Jacqueline Peschard
La Crónica
06/01/2021
El presidente López Obrador nunca ha comprendido el valor de la transparencia como un derecho humano fundamental y como una cualidad indispensable de una gestión de gobierno democrática. Desde el inicio de su gobierno, AMLO ha insistido en criticar al INAI, en buena medida porque no alcanza a comprender el significado y el alcance de las funciones que cumple, pero también porque le incomoda la facultad que tiene de obligar a las dependencias gubernamentales y públicas, incluida la Presidencia de la República, a entregar a los particulares la información que producen y resguardan.
2021 arrancó con una nueva embestida presidencial en contra del organismo garante de la transparencia, pero esta vez fue más allá, al proponer directamente que desaparezca el INAI y que la Secretaría de la Función Pública (SFP) absorba sus tareas y facultades, con fines de ahorro presupuestal. Se trata de una propuesta que significa una clara regresión democrática.
Tal parece que el presidente López Obrador desconoce que la transparencia es un derecho fundamental de los mexicanos, reconocido por nuestra Carta Magna (Art. 6º) y por la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13º), avalada por nuestro país desde la década de 1970. Considera que el INAI es inútil porque no ha podido abatir la corrupción, ignorando que difundir información pública, o sea, transparentar, tiene por objeto que las personas conozcamos qué decisiones y acciones toman los gobernantes y, sobre todo, cómo asignan los recursos del erario. Pero, la transparencia no es sinónimo de combate a la corrupción, lo cual requiere, además de someter a los servidores públicos al escrutinio de la población, de mecanismos para detectar, investigar y castigar casos de desviación de recursos públicos, o de abusos de autoridad y de confianza en beneficio personal o privado. La transparencia es un primer eslabón en la lucha por abatir el mal de la corrupción, pero no se le puede exigir al INAI que se responsabilice de las tareas de otras instituciones como la propia SFP, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, o el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.
AMLO desconoce también que los estándares internacionales de transparencia señalan que el encargado de garantizar el acceso a la información pública debe ser una institución con independencia del gobierno, porque de lo que se trata es de una tarea de vigilancia y de control sobre el quehacer del poder público. Pretender que la SFP sea la responsable de la transparencia es ignorar ese principio, pretendiendo que sea una instancia del propio gobierno la que obligue a todas las entidades públicas del Estado mexicano a difundir la información que poseen; es hacer de la SFP juez y parte, con el argumento central de que el INAI fue creado en el periodo neoliberal con objeto de simular que se combatía la corrupción. Lejos de plantear una fórmula para fortalecer la transparencia del desempeño gubernamental y público, el objetivo central de la propuesta es ahorrar recursos públicos que, en la opinión presidencial, son gastos superfluos. Se trata de una concepción limitada y restrictiva que olvida o ignora que el INAI está sujeto a la revisión tanto de la ASF, como a la del propio Congreso de la Unión.
AMLO desconoce también que el INAI es una institución que surgió del impulso de los ciudadanos interesados en ponerle acotamientos al poder público; que fue producto de un movimiento de organizaciones de la sociedad civil interesadas en edificar instituciones para acotar la arbitrariedad del poder, para obligar a los funcionarios públicos a difundir información como un primer requisito para rendir cuentas sobre su quehacer y sobre los recursos públicos que tienen encomendados. La autonomía del INAI no fue una concesión gratuita de los gobiernos, sino una conquista ciudadana, forjada a lo largo de más de diez años de gobiernos democráticos.
Pretender borrar de un plumazo a una institución clave de nuestra aún frágil democracia, a partir de una propuesta de un gobernante con niveles importantes de popularidad es ignorar que la popularidad es siempre volátil y que no puede sustituir a un andamiaje institucional. El INAI ha sido una pieza clave de nuestra vida democrática, porque es expresión de que los mexicanos hemos conquistado el derecho a demandar información a nuestras autoridades, en el entendido de que los documentos que elaboran los servidores públicos no son de ellos, sino de la población.
La obsesión del presidente López Obrador en contra de los organismos públicos autónomos, y en particular del INAI, se explica por su vena autoritaria que no reconoce el valor de los contrapesos al poder público. Los controles y contrapesos son indispensables para evitar la concentración del poder y sus consecuentes abusos, por ello, es necesario que tomemos en serio la intención del presidente López Obrador de desaparecer al INAI, aunque parezca una idea desproporcionada y arbitraria.