Pedro Salazar Ugarte
El Financiero
018/10/2017
Nunca me convencieron los argumentos esgrimidos en contra del nombramiento de Raúl Cervantes como procurador general de la República, pero entendí las razones que se oponían a su ‘pase automático’ hacia la Fiscalía General. Hoy ambas discusiones son cosas del pasado. Su sorprendente renuncia zanjó el debate y, como sostuvieron los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMas, “abre la puerta a una discusión de Estado, y no sólo de gobierno, sobre el futuro de la Fiscalía General de la República”. Tienen razón, pero la situación es crítica y se debe actuar sin dilaciones.
El país no puede resistir mucho tiempo con el modelo de procuración de justicia que arrastramos desde los tiempos del autoritarismo, y que ha quedado devastado tras los jaloneos internos y los reclamos externos a la PGR de los años recientes. La crisis de seguridad pública se generaliza y, en simultáneo, como en una película de terror, la institución que debe combatirla, languidece. Creo que no es momento para buscar culpables –son muchos los actores responsables–, pero sí para encontrar soluciones que permitan alcanzar dos objetivos muy difíciles de conciliar.
Por un lado deben prevenirse, investigarse, perseguirse y sancionarse los actos delictivos que azotan a la población y, por el otro, en paralelo, debe diseñarse y ponerse en marcha a una institución renovada, fortalecida y capacitada. Lograr ambos imperativos de manera simultánea requerirá de un compromiso mayúsculo por parte de todos los actores y demandará una destreza operativa nunca antes vista. Si la gestión –en sus dos vertientes– fracasa, podríamos padecer la peor crisis de seguridad y justicia del México moderno. Advierto que no se trata de una exageración. La incidencia criminal, la impunidad rampante y el desmantelamiento institucional pueden prefigurar una tormenta perfecta.
El 25 de octubre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el Inacipe haremos público el informe que, después de foros y mesas con especialistas y ciudadanos, hemos elaborado para la edificación de un modelo nacional de justicia a la altura de los retos que encaramos. De hecho, como constará en el documento, pensamos que este modelo debe pensarse en armonía con la implementación de la reforma en justicia penal de 2008, la revisión del modelo policial, la paulatina activación del Sistema Nacional Anticorrupción y las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior.
Mirar esos expedientes de forma inconexa podría comprometer las capacidades del Estado, porque al separar las agendas se dispersan esfuerzos en temas que demandan una visión estratégica y una acción coordinada. Pero también existe el riesgo de que malas decisiones desfonden a nuestro maltrecho Estado constitucional y democrático. En efecto, decisiones regresivas en materia de justicia, un mal diseño en la procuración, simulación en el combate a la corrupción y la militarización permanente podrían fecundar a un Estado incapaz y autoritario. No olvidemos que la fragilidad no excluye al arbitrio. Peor aún, la combinación de estas falencias podría conducir por la senda de un narcoestado, capturado por su incapacidad y violento por naturaleza.
Otra variable que no puede ignorarse –y será un eje del informe que presentaremos– es la dimensión nacional del problema. De hecho, entre las recomendaciones propondremos reformas constitucionales. Por un lado, modificar el artículo 102 constitucional para transformar de fondo la estructura y el funcionamiento de la procuración de justicia en manos de la nueva Fiscalía General. Pero, atendiendo al carácter nacional, también se contemplan reformas al artículo 116 de la Constitución para sentar las bases de coordinación y operación en el orden estatal. La operación es difícil porque supone homologar instituciones y procesos sin ignorar las particularidades de cada realidad local. Finalmente, se sugerirá una reformar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión pueda aprobar un Código Penal Único.
Todo responde a una visión sistémica y, en lo fundamental, es compatible con las propuestas elaboradas por los colectivos ciudadanos. También se retoman otros diagnósticos y propuestas y se abreva de la experiencia comparada. Su principal novedad reside en el conjunto. Tocará a las autoridades calibrar su viabilidad política y
–ojalá– actuar con responsabilidad de Estado. Debo decirlo: pienso que, con la salida de Cervantes, la reforma perdió un aliado.