María Marván Laborde
Excélsior
09/07/2015
No altera el producto, hablando de aritmética, pero en política, el orden de los factores por supuesto que sí cambia el resultado. En el caso del Gobierno del Distrito Federal, podemos prever como desastrosas las consecuencias políticas y administrativas de haber solicitado, primero, las renuncias a todos los miembros de su gabinete para, después, evaluarlos.
Nadie podrá oponerse a que el jefe de Gobierno someta a escrutinio a todas las personas a las que él ha designado como secretarios o directores de organismos públicos, que forman parte del gabinete ampliado. Sin embargo, resulta muy difícil de entender y, aún más, defender, que se les hayan solicitado anticipadamente las renuncias.
En política, pocos escenarios son más temidos que los vacíos de poder. Naciones enteras han caído en situaciones catastróficas porque, frente a una desgracia natural, como por ejemplo, la muerte inesperada de un presidente, no hay quien asuma el poder y tome decisiones, de manera rápida y eficiente. En semejantes casos, normalmente, urge alguien que sea capaz de tender un puente entre el pasado y el futuro, sin que haya una disrupción irremediable.
Es de suponer que aquellos funcionarios aferrados a su puesto están ejerciendo presión, y harán largas horas de antesala, física o virtual, para poder abogar por su causa frente a Mancera. Esgrimirán buenas razones para ser ratificados y prometerán lealtad absoluta a su candidatura presidencial ya anunciada. Otros, como el procurador, en su afán de mostrar su valía, saldrán a la Condesa, acompañados por los medios, a extorsionar a los extorsionados para que denuncien el delito del que son víctimas. ¿Ratificación garantizada?
Jurídicamente hablando, no es fácil adivinar cuál es el estatus legal de estos colaboradores. Todos ellos presentaron su renuncia y están en espera de que el jefe de Gobierno emita un dictamen. Si las renuncias fueron solicitadas y entregadas, como lo fueron, uno supondría que jurídicamente todos ellos están despedidos. Administrativamente ya deberían haber hecho su acta de entrega-recepción, no podrían estar despachando, mucho menos ejerciendo presupuesto, por tanto, tampoco deberían estar recibiendo sueldo.
Si por otra parte, al no haber sido aceptada formalmente la renuncia, siguen siendo administrativa y legalmente funcionarios públicos ¿cómo pueden tomar cualquier decisión durante este interregno? Alguna vez dijo el viejo Reyes Heroles: “En política la forma es fondo” En el fondo Mancera no sabe quiénes son confiables. Aunque formalmente estén empleados, políticamente están atados de manos ¿Quién bajo sospecha se atrevería a ejecutar algo? No imagino con qué certeza firmarían un documento. Cualquier acto de autoridad ejecutado entre que entregaron la renuncia y se les ratificó es, por definición, legalmente impugnable. Ninguno de los subordinados de los secretarios ha de tomar sus órdenes muy en serio.
El nombramiento de un secretario es, ante todo, un problema de confianza. Quien nombra debería tener en cuenta las capacidades personales y experiencia para un determinado puesto, pero sin confianza eso pasa a segundo plano. Frente a la demostrada incapacidad el cese debiera ser fulminante, pero su permanencia no admite titubeos. La evaluación puede ser oportuna pero el procedimiento la hizo un verdadero disparate.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública todos los sujetos obligados, y Miguel Ángel Mancera lo es, tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones (artículo 18). La lectura estricta de este precepto le obliga a justificar por escrito cada renuncia, pero sobre todo cada ratificación. ¿De verdad era necesario ponerse a sí mismo en esta posición? Más allá de un golpe mediático carente de sustancia democrática y lleno de demagogia creó un innecesario vacío de poder. Una crisis de gabinete fabricada por quien debe asegurar la gobernabilidad de la Ciudad de México. Cada ratificación deberá explicarse tanto a los gobernados como a la opinión publica. Todos tenemos derecho a pedir estos documentos, la inexistencia es inaceptable. Diría Juan Gabriel: Pero qué necesidad.