Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
19/03/2015
De nuevo, como durante las marchas de indignación derivadas de la desaparición en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa a finales del año pasado, la idea que priva entre las muchas voces que hoy defienden a Carmen Aristegui después de su despido de MVS es que detrás de la decisión de la empresa de rescindir el contrato de la periodista está el Estado, encarnado en la voluntad presidencial. Por contraste, entre los malquerientes de la comunicadora, lo mismo que desde el gobierno, la versión que se pretende sacar a flote es que se trata de un mero conflicto entre particulares, en el que no tienen nada que ver la investigación de la casa blanca de Peña ni otras críticas del equipo al gobierno actual.
Dos visiones contrapuestas que reflejan la gran escisión en la manera de entender el país que hoy existe entre las élites y las capas medias ilustradas. Mientras que para unos, que supongo mayoría en este caso, los medios de comunicación siguen en México sometidos a la voluntad del poder, para los otros la empresas que explotan concesiones públicas ya han alcanzado la suficiente autonomía como para tomar sus propias decisiones editoriales sin injerencia gubernamental. Me temo, sin embargo, que esta segunda visión, que es la que ha adoptado el gobierno en su posición pública respecto al tema, no se corresponde con una historia larga de control basado en la extrema debilidad económica de las empresas dedicadas a la comunicación y en un sistema de concesiones diseñado para generar incertidumbre sobre los derechos de propiedad.
La historia arranca en el Porfiriato. La versión oficial ha pintado una época en la que a los periodistas críticos se les reprimía y metía a la cárcel. Aunque esa interpretación tiene un adarme de verdad, el régimen que consolidó al Estado mexicano tenía otros medios y otros modos de control, más sutiles. Sin duda hubo periodistas recalcitrantes encarcelados, pero las más de las veces era la autocontención de unos periódicos flacos en tirajes y extremadamente dependientes de los recursos públicos la que sustituía a la censura directa.
El antídoto de la prensa oposicionista, fomentado ampliamente ya desde los tiempos de Juárez y Lerdo, consistía en la prensa subvencionada por el Estado. Porfirio Díaz, demasiado buen político para ignorar la eficacia del método, aumentó considerablemente las subvenciones a los periódicos oficiosos y favoreció con empleos y oportunidades a los escritores adictos, al paso que organizaba el vacío oficial en torno a los disidentes.
Cuenta Claudio Lomnitz cuenta, en un interesante artículo publicado en Nexos en diciembre pasado sobre el asesinato presentado como linchamiento de un pobre hombre que “atentó” contra Porfirio Díaz en 1897, lo esencial del mecanismo de control de la comunicación de la dictadura:
“El Imparcial sí tenía un rasgo típicamente mexicano: gozaba de un subsidio del gobierno. Pero aun en ese aspecto había cierta novedad. Hasta la fundación de este periódico en 1896, la estrategia de prensa de Porfirio Díaz había sido dar subsidios modestos a cada uno de los periódicos mexicanos, pero después de su reelección en 1896, y ante cierta disonancia con algunos periódicos, el gobierno federal ofreció su subsidio a un solo periódico, El Imparcial. Esta ventaja, sumada a la economía de escala de la prensa rotativa, permitían que se pudiera vender a un precio más bajo que sus competidores. Su editor, Rafael Reyes Spíndola, se convirtió de la noche a la mañana en una especie de secretario de prensa “informal” para Díaz. Descrito por el periodista Carlo de Fornaro como un hombre “cínico, abyecto, malicioso, furtivo y sin vergüenza”, se le dio a Spíndola ‘ese enorme poder, a condición de que matara a toda la competencia, es decir, las publicaciones contrarias al gobierno’ ”.
El breve paréntesis maderista propició una amplia libertad de prensa, pero el gobierno del demócrata pagó caro el haber dejado de subvencionar a los periódicos. Desde los diarios y las revistas se emprendió una feroz campaña de desprestigio del presidente, que acabó por crear un clima propicio para su derribo. Los posteriores gobiernos “emanados de la revolución” no cometieron el mismo error y el mecanismo de control porfiriano se perfeccionó durante las décadas de la época clásica del régimen del PRI. Detrás de una fachada de aparente pluralidad, donde convivían periódicos de derecha e izquierda, lo que imperaba era la voz única del amo político. Ningún periódico, en un país sin lectores, podía subsistir sin los subsidios de la publicidad gubernamental ni los reporteros sin los sobres repartidos por las dependencias que cubrían, pues los magros sueldos que les pagaban en sus empresas los condenaban a la corrupción, con abnegadas excepciones. El monopolio estatal del papel era la pinza que apretaba la tuerca del control.
La relación del régimen del PRI con la prensa se construyó a partir de incentivos institucionales e intercambios mutuamente provechosos no escritos. El vínculo con el poder se definió por una complicidad estable que permitió a unos hacer como que informan a cambio de distintas formas de subvención estatal: el costo del proteccionismo se refleja hasta nuestros días en las dificultades de la prensa para desarrollar su independencia económica. La falta de claridad en el marco normativo permitía introducir elementos disuasivos para los casos en los que la negociación fallaba, como en lo que se refiere a la discrecionalidad con la que se manejaban la publicidad estatal o las sanciones fiscales. Esta manera de control creó rutinas y costumbres difíciles de borrar: la peor de ellas la sumisión al poder, que en la práctica cotidiana del oficio se ha traducido en la “dictadura del boletín” y en la declaracionitis; en el fondo, la creencia de que la información era propiedad del gobierno.
Con la televisión, la opción de control estatal se basó en la protección monopolista, otra forma clásica de la trayectoria institucional mexicana. Una mezcla de subsidio publicitario, de incertidumbre en los derechos de propiedad basada en el sistema de concesiones y de protección frente a la competencia, hizo que el monopolio televisivo fuera leal al régimen político hasta la ignominia.
También cuando la crisis de Excélsior en 1976, el gobierno declaró que se trataba de un asunto entre particulares, de un conflicto interno de la cooperativa que publicaba el diario. Sin embargo, con la creación de Proceso y de Uno más Uno las cosas comenzaron a cambiar en el margen. En la radio, donde existía menor concentración en las concesiones, también se abrieron voces críticas que no estuvieron exentas de presiones. El caso de Aristegui tiene precedentes, pues no es la primera vez que una radiodifusora prescinde de un comunicador con raiting por sus supuestas desmesuras a la hora de criticar al poder.
No estamos ya en los tiempos del control omnímodo de los medios desde gobernación gracias a mecanismos sutiles que a veces no lo eran tanto, pero las trayectorias institucionales, las maneras de hacer las cosas, tienen una permanencia social que muchas veces no requiere de sanción pública para realizarse, como los dolores fantasma que sienten los amputados. Tal vez, no lo sé de cierto, no hubo llamada de Gobernación, pero es un hecho indudable que Carmen Aristegui resultaba incómoda para unos empresarios que no le deben todo a su público y que tienen muchas arenas de negociación con el Estado abiertas. Tal vez en la Utopía liberal que muchos sueñan el conflicto haya sido meramente entre particulares; tal vez ahí el comportamiento de los dueños de MVS parezca económicamente irracional, pues pierden un ancla atractiva para un gran público. Aquí, en el México real, lo racional es cuidar lo sustancial del negocio, que se sigue haciendo con protección política. Aquí, la cola del poder se asoma detrás del portazo a Aristegui.