María Marván Laborde
Excélsior
10/09/2015
Massiosare, ese pequeño nacionalista que todos los mexicanos llevamos dentro, se debate entre la envidia por la eficiencia en el combate a la corrupción en Guatemala y la angustia que provoca constatar que el proceso también puede considerarse una nueva forma, quizá más elegante, del intervencionismo de Estados Unidos en el siglo XXI.
El Congreso de Guatemala, en una decisión sorpresiva, votó a favor del desafuero de su Presidente, el exmilitar Otto Pérez Molina. Era menester juzgarlo por actos de corrupción. Se libró una orden de aprehensión en su contra. Haciendo acopio de lo que le restaba de dignidad, renunció a la Presidencia. Será juzgado por su participación en la trama de corrupción conocida como La Línea. Él alega su inocencia, pero será un tribunal el que lo juzgue. Al expresidente, como a todos los demás implicados, habrá que garantizarles el debido proceso, de otra forma todo esfuerzo por fortalecer el Estado de derecho será vano.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un organismo de la ONU, formado a petición de la propia nación guatemalteca y avalado, en 2007, por su Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República. Nació del reconocimiento de la debilidad institucional para combatir y terminar con los cuerpos ilegales de seguridad. Pronto se enfrentó a la relación simbiótica de éstos con funcionarios del Estado que, por acción u omisión, han entorpecido los procesos para la reconstrucción de la paz en una sociedad libre y democrática que propicie el desarrollo de la región.
Uno de sus principales objetivos es el fortalecimiento del Ministerio Público tanto en capacidades reales de investigación pero sobre todo en independencia. Tan tuvieron éxito en ambas tareas que la fiscal Thelma Aldana pudo armar el expediente sobre La Línea. En mayo de este año le costó el puesto a la vicepresidenta Roxana Baldetti y, a partir de allí, hubo movilizaciones ciudadanas que, de manera pertinaz, solicitaron, hasta lograrlo, la renuncia de Pérez Molina.
Linda historia de éxito que no nos permite ignorar que Estados Unidos fue un actor interesado en que la CICIG cobrara fuerza y los ciudadanos inconformes no se apaciguaran.
Si bien no podemos restarle méritos a la CICIG, tampoco nos podemos permitir el análisis candoroso de que esta Comisión no fue avalada, fortalecida e impulsada porque Estados Unidos encontró que, a través de ella, se podía proteger sus propios intereses.
Por ello la indecisión de Massiosare, el éxito es innegable, el precio que Guatemala tuvo que pagar también. En México es indispensable que analicemos qué podemos aprender de nuestro vecino del sur y qué queremos evitar. ¿Hay alternativas de solución que puedan reproducir lo mejor de la CICIG sin caer en lo peor del proceso que dio resultados tan espectaculares?
México ha reconocido su propia debilidad institucional en el combate contra la corrupción, de otra manera sería inexplicable la reforma constitucional de lo que hemos llamado el Sistema Nacional Anticorrupción. Fortalecer institucionalmente supone reformar al menos una docena de leyes y asignarles fondos a varias instituciones para desarrollar las capacidades de prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción.
El desarrollo de capacidades es tan importante como la generación de espacios de autonomía del Ministerio Público. Si no me creen, pregunten a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Es indispensable abandonar el mundo de las opiniones en sus investigaciones para entrar de lleno a los dictámenes científicos incontrovertibles.
Si no queremos ser víctimas de este intervencionismo moderno, lo único que podemos hacer es un Sistema Nacional Anticorrupción digno de tal nombre. Para que ningún extraño enemigo —disfrazado de ayuda internacional— asuma la responsabilidad de combatir la corrupción en México, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Es una decisión de Estado.
CAJÓN DE SASTRE: la verdadera medida del nuevo decálogo que nos recetó Peña Nieto en el Informe pasa por el análisis del presupuesto. Mandamiento al que no se le asigne dinero, es demagogia.