Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
21/06/2021
Ridícula y riesgosa, la “consulta popular” del 1 de agosto será un demagógico engaño. De esa simulación sólo podría beneficiarse la propaganda del presidente López Obrador. Ni la justicia, ni los ciudadanos, ganan nada con esa votación.
El gobierno miente cuando afirma que esa consulta servirá para enjuiciar a cinco expresidentes mexicanos. La pregunta sometida a consulta es un vergonzoso galimatías y no menciona a persona alguna. Para castigar delitos de funcionarios, anteriores o actuales, no se requiere de una votación. Si el presidente tiene evidencias de acciones ilícitas cometidas en gobiernos anteriores, su obligación es presentarlas a las autoridades judiciales. La consulta no es para hacer justicia sino para hacer propaganda.
El discurso de López Obrador pone en el centro la descalificación y la persecución al menos retórica de los gobiernos anteriores. Para promover la ficción de que nos encontramos en una nueva etapa, desacredita a los presidentes que le antecedieron porque su propia administración no tiene logros de los que pueda ufanarse. El presidente y su partido apuestan por los artificios publicitarios. Para eso es la consulta del 1 de agosto.
López Obrador quería que la consulta fuera solicitada por ciudadanos pero no lo consiguió. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución una consulta popular pueden proponerla el presidente de la República, el 33% de los diputados o los senadores o al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
En año pasado el presidente instruyó a Morena para organizar la recolección de adhesiones a esa consulta. Como la lista de electores era de 91.2 millones de personas, los solicitantes tenían que ser al menos un millón 825 mil ciudadanos. Morena emprendió una campaña nacional y la entonces secretaria general de ese partido, Yeidckol Polevnsky, entregó varias cajas con listas que, según López Obrador, incluían más de dos millones de firmas.
Morena solamente reunió 69 mil 254 firmas. El Instituto Nacional Electoral tuvo la obligación de revisarlas y encontró que, de los nombres allí inventariados, solamente estaban registrados como electores 55 mil 930. Es decir, los promotores de esa consulta solamente recabaron las firmas de 0.06% de los electores, 31 veces menos de las que hacían falta. El INE además hizo inspecciones domiciliarias a las personas seleccionadas en una muestra de las firmas entregadas y encontró que el 32% de los ciudadanos, así visitados, dijo que no había firmado para esa consulta.
Fracasada la consulta a partir de firmas de ciudadanos, López Obrador solicitó él mismo la consulta popular. Presentó esa petición al Senado, el cual la turnó a la Suprema Corte que, siempre de acuerdo con el 35 constitucional, debe resolver si la consulta que se pide es constitucional.
La pregunta propuesta por López Obrador era la siguiente:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
En su solicitud el presidente dijo que esos ex presidentes cometieron “acciones presuntamente delictivas” pero no aportó pruebas que sustentaran tal suposición. El 1 de octubre de 2020 seis ministros de la Corte aprobaron la constitucionalidad de esa consulta y cinco más la rechazaron. Los ministros que se oponían dijeron, entre otras cosas, que no se puede someter a votación popular la protección de los derechos humanos ni la aplicación de la justicia.
Aunque aprobó la consulta, la Corte modificó la pregunta del presidente. La nueva redacción omite nombres y es confusa. La pregunta quedó así:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?.
Esa es la pregunta que será motivo de consulta el 1 de agosto. López Obrador quería que la consulta fuera el 6 de junio, en coincidencia con la elección federal, pero la Constitución indica que debe ser el primer domingo de agosto.
Los ciudadanos que acudan tendrán que responder sí o no a esa oscura pregunta. Es difícil que haya quienes consideren que no se debe hacer justicia. Pero esa pregunta es tan vaga que “los actores políticos” de “los años pasados” pueden ser todos o ninguno. Aunque algunos pensarán en ex gobernantes, esa formulación incluye al actual presidente. O se puede suponer, entre tantos otros casos, que la pregunta serviría para sancionar a los culpables de la tragedia en el metro.
La consulta la debe organizar el INE, aunque el Congreso no le proveyó de recursos para esa tarea. Se trata de un ejercicio inútil y sus resultados sólo serán vinculatorios “para las autoridades competentes” si en ella participa más del 40% de los ciudadanos registrados en la lista de electores, que ahora es de 94 millones. Es decir, para que tenga alguna validez formal es necesario que a esa consulta acudan 37.6 millones de ciudadanos.
La justicia no debe depender de ninguna votación. Participar en esa consulta únicamente servirá para legitimarla. Lo mejor será hacerle el vacío.