José Woldenberg
Reforma
10/09/2015
Luego de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2014 dados a conocer por el INEGI y de la medición de la evolución de la pobreza que puso en la agenda el Coneval, se produjo una ola de opinión venturosa que intenta poner en el centro del debate nacional los problemas de la desigualdad y la pobreza. Ambas imbatibles, hasta ahora.
En ese marco, adquiere una singular importancia el tema del salario mínimo, cuyo monto se encuentra por debajo de la línea de satisfactores que se requieren para salir de la pobreza extrema. O en otras palabras: ganar el salario mínimo legal en México -aunque se esté en el sector formal de la economía- supone no tener un ingreso suficiente para consumir la canasta básica de alimentos que, según Coneval, reclama un salario de 85.4 pesos al día.
Ya diferentes especialistas han ilustrado que quienes reciben dicho salario no son un universo insignificante. Se trata de aproximadamente 7 millones de personas según el INEGI, es decir, un número tan grande como la población de la mayoría de los países de Centroamérica (sólo Guatemala y Honduras tienen una población superior).
Como se sabe, al salario mínimo lo fija anualmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), un organismo tripartita que de manera reiterada argumenta que un aumento sustantivo de dichos ingresos tendría, en automático, un profundo efecto inflacionario, porque el mismo sirve como referencia constitucional y legal para determinar tarifas, multas, sanciones y hasta el financiamiento público a los partidos políticos. Y la CONASAMI no miente. Pero por ello mismo, para discutir en serio el tema es necesario escindir el salario mínimo de sus derivaciones en esos terrenos.
Y esa tarea empezó a cursarse el año pasado pero al llegar al Senado se estancó. Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE diseñó una fórmula sencilla (y si se quiere expedita) para lograr dicho objetivo. Se trata de una reforma constitucional que en síntesis substituye el término «salario mínimo» en todos los ordenamientos legales en el cual se le usa como referencia o fuera de contexto. Hay que recordar que ese estudio se realizó a petición de la Cámara de Diputados y que el mismo sirvió como base de la iniciativa que el propio presidente de la República mandó al Congreso. La Cámara Baja la votó casi por unanimidad y en diciembre pasado fue enviada al Senado. Dado que prácticamente las bancadas de todos los partidos votaron a favor, se pensaba que en el Senado no habría mayores dificultades. No obstante, aunque fue remitida a comisiones jamás se discutió en el pleno. El asunto fue retomado en el más reciente periodo en este año pero tampoco fue elevado a la asamblea. Total, que la importante iniciativa se encuentra petrificada.
«Hace 23 años (cuando se empezó a medir la pobreza) 53.1% del total de la población tenía ingresos por debajo de la línea de bienestar; en el año 2014, la proporción seguía igual, con 53.2%», dice el Retrato de un país desfigurado publicado recientemente por el IETD. Ello significa no solo que la pobreza se mantiene en términos relativos sino que en números absolutos se incrementa. Y el mismo documento señala que «si se explora la situación de los que ganan un salario mínimo, el 58% están en la pobreza y el 12% en pobreza extrema. Y si tomamos a los que perciben dos salarios mínimos, el 42.3% está en la pobreza moderada y el 4% en pobreza extrema. Estamos hablando de 2 millones de hogares, habitados por 10 millones de personas: cerca de una quinta parte del total de pobres que ha cuantificado Coneval son pobres que trabajan, mexicanos que radican en el mundo de los bajísimos salarios; los menores a 140 pesos diarios».
Así que la morosidad del Senado no solo no tiene justificación alguna sino que devela insensibilidad y resulta agresiva. Se trata de escindir el salario mínimo de otros asuntos, para iniciar una discusión y una política capaces de lograr la recuperación del mismo. Recordemos que el salario mínimo, luego de una caída del 71% entre fines de los años setenta y mediados de los noventa, se estabilizó en su punto más bajo y así ha continuado a lo largo de 20 años.
¿Será acaso una provocación transcribir parte del artículo 123 constitucional?: «Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…».