Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada
05/11/2015
paquetepresupuestal elaborado por Hacienda, justo cuando en el escenario sobrevuela, por primera vez en muchos años, el fantasma de los recortes en áreas cruciales de la economía. Se trata de alternativas puntuales, posibles, de ideas acordadas en un marco plural de exigencias ciudadanas descontentas con el curso que lleva el país. Textualmente, los autores del pronunciamiento creen posible realizar ajustes para evitar que la distribución de los recursos presupuestarios acentúe aún más la desigualdad y la pobreza, que sin duda son
la fuente de la que emanan muchos otros lastres y deformaciones del presente mexicano. Para revertir esa tendencia, Acción Ciudadana frente a la Pobreza plantea modificaciones en seis puntos claves del presupuesto, de modo que este paso sea el comienzo de otras formas de actuación y de relación del poder con y ante la sociedad, cuyo malestar e insatisfacción es un dato objetivo de nuestra realidad. La pluralidad y la calidad técnica del pronunciamiento adoptado por consenso es una prueba de cómo en la sociedad madura, a contrapelo de las tesis ortodoxas, una visión a favor de la equidad y la justicia es capaz de fortalecer un orden realmente democrático. Es, pues, un planteamiento político surgido de la sociedad que el gobierno y las fuerzas políticas deben tomar en cuenta (véase reseña de Enrique Méndez y Roberto Garduño enLa Jornada de ayer).
Enumeradas muy rápidamente, las propuestas incluyen: 1) la necesidad de establecer sin dilación un padrón único y abierto de beneficiarios de los programas sociales, a fin de superar el uso clientelar, electoral, que hoy los deforma. 2) Liberar ya el salario mínimo y cambiar el modo como se decreta cada año, exigiendo que para 2018 éste se fije por encima de 87.35 pesos. 3) Invertir en salud y educación la ganancia cambiaria o, dicho en otras palabras, rectificar la disposición que autoriza al Banco de México a destinar 100 por ciento de las ganancias por la venta de dólares al pago anticipado de deuda para destinar una parte a salud y educación. 4) Reducir las prerrogativas de los actores políticos y destinar esos recursos a programas de impacto social, adicionando al artículo 17 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación la estricta prohibición de pagos extraordinarios de cualquier índole a los mandos superiores de todas las entidades de gobierno y públicas y otras medidas semejantes. Asimismo, para ajustar el financiamiento público a los partidos se plantea la reforma el artículo 41, fracción II, inciso A de la Constitución, pues esa es la vía que corresponde y a la que abajo me referiré. 5) Garantizar el derecho a la salud para todos (universal), fijando un plazo de tres años para atender a los 20 millones de compatriotas que aún carecen de dichos servicios. Y, por último, pero muy importante, 6) concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción, pues sin hacerlas efectivas no habrá solución posible al atraso y el estancamiento si se mantiene el derroche y la impunidad.
Todas las propuestas se entrelazan pero no se trata de un programa máximo sino de hacer cambios al presupuesto que impidan, por lo pronto, y no es poco, que los anunciados recortes afecten áreas vitales como la salud o la educación universitaria. Expresan la convicción moral de una parte de la sociedad que se siente agraviada y no escuchada, cuando es capaz de ofrecer soluciones realistas a problemas que parecen intocables. Justo es decir que la comisión legislativa encargada de recibir oficialmente el documento aceptó con beneplácito el texto y algunos diputados expresaron significativas coincidencias, a sabiendas de que en la Cámara es fácil que del plato a la boca se caiga la sopa. Es obvio que la postura del Ejecutivo será decisiva.
Por lo demás, algunos temas involucran a los propios partidos, en particular la exigencia de reducir significativamente las prerrogativas que reciben del Estado (un diputado, por ejemplo, hace poco pidió bajarlas en el presupuesto a la mitad), sin advertir que ni el Legislativo ni la autoridad electoral pueden hacerlo si antes no se reforma el artículo 41, fracción II, inciso A, de la Constitución, que contiene la fórmula para definir el monto del financiamiento público que por ley reciben. Los autores del documento coinciden en hacer esa reforma para que el monto se fije multiplicando la nueva unidad de medición que sustituya al salario mínimo por el número total de votos válidos de la elección anterior y no a partir del número de electores contenidos en el padrón electoral como ocurre ahora. Eso cambiaría la tendencia actual, aunque tampoco calmaría a quienes piden, siguiendo el modelo estadunidense, que aumente y al final prevalezca el financiamiento privado, sin reconocer ni la debilidad del estado de derecho ni la fortaleza de los poderes fácticos, incluida la delincuencia organizada, cuyo objetivo es poner al Estado al servicio de sus intereses. La acción contra la desigualdad y la pobreza no debe esperar y es hora de que ocupe el centro de las estrategias públicas. No hacerlo así conspira contra nuestro futuro.