Ricardo Becerra
La Crónica
28/12/2021
Resulta imposible distraer este espacio hacia otros temas propios de la temporada. Ya saben, año nuevo, navidad, el balance de lo hecho y deshecho cursados 365 días. Pero el frenesí autoritario en México no cesa de crecer, de profundizar su daño y ahora también, de multiplicar sus recursos para intimidar.
De modo que el presidente de la república y su coalición parlamentaria, están cerrando el año con toda su artillería dirigida, en todos los terrenos que le son posibles, contra el Instituto Nacional Electoral (INE), y especialmente contra seis consejeras y consejeros impugnándolos en el Tribunal Electoral (se vale), controvirtiéndolos en la Suprema Corte (se vale), acusándolos administrativamente ante la Contraloría Interna (esto ya no es lógico) y, finalmente, amedrentándolos con una acusación penal y cárcel (definitivamente, esto no se vale).
Es tal la animadversión contra el INE que gobierno y su partido han traspasado un límite que en más de 30 años, no había sufrido nunca la autoridad electoral mexicana. Insisto, estamos hablando de una solicitud de prisión, ya no a disidentes u oponentes políticos, sino prisión a funcionarios que sencillamente, piden recursos suficientes para hacer bien su trabajo: organizar una elección nacional con las mismas exigencias y las mismas garantías que cualquier otra.
Ninguna otra crisis en más de tres décadas de existencia, había sido llevada al terreno penal por ninguno de los actores del teatro político mexicano. Ni durante la presidencia de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, nadie se atrevió a una acción tan aberrante y fuera de todo paradigma, pues las cuestiones polémicas sobre política electoral se resuelven en el Tribunal Electoral, incluso en la Suprema Corte, pero nunca con los pies en el ministerio público, con un fiscal sobre el cuello o en el reclusorio.
Bien visto, este es un acto que va más allá, incluso, del instinto autoritario (la voluntad de concentrar el poder en el líder) y nos enfila en una pendiente propiamente tiránica (ignorar las fronteras institucionales, es decir, ignorar la ley y sus cauces).
Ece Temelkuran ve aquí un paso decisivo para perder un país. En el año 2010, cuenta nuestra autora, con el presidente Erdogán en la cima de su popularidad, un puñado de jueces turcos fueron llevados a prisión acusados de tomar decisiones “que lesionan la identidad profunda del pueblo” (habían aprobado el uso libre del velo islámico, para libertad de las mujeres en Estambul. Véase Cómo perder un país, Anagrama, 2019).
Importan los motivos, pero importa más señalar que se trata de un paso que suelen dar ese tipo de gobiernos para lanzar una amenaza difusa y penetrante: ándense con cuidado, todos aquellos que se toman en serio su autonomía, su papel de contrapeso y quienes deben emitir un juicio independiente… ténganos miedo.
Así terminamos 2021. El presidente de la Cámara de Diputados ha sido instruido por el verdadero líder de Morena, para acusar de la comisión de un delito a seis consejeros electorales del INE. Como en su momento Félix Salgado Macedonio echó mano de amenazas personales, en este caso, tampoco hay precedentes. Y la pendiente se agudiza.
Nos estamos sumiendo en una locura despótica; había que dejar constancia en estas páginas.
Suerte a todas, a todos ustedes en el 2022. La vamos a necesitar.