María Marván Laborde
Excélsior
05/11/2015
Antes de que surgiera la democracia moderna, apareció el movimiento liberal, que fue conquistando libertades y derechos fundamentales. A través de innumerables batallas y densas discusiones filosóficas, la humanidad logró el reconocimiento de la libertad de expresión, que se complementa con la libertad de recibir y buscar información.
El pluralismo político exige que contemos con fuentes de información diversas, debates públicos que expresen diferentes puntos de vista. La construcción del derecho debe hacerse a partir de enfrentamientos conceptuales que incorporen preocupaciones de una sociedad naturalmente heterogénea. La participación de muchos en las discusiones sobre lo público fortalece la esfera pública, más allá de la Asamblea Legislativa.
Nuestra Constitución consagra en los artículos sexto y séptimo el derecho a la información y a la libertad de expresión, dos caras de una misma moneda. La transición a la democracia los ha desarrollado. Hace menos de una década se incorporó el acceso a la información pública gubernamental, parte estructural del derecho de todas las personas a buscar, activamente, información sobre el quehacer gubernamental. Recientemente la Reforma de Telecomunicaciones quedó anclada en este mismo artículo. Asegurar acceso a internet y pluralidad en los medios de comunicación no era solamente un problema de concentración económica, es esencialmente precondición del desarrollo democrático.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ha transformado, de manera radical, la forma de relacionarnos entre los seres humanos, incluida, desde luego, la forma de hacer política. Gobernantes y representantes tienen canales diferentes para comunicarse con la ciudadanía, pero, sobre todo, cualquier persona puede comunicarse de manera más o menos sencilla con los políticos. Todos tienen la posibilidad real de expresar sus opiniones políticas. No es necesaria una curul ni un canal de televisión para tener voz.
Internet generó la más reciente transformación estructural de la esfera pública, potencializa el derecho a la información, rompe con el control gubernamental y aminora los efectos de la concentración del poder de los dueños de medios de comunicación.
Sin embargo, volvemos a constatar que, en México, la libertad de expresión y del derecho a la información viven permanentemente bajo amenaza. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, ya retirada por su iniciador, el senador Omar Fayad, no sólo trataba de evitar conductas nocivas y sancionarlas, era un atentado grave a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Frente a la certeza de que existen ciertos riesgos en el uso de la red, la pluma del legislador se dejó llevar por la imaginación sin reparar en que sus buenas intenciones sacaron a la luz un desmedido afán de control. La iniciativa no sólo adoleció de falta de precisión, descuido y errores de redacción, sino que también revela un problema conceptual de fondo, son muchas las definiciones que exhiben la convicción de que todo usuario de internet, correo electrónico, Twitter o Facebook es un delincuente en potencia. En muchos artículos se adivinan las ansias por fortalecer un Estado controlador.
Del mismo modo, la Ley Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de Réplica, publicada el día de ayer en el Diario Oficial, pierde el foco del bien tutelado, abandona a quienes deberían ser los verdaderos sujetos de protección. Lejos de propiciar que los ciudadanos tengan posibilidades reales de defenderse frente al poder de los medios de comunicación, esta ley contiene una serie de disposiciones mal entendidas a través de las cuales el poderoso acaba siendo el protegido y el ciudadano termina tan indefenso, quizá más vulnerable de lo que estaba sin la susodicha ley de réplica.
Desde 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamaba la libertad de prensa y de conciencia. En México, en 2015, 226 años después, tenemos que estar alertas para no permitir que las intenciones autoritarias se disimulen a través de redacciones ambiguas que pudieran nulificar libertades conquistadas.