Fuente: La Crónica
Ciro Murayama
La cercanía de las campañas del 2009 y la expansión del narcotráfico, han dado pie a que diferentes actores políticos propongan que el Instituto Federal Electoral “blinde” las elecciones frente al dinero del crimen organizado. En efecto, existe una amenaza violenta al Estado y es oportuno velar por que los cargos de gobierno y de representación no estén supeditados a intereses delictivos, mas pretender que esa sea una tarea directa del árbitro electoral resulta un desatino: con el fin de evitar la mezcla de narco y política se empiezan revolviendo las tareas propiamente policiacas con las de corte estrictamente electoral.
El 28 de noviembre los presidentes nacionales del PAN y PRD exigieron al IFE establecer “reglar claras, contundentes, dirigidas a garantizar que la delincuencia organizada no hará política [sic] a través de los partidos (…) Para blindar a los procesos electorales no basta con pronunciamientos públicos. Se requieren medidas concretas y evaluables”.
En un tenor parecido, unas semanas antes, supimos que: “La mayoría de los partidos políticos apoya la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que investigue a los aspirantes a puestos de elección popular y, de esta manera, evitar infiltraciones del narcotráfico” (El Universal, nota de José Gerardo Mejía, 29/09/08), y hasta se quiso que “el IFE regule la participación del Cisen y a la vez promueva el antidopaje” (Ibíd.).
Esas pretensiones son incorrectas pues los requisitos para ser candidato que debe verificar el IFE están fijados en la Constitución y en la ley electoral, y se limitan a que el ciudadano tenga la edad mínima para ser postulado al cargo respectivo, cubra el plazo de residencia, esté inscrito en el padrón y sea postulado por un partido. Si alguien está suspendido de sus derechos políticos por ejemplo por estar sujeto a proceso penal o por purgar condena eso lo da de baja del padrón y, en consecuencia, le impide ser candidato. Así, si un delincuente o presunto delincuente quisiera postularse y contara con el respaldo de un partido, bastaría con que un juez inicie proceso o lo condene para que el IFE no le otorgue el registro como candidato y punto, pero el árbitro electoral no tendría por qué hacer de ministerio público o de laboratorio antidopaje.
En lo que toca al eventual dinero del narco a las campañas, el IFE tiene la obligación de fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos y candidatos. Ha de verificar que se respeten los topes a las aportaciones privadas; que las donaciones no sean anónimas esto es, que se sepa quién y cuánto aporta a los partidos; que no haya dinero de las administraciones públicas, de las iglesias, del extranjero, ni de empresas mercantiles. Si existieran indicios o una denuncia de que llegaran recursos opacos o de fuentes ilícitas a algún partido o candidato, el IFE habrá de seguir una investigación y, en su caso, imponer una sanción: pero las reglas ya están escritas; no es necesario improvisar en la regulación. Además el instrumento clave de que el IFE puede valerse para rastrear financiamiento ilegal —como es su capacidad legal para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, concedida en la reforma constitucional de 2007 siempre ha estado en manos de las autoridades financieras y del ministerio público. Ninguna de las atribuciones y capacidades del IFE en esta materia es superior o equiparable a las que tienen las autoridades encargadas de perseguir el delito. Por ello, que desde el propio partido del titular del Ejecutivo del que dependen la Procuraduría General de la República y las agencias federales de persecución del delito se pretenda trasladar la misión de cazar narcos al IFE es un acto tan desatinado como abusivo hacia la propia institución electoral que, por otra parte, bastante tiene con las tareas que sí le competen directamente y que aumentaron con la reciente reforma electoral, como la de hacer cumplir la ley a los concesionarios de radio y televisión, así como la de monitorear que se emitan los anuncios de los partidos políticos incluso en los procesos electorales locales.
Además, la norma más importante para evitar que los partidos se vean necesitados de acudir a fuentes opacas o incluso ilegales de financiamiento ya existe: hay financiamiento público suficiente para que los partidos no dependan del dinero de particulares. A ello es preciso añadir que el capítulo principal de la última reforma electoral, la prohibición de compra de anuncios en radio y televisión de los partidos políticos, elimina el que era el principal rubro de gasto en las campañas, con lo cual el costo disminuye de manera notable y, también, la necesidad de dinero de los partidos. Eso era lo que se podía hacer desde la normatividad electoral y se hizo en buena hora.
Los partidos son responsables directos de la selección de sus candidatos. Ahí donde el narco es omnipresente como ocurre en ciertos municipios más que en el ámbito de las elecciones federales, en vez de exigir que el árbitro electoral que se vuelva sheriff, serían de esperarse acuerdos políticos para que los partidos presenten candidaturas únicas como han hecho PSOE y PP en España en zonas donde la presencia del terrorismo asfixia la política y respalden en conjunto la acción de los funcionarios públicos cuya labor es delicada por la amenaza del narco Los partidos, así, darían muestra de su visión de Estado, pero esa visión es un bien muy escaso.