Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
22/11/2021
El poder económico y político que el presidente López Obrador les ha conferido a las Fuerzas Armadas tiene dos consecuencias ominosas. Por una parte nuestras Fuerzas Armadas, y muy especialmente el Ejército, quedan expuestos a tráficos de influencias, comportamientos discrecionales e incluso a posibles actos de corrupción. Por otra, adquieren una politización que contradice su proverbial e indispensable neutralidad.
El sábado en la conmemoración por la revolución mexicana el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, respaldó expresamente el proyecto político del partido en el gobierno. Es costumbre que los jefes militares permanezcan al margen de las disputas políticas pero al general secretario no le pareció inapropiado abogar por la llamada cuarta transformación, que es la bandera propagandística de Morena y el presidente López Obrador.
Sandoval dijo que “cada una de las transformaciones nacionales ha significado un cambio profundo y ha tenido un propósito definido” y se refirió a la revolución mexicana de hace 111 años. Luego hizo un retórico y laudatorio salto histórico hasta la actualidad y añadió: “las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país, el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria”Más adelante exhortó: “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”. Aunque también dijo que “la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas”, el general Sandoval ya había formulado una declaración política.
López Obrador ha querido revestir a su gobierno de ascendiente histórico asegurando que encabeza una transformación que tiene tanta relevancia como la independencia, la reforma liberal y la revolución. Se trata de un eslogan publicitario que el presidente y su partido repiten, pero que no por ello tiene seriedad histórica. El significado que alcance el actual gobierno habrá de aquilatarse mucho más adelante y no dependerá de sus lemas políticos.
Cuando el general Sandoval convoca a la unidad en torno al “proyecto de nación” que resulta de la llamada cuarta transformación se adhiere a la propuesta ideológica de una facción política, que no es compartida por todos los mexicanos. El primero en impedir que haya un auténtico proyecto nacional, impulsado por muy variados segmentos de nuestra sociedad, ha sido López Obrador. Empeñado en escindir al país, se ha negado a tomar acuerdos con otras fuerzas políticas, persigue a ciudadanos y grupos que cuestionan sus decisiones e intenta devastar a las instituciones que no se le subordinan. La cuarta transformación, como él le dice, es una propuesta sectaria. Al respaldarla, el secretario de la Defensa se compromete con un proyecto partidista.
La llamada 4T no es un programa porque carece de horizonte y propuestas claras; está nutrida por frases generales y lugares comunes. Es un discurso ideológico que apuntala a un gobierno autoritario y excluyente. Una de las fuentes de apoyo que ese gobierno quiere consolidar en su beneficio es el Ejército, al que empodera asignándole tareas adicionales al cuidado de la seguridad nacional y el auxilio a la población en situaciones críticas. Hoy el Ejército construye grandes obras (aeropuerto, tren Maya, carreteras, sucursales bancarias) administra aduanas y distribuye ayudas sociales, entre otras actividades.
Al desempeñar atribuciones que van mucho más allá de las que le asigna la Constitución, se desnaturaliza la función del Ejército. Al recibir y manejar enormes cantidades de recursos públicos, se expone a involucrarse en situaciones ilícitas. En la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, esa corporación ha asignado centenares de contratos sin hacer licitaciones y con preocupante discrecionalidad.
La reportera Isabella González del programa Loret, revisó 966 contratos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Siete de cada diez de esos contratos fueron otorgados por adjudicación directa. El 30% restante se resolvió a partir de invitaciones, en cada caso a tres empresas. Ninguno de esos casi mil contratos fue asignado por licitación pública.
De 432 empresas que fueron beneficiadas con esos contratos, sólo 28 están inscritas en el registro de proveedores del gobierno federal y únicamente 10% son proveedores de la Sedena. La cuarta parte de los 966 contratos beneficia a personas físicas. Una de esas personas identificada por Latinus, Luis Soto Montoya, recibió 22 contratos por 79 millones de pesos para suministrar 514 mil piezas de material hidráulico. Esa persona trabaja en una pequeña tlapalería en Tacuba, en la Ciudad de México.
La investigación del programa que conduce Carlos Loret de Mola encontró que la empresa “Eficaren Eficacia y Calidad en Renta”, que antes había ofrecido servicios de renta de equipos inflables para eventos infantiles, fue contratada para alquilar tractocamiones en Santa Lucía por 5 millones de pesos. En sus documentos, esa empresa ha registrado domicilios falsos. Otra firma, ”Consorcio Constructivo y Arquitectónico”, fue contratada poco después de que el gobierno de Puebla comenzó a investigarla por un desvío de 29 millones de pesos.
La administración pública tiene reglas que dificultan la corrupción y el favoritismo: concursos públicos, padrones con empresas legales, testigos sociales. Nada de eso se ha cumplido en las contrataciones realizadas por el Ejército para construir el aeropuerto Felipe Ángeles. En otros países de América Latina, la participación de las fuerzas armadas en la realización de obras públicas ha conducido a hechos de corrupción por parte de mandos militares. En México, al incumplir las más elementales normas para el ejercicio de recursos públicos, el Ejército se coloca en una situación política y legalmente vulnerable.
El general Sandoval es la voz autorizada que habla a nombre del Ejército pero no sabemos qué opinan otros segmentos de esa corporación, entre otros los oficiales más jóvenes y los mandos retirados, sobre ese protagonismo económico y empresarial y acerca del compromiso de las fuerzas armadas con una opción política específica. Ese no es el papel que muchos mexicanos queremos para nuestro Ejército.