber dicho, tan sólo con una línea en Twitter, que no aceptaría la prórroga.
El ministro presidente sólo reenvió un comunicado del Consejo de la Judicatura que asegura que el transitorio no formó parte de los proyectos de ley que el Poder Judicial revisó durante los meses anteriores. Ese artículo, “no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”. El Comunicado no dice que el transitorio no hubiera sido conocido por integrantes del Consejo de la Judicatura cuyo presidente es el presidente de la Corte. Es decir, el ministro Zaldívar.
El Consejo de la Judicatura comunicó que opinaría sobre el transitorio cuando el procedimiento legislativo haya seguido “su curso”, es decir, cuando la Cámara de Diputados resuelva sobre él. Habría sido más sencillo hacerlo antes y señalar la inconstitucionalidad de esa norma pero las indefiniciones del Consejo, y de su presidente el ministro Zaldívar, no hicieron más que acicatear las preocupaciones sobre una operación ilegítima para imponerlo dos años más al frente de la Corte. La especulación fue inevitable, sobre todo después de la irregular aprobación del multicitado transitorio.
La sesión del Senado el jueves 15 de abril comenzó a las 11.39. Estaban a discusión las leyes que conforman la reforma del poder judicial, cuyas insuficiencias subrayaron algunos senadores de oposición. Aunque objetaron contenidos particulares la mayor parte de los legisladores, de todos los partidos, respaldó esas reformas.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación recibió 94 votos a favor y 19 en contra. La Ley de Carrera del Poder Judicial, 105 a favor y 8 en contra. Así se aprobaron también reformas a las leyes de Trabajadores al Servicio del Estado, de Defensoría Pública y de Amparo.
A las 16 horas con 15 minutos el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Óscar Eduardo Ramírez, de Morena, informó que el senador Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, proponía añadir al proyecto de decreto un artículo transitorio. La secretaria Eunice Romo, también de Morena, leyó la propuesta. Para “implementar la reforma al poder judicial… la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, durará en el encargo hasta el 30 de noviembre del 2024”. Luego se indican las ampliaciones del plazo para otros 5 de los 7 consejeros de la Judicatura.
La breve propuesta no ofrece un solo argumento. No explica en qué beneficia a la reforma judicial la permanencia del presidente de la Corte y otros miembros del Consejo más allá del plazo para el que fueron designados.
Ese transitorio no estaba en los proyectos discutidos durante meses tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo. Tampoco se encontraba en la Gaceta del Senado. Muchos senadores, desprevenidos, no entendieron de qué se trataba aunque la secretaria leyó la propuesta.
Nadie se inscribió para discutirla. A las 4 de la tarde con 19 minutos comenzó la votación nominal. La mayor parte de los senadores estaba a distancia, conectados por Zoom en una transmisión con fallas técnicas.
A las 16.22 el senador Dante Delgado, presente en el salón de sesiones, comenzó a gritar y manotear desde su escaño. Todavía en votación Juan Zepeda, también de Movimiento Ciudadano, intentó tomar la palabra. A las 16.32 la secretaria, Eunice Romo, anunció: “Se emitieron 109 votos. 80 a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones”.
La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, se paseaba frente al presidium con un improvisado letrero: “No sean gandallas”. Zepeda fue admitido por fin en la tribuna para coincidir: “Es indignante la forma en que hoy se está agandallando el orden constitucional… El presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial, están violando la Constitución”. El presidente y la secretaria de la mesa directiva rechazaron haber incumplido el reglamento. “Si el compañero senador no está en el pleno y no está siguiendo la sesión, no es culpa mía” dijo Romo.
Dante Delgado consideró que acaba de ocurrir un “ejercicio totalmente opaco, sin discusión previa y producto de un contubernio, hay que subrayarlo, contubernio entre el ciudadano presidente de la República, que no tuvo los pantalones de poner en la iniciativa, que hizo propia el presidente de la Corte, este artículo adicional en los transitorios… Por decoro, por dignidad, exijo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no acepte esta aberración jurídica”.
Claudia Ruiz Massieu, a nombre del grupo del PRI, denunció que la propuesta de transitorio no estaba en el sistema de información de los senadores cuando la leyó la secretaria y dijo que algunos querían modificar su voto. Damián Zepeda, de Acción Nacional, consideró que se trataba de “un golpe de Estado al Poder Judicial”. Xóchitl Gálvez confirmó: “claro que no estaba publicado, claro que lo hicieron a escondidas, claro que sabían que era indebido”.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió el procedimiento y dijo que los inconformes podrían impugnarlo legalmente pero se negó a que la votación se repitiera. Ofreció una negociación política sobre esa decisión pero no dijo en qué términos.
La Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, entre otras agrupaciones y especialistas en Derecho, consideraron anticonstitucional la ampliación en el periodo del presidente de la Corte. El viernes por la mañana el presidente López Obrador dijo que está de acuerdo con esa extensión de dos años. “Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro”, dijo refiriéndose al ministro Zaldívar.
Esa integridad les da esperanza a algunos y se encuentra a prueba. La experimentada periodista Ivonne Melgar publicó el sábado en su columna en Excélsior que el transitorio propuesto por el senador Bolaños Cacho, del PVEM, fue iniciativa del jefe de los senadores de ese partido, Manuel Velasco, quien la consultó con Ricardo Monreal. Además: “Existe la versión, sin confirmar, de que igualmente el ministro Arturo Zaldívar estaba enterado de la extensión de su mandato como presidente del Poder Judicial”.
El sábado Leticia Robles de la Rosa, reportera del mismo diario, informó en su cuenta de Twitter que hubo “una mesa de trabajo con el presidente de la Corte” de la que fueron excluidos senadores de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Según esa versión el transitorio fue conocido al menos por “un priista y un perredista”·
El presidente del PAN, Marko Cortés, se sumó a las numerosas voces que pidieron al ministro Zaldívar que rechazara el transitorio, es una “manzana envenenada”. Por lo pronto esa manzana desvirtuó los beneficios que pudiera tener la reforma judicial y ha exhibido la ilegalidad de Morena y el descuido, así como en otros casos la complicidad, de senadores de varios partidos con una maniobra anticonstitucional. Es una manzana podrida ante la cual el silencio del presidente de la Corte ha sido ominoso.