Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
18/02/2016
Por fin terminó el atiborramiento de beatería hipócrita, que mostró a los políticos mexicanos de todos los signos genuflexos ante el Papa, prosternados ante un líder religioso en total violación de la laicidad del Estado mexicano. Casi una semana de afrentas a la ciudadanía con cierres arbitrarios del tráfico y despliegues exagerados de sumisión, falsa devoción y demagogia a borbotones. Seis días de suspensión del debate sustantivo, con la televisión y los periódicos dedicados a narrar cada gesto papal y a esperar cada palabra como si de la verdad revelada se tratara. Patético espectáculo al que fuimos sometidos a la fuerza. Ahora volvamos a lo importante.
Volvamos a discutir sobre corrupción, violencia, desaparecidos, devaluación, magro crecimiento. A ver si después del despliegue de la pobreza como escenario para la representación de misericordia, retomamos la discusión seria de la desigualdad y los privilegios más allá del regaño santurrón del jesuita encumbrado. Continuemos con el debate de la política de drogas como un tema urgente de la agenda nacional, sobre el que es indispensable comenzar a hacer cambios, ante el evidente fracaso del prohibicionismo como política de Estado.
Mientras el circo itinerante del Papa recorría el país, en el Congreso continuaron las audiencias públicas sobre la regulación de mariguana, espacio donde se está dando el debate concreto, a diferencia de las generalidades presentadas en los foros a los que convocó el gobierno. En la discusión del legislativo, concluida ayer, se pusieron ya sobre la mesa los términos de una regulación posible de la cannabis, tanto para uso personal como para desarrollar sus potencialidades terapéuticas.
La regulación de la mariguana es ya un imperativo, no sólo porque la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de su prohibición absoluta, sino porque se trataría del primer paso para comenzar a construir una política de drogas basada en la evidencia, que corrija los graves errores cometidos en nombre de la salud pública con la prohibición: una política contraproducente que contribuyó a fortalecer a los delincuentes, exacerbó la violencia, ha perjudicado la salud de los usuarios de sustancias y ha impactado sobre la esperanza de vida de los jóvenes mexicanos de manera más contundente que cualquier enfermedad.
La discusión debe estar centrada en cómo regular hoy la primera de las substancias a substraer de la prohibición. ¿Cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con las nuevas reglas? En primer lugar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte, la nueva legislación debe reconocer los derechos de los usuarios y protegerlos. Es hora de sustraer a los usuarios del ámbito de la criminalidad, no sólo porque se les deje de considerar delincuentes, sino porque no tengan que tratar con delincuentes para proveerse de la sustancia.
En segundo término, una buena regulación debe fijarse como objetivo quitarle el negocio de la mariguana al crimen organizado. Para ello es indispensable crear un marco regulatorio que reduzca al mínimo los incentivos para mantener el mercado negro. Un mercado regulado de la mariguana haría que ésta dejara de ser negocio para los especialistas en mercados clandestinos y les quitaría una fuente importante de ingresos, lo cual los debilitaría. La regulación de la mariguana no acabaría con el narcotráfico ni con la violencia, pero sí sería un golpe importante para reducir los recursos con los que hoy los carteles reclutan y compran armas para mantener sus ejércitos. No es una varita mágica, sino una política pública con objetivos precisos que deberán ser evaluados en la medida en la que se vaya ejecutando.
La regulación de la cannabis no puede basarse en la simple creación de un mercado legal competitivo, pues no se trata de una mercancía cualquiera. Está claro que no es una sustancia inocua, que si bien su peligrosidad relativa es más baja que la del tabaco o el alcohol, la mala experiencia que se tiene con estas dos substancias hace indispensable un modelo regulatorio que restrinja eficazmente los intereses mercantiles de productores y vendedores. Ya hay experiencias suficientes como para comparar diversos escenarios, a pesar de lo reciente de los casos.
En los estados de Washington y Colorado, por ejemplo, se han desarrollado dos modelos distintos de mercado. En el primero, se estableció un sistema de impuestos altos de partida y condiciones estrictas para otorgar las licencias para producir y expender la mariguana. El resultado ha sido poco eficaz para reducir el mercado negro, pues sólo el 30 por ciento del consumo se hace a través de la red legal. En Colorado, en cambio, los impuestos han sido más bajos y los requisitos para obtener licencias de producción y venta mucho más leves, y la mariguana legal ha resultado competitiva frente al mercado negro, al grado de que el 70% del mercado lo manejan ya los establecimientos formales, mientras que el resto ha pasado a ser un mercado gris, con mariguana producida legalmente por cultivadores domésticos, pero vendida ilegalmente; en la medida en la que la producción, la posesión y el consumo han dejado de ser delitos, ese mercado gris implica ya sólo un delito de mercado y la violencia relacionada con la mariguana ha desaparecido.
Empero, el modelo mercantil de Colorado tiene problemas serios, si de lo que se trata es de mantener controles eficaces para evitar un crecimiento del consumo y el aumento de los problemas de salud asociados. La aparición de empresas con fuertes ganancias ha generado actores con poder suficiente de influencia como para capturar al regulador y hacer laxas las normas de control. No parece un buen modelo para seguir en México.
La regulación mexicana de la cannabis debería adoptar el sentido general de la del Uruguay, donde los que se ha creado es un mercado controlado por el Estado sin margen de lucro para los privados, con elementos tomados de la experiencia de los clubes cannábicos españoles. En México deberíamos transitar hacia la legalización plena del cultivo personal, como ha fallado la Suprema Corte, la regulación de los clubes como cooperativas de consumidores que se organizan para cultivar en conjunto su mariguana y un monopsonio estatal que compre la producción de los campesinos para sustraerlos del control de los cárteles, fije estándares de calidad tanto para el consumo personal como para usos farmacéuticos, médicos y terapéuticos, empaque y etiquete sin características comerciales y con criterios de seguridad y distribuya a los puntos de venta controlados. La regulación prohibiría cualquier publicidad vinculada a la cannabis y establecería medidas para alejar a los menores del consumo.
Los términos de la regulación posible están sobre la mesa. Ahora toca legislar.