Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
13/04/2015
La incapacidad financiera de Radio Centro, que no pudo pagar el monto que había ofrecido por una cadena de televisión, es tan significativo como el alborozo de quienes lo celebran. La empresa de Francisco Aguirre no se ha singularizado recientemente por la innovación ni por la calidad de sus programas radiofónicos, pero habría constituido una presencia nueva en el monótono escenario de la televisión mexicana. La mejor prueba de ello es la campaña de especulaciones que propiciaron personeros y simpatizantes de las actuales televisoras y, ahora, las acusaciones que le hacen a ese empresario y, de paso, a la autoridad que organizó la licitación.
Los 415 millones de pesos que Aguirre pierde constituyen una sanción a la altura del tropiezo que ha protagonizado. Solamente él sabía el monto de la oferta que presentó, en sobre cerrado, por la cadena de televisión. Ni los otros competidores, ni el órgano regulador, estaban al tanto de esa propuesta.
Cuando se conocieron las ofertas por cada una de las dos cadenas, la de Aguirre pareció desproporcionadamente alta. 3058 millones de pesos constituían una diferencia grande en comparación con los 1250 que le bastaron al Grupo Imagen para resultar también ganador. Pero no hay que olvidar que al comienzo de la licitación había ocho grupos empresariales interesados en las cadenas y, casi hasta el final, se mantuvieron dos. Aguirre ofreció mucho porque estaba dispuesto a invertir una suma alta con tal de obtener el canal de televisión.
El error de Radio Centro no fue presentar una apuesta alta, sino supeditar la posibilidad de pagarla a sus alianzas financieras. Los posibles inversionistas o prestamistas, que al incumplir le impidieron pagar la suma ofrecida por la cadena de televisión, fueron el irremediable flanco débil de ese grupo empresarial.
Los costos de la nueva cadena le habrían exigido a Radio Centro una inversión muy por encima de sus capacidades. El año pasado ese grupo tuvo una utilidad neta de 85.3 millones de pesos. Además obtuvo mil cien millones de pesos gracias a la colocación de certificados bursátiles pero todo ese dinero lo destinó a la filial que tiene en Los Ángeles. La multa que ahora debe pagar por incumplir con la licitación es casi cinco veces mayor a las utilidades de 2014.
Radio Centro no podía pagar la cadena nacional sin los respaldos financieros que finalmente no fructificaron. En el fracaso de sus expectativas pudo haber influido el clima de opinión que se propaló acerca de la imposibilidad para reunir los 3058 millones. Apenas unas horas después de que, el 11 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aceptó las propuestas de Grupo Imagen y Radio Centro, algunos comentaristas promovieron la versión de la insuficiencia económica de la empresa de Francisco Aguirre.
El primero en difundir esa posibilidad fue Javier Tejado, asesor jurídico de Televisa, la mañana del 12 de marzo. A partir de allí, durante varias semanas se desgranó en los medios una retahíla de especulaciones acerca de las posibilidades que Aguirre tendría para pagar por la cadena. Esas suposiciones inicialmente las difundieron columnistas cercanos a Televisa y Televisión Azteca y más tarde fueron compartidas por otros comentaristas.
El clima de opinión que se conformó a partir de esas versiones se convirtió en una profecía autocumplida. No puede asegurarse que los posibles aliados financieros de Radio Centro se arrepintieron únicamente a causa de ese contexto de especulaciones. Pero sí fue claro que quienes lo impulsaron, fueron comentaristas identificados con los intereses que resultan afectados por la competencia que significarán las nuevas cadenas de televisión.
Televisa y Televisión Azteca se han opuesto militantemente a la apertura de opciones que desbaratarán el acaparamiento que hasta ahora han ejercido sobre la televisión comercial en México. La reforma constitucional de 2013 les afectó a esas empresas entre otros motivos porque hizo obligatoria la licitación de dos nuevas cadenas comerciales. Ahora, los mismos voceros que propalaron la insolvencia financiera de Radio Centro quieren mostrar el desenlace de la licitación como un fracaso del Ifetel. Incluso, el sábado, en El Universal, Tejado Dondé llega a la exageración de culpar por ese fracaso ¡al Pacto por México y a los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones!
Aquella reforma estableció límites a las grandes corporaciones mediáticas. Uno de ellos es el desarrollo de nuevas opciones en televisión y telefonía. Los consorcios afectados con ese nuevo marco legal han respondido a él de diversas maneras y una de ellas es el intento para descalificar o debilitar a la autoridad que tiene la tarea de regularlos.
El Ifetel subastó las cadenas de televisión en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. La licitación tenía que ser abierta y la decisión debía tomarse a partir del dinero que los interesados ofrecieran. El mecanismo de sobre cerrado es transparente: cada interesado hace su oferta y el día señalado la autoridad las conoce y evalúa. Una debilidad de las reglas establecidas por ese Instituto fue no incorporar, entre los criterios definitorios de la decisión final, las propuestas de programación para las cadenas de televisión. Más allá de esa insuficiencia, las normas fueron tan claras que ahora el grupo que no cumplió tiene que pagar una considerable multa.
El desempeño de la autoridad regulatoria es cuestionado no por lo que hizo o dejó de hacer en la licitación, sino para debilitarlo ante las nuevas decisiones que debe tomar. Una de ellas es la determinación del carácter dominante que tiene Televisa en la televisión de paga.
Además los comisionados de ese Instituto tienen que resolver qué harán con las frecuencias que no serán ocupadas por Radio Centro. Una nueva licitación sería inútil si no hay grupos empresariales interesados en participar en ella. Otra posibilidad sería pensar en una televisión a cargo de grupos de la sociedad (productores independientes, asociaciones profesionales, universidades). No se trataría de una televisora pública, porque ese papel lo desempeña ya (aunque todavía con lamentable apocamiento) el Sistema Público de Radiodifusión del Estado. Sería en cambio, una televisora con una concesión de carácter social, que es una de las modalidades que establece la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Se trataría, en ese caso, de una televisión para y de la sociedad.