Fuente: La Jornada
Adolfo Sánchez Rebolledo
Apenas el domingo pasado, en un opúsculo aparecido en El Universal, el procurador Eduardo Medina Mora daba cuenta de las «razones de Estado que animan la estrategia de México contra el crimen organizado y las adicciones». No sé si ése era el título original del artículo, pero en todo caso allí se pueden leer algunas de las ideas-fuerza, ya que se describen los sentimientos y algunas preocupaciones del gobierno en torno a este delicado asunto.
Dice el procurador: «Diversos argumentos sustentaron la decisión presidencial (de emprender la guerra contra el narcotráfico): la obligación de garantizar la seguridad a todo ciudadano; cortar la corrupción causada por los grupos criminales; asegurar la integridad de las estructuras de gobierno y frenar la violencia. Pero la razón más profunda, la razón de Estado, fue enfrentar y reducir una delincuencia que había crecido de forma desmedida, al grado de que la vida de centenares de miles de mexicanos era ya una tragedia inaceptable. Muchos dormían, despertaban y pasaban sus días conviviendo con el miedo, el crimen, la violencia y la muerte (…) Desde el principio quedó claro que esto no era sólo un problema de malos mexicanos o malos funcionarios, sino de valores sociales corroídos por el enorme poder económico, social y cultural de los criminales. Demasiada gente había perdido el sentimiento de culpa para delinquir, corromper y matar. Y la sociedad, a su vez, venía perdiendo capacidad de indignación, una combinación que es fatal para el futuro de cualquier nación. Por todos ellos iniciamos esta lucha, por responsabilidad histórica y generacional, para estar en paz con nuestras conciencias, porque decidimos renunciar a ser indiferentes frente a los miles de mexicanos que se han convertido en prisioneros directos e indirectos de la delincuencia organizada y de las adicciones».
No entraré a discutir aquí cuál es la responsabilidad atribuible a «la sociedad» y cuál a las «instituciones», mas resulta obvio que tal caracterización omite formular una hipótesis crítica en torno a otros aspectos esenciales de la vida nacional, es decir, rechaza hacer una valoración de conjunto sobre los problemas sociales y culturales que modulan la convivencia y lanzan al abismo a mucha gente dispuesta a «delinquir, corromper, matar».
Pronunciarse contra las adicciones o el prestigio social de la delincuencia sin someter a examen las causas que han quebrado la cohesión social, los mecanismos permanentes de exclusión que marginan a millones de ciudadanos, es caminar a ciegas o, peor, simple hipocresía. Obviamente, la pretensión de alcanzar la modernización sin redistribución del ingreso (esa suerte de gatopardismo que insiste en el cambio, pero no toca las relaciones de poder) a cuenta de la estabilidad macroecómica es, paradójicamente, la corriente que erosiona la estabilidad y da alas a la ingobernabilidad. ¿De qué sirve vanagloriarse de las cifras de delincuentes muertos o detenidos en los operativos sin confesar que esto, a su modo, es una forma de registrar el fracaso nacional?
Un aspecto del texto del procurador no debería pasarse por alto: el uso abusivo del pretérito como fórmula para liberar al presente de todo maleficio. Habla como si el miedo hubiera desaparecido de la faz de la república mexicana y la guerra contra la delincuencia se estuviera ganando a ojos vistas. Pero no hablamos de ayer ni de batallas lejanas. Basta mirar por encima las páginas de los diarios u observar de soslayo los noticieros de la televisión para comprobar que nunca hemos estado tan cerca de la violencia y sus peligros como ahora. Y no hablo solamente de los enfrentamientos entre delincuentes y cuerpos del orden, sino de la creciente agresión contra la ciudadanía, cuya seguridad está pendiente de un hilo, a pesar de los discursos oficiales. Al miedo nadie se acostumbra.
La impotencia no es, señor procurador, pérdida de la «capacidad de indignación», como usted dice, menos aun indiferencia ante la delincuencia organizada. Pero ocurre que los gritos de quienes se atreven a expresarse tampoco sirven para detener las peores tragedias. O no se escuchan o no se quieren oír. Ahí está para vergüenza de la autoridad el caso de la comunidad mormona de Galeana, donde ya fueron asesinados dos de sus miembros.
El mismo domingo que salían a la luz las reflexiones de Medina Mora, Víctor Orozco, profesor, antiguo militante de la izquierda chihuahuense e historiador reconocido se preguntaba al respecto de lo sucedido en el Correo del Sur (La Jornada Morelos). “¿Cómo pensar, cómo cavilar sobre otra cosa que no sea esta arrolladora ola de terror a la que nos encontramos sometidos? Busco y rebusco en el pasado algún precedente similar, pero ni aun las tradicionales gavillas de bandoleros que asolaron los caminos nacionales hasta los años 90 del siglo XIX cuando los rurales organizados por Díaz dejaron el país lleno de colgados y muertos por la ‘ley fuga’ alcanzaron el poderío, la audacia y el grado de impunidad con los que se desempeñan las bandas criminales de nuestros días. Y ello, en una época en que el Estado mexicano se encontraba en proceso de construcción y consolidación, sin los recursos para gobernar que tiene el actual.”
Y luego, al considerar estos hechos como demostración de ingobernabilidad, apunta: “¿Cómo se le llama al hecho de que veinte asesinos puedan tomar venganza contra dos ciudadanos indefensos que habían alzado la voz contra las extorsiones y los secuestros, en las mismas narices de soldados y policías? ¿Cómo se le llama a la comisión de homicidios a granel cada semana, en pueblos y ciudades? ¿Y a la impunidad generalizada? ¿Y a la diaria asechanza de los asaltantes que pueden llegar en cada casa, en cada esquina, en cada cajero automático? ¿Y a la zozobra y enclaustramiento de las familias, que temen llevar a los hijos a las escuelas, cuyas vacaciones debieron ser adelantadas en Durango? ¿Y a la intimidación a los periodistas, amenazados con la misma suerte sufrida por Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez, entre muchos otros?”
¿Cómo se puede pedir a la sociedad pregunto mayor compromiso en la lucha contra la delincuencia cuando ocurren hechos como los de Galeana, después de que el Congreso de Chihuahua suscribió un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a realizar «las acciones necesarias para la protección de esta comunidad, en virtud de los actos que han emprendido» en contra de los secuestradores que los acosaban impunemente?
No, señor procurador: la expansión de las adicciones es también expresión del fracaso de un modelo de sociedad y Estado cada vez más incompatibles con la dignidad humana. Por desgracia, la imagen que usted dibuja es terriblemente actual: muchos mexicanos duermen, despiertan y pasan sus días «conviviendo con el miedo, el crimen, la violencia y la muerte». Es el presente, no el pasado.