Fuente: La Cronica
La revista Voz y Voto me solicitó un texto sobre las elecciones del próximo año, el cual dedique a estimar cuánto ahorraríamos de recursos públicos en las campañas electorales gracias a la reforma constitucional de 2007. A propósito de los debates presupuestales, aprovecho este espacio para compartir de forma telegráfica algunos de los datos y observaciones que en extenso aparecen en el número de noviembre de la publicación referida que dirige Jorge Alcocer. Con la reforma electoral de 1996 se estableció que los partidos políticos recibirían recursos para gastos de campaña por un monto equivalente, en años de elecciones, al financiamiento ordinario.
De esta manera todo partido recibía un peso para gasto de campaña por cada peso de financiamiento ordinario. Ello implicaba no distinguir entre una elección “intermedia” y una de renovación de todo el Congreso de la Unión y del titular del Ejecutivo federal. La reforma de 2007 corrige el defecto de la norma previa y establece un financiamiento adicional del 30% del monto de recursos ordinarios para cada partido cuando se trate de una elección para renovar sólo a la Cámara de Diputados, y de 50% del financiamiento ordinario en una donde también se vote por senadores y presidente. Gracias a este cambio, el financiamiento para gastos de campaña en 2009 va a ser el más bajo de los últimos años y rondará los 786 millones de pesos.
Considérese que, en cambio, con la fórmula de 1996 se hubiese obtenido una cifra que alcanzaría los 2,900 millones de pesos por financiamiento para gastos de campaña en 2009. El primer impacto de relevancia, que es producto de la reforma al financiamiento en gastos de campaña, es un ahorro superior a los 2,100 millones de pesos sólo para la primera elección a celebrarse tras la modificación de la norma. Además, los topes de gasto de campaña para cada candidato a diputado el próximo año serán más bajos de lo que lo hubiesen sido si la ley permaneciera sin cambios. La Constitución define que: “La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos” (artículo 41, base II). Y, en consecuencia, el Cofipe establece en el artículo 229 que para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, “el tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial”.
Para las campañas a diputados, el tope máximo “será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos”, que son los distritos en que se divide la geografía electoral del país, y cuando sólo se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal. Como se desprende de la redacción constitucional recién citada, la reforma electoral incorporó también la regulación de las precampañas, de tal manera que los ingresos y gastos de esos periodos serán supervisados por la autoridad electoral. En lo que toca a los topes de gasto máximo en precampañas, el artículo 214 de la legislación federal establece que serán del 20 por ciento del tope que se haya definido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
Cabe decir que si bien la Constitución no estableció ningún artículo transitorio para fijar los topes de la elección de 2009, a partir de un nuevo cálculo del tope de gasto para la elección de 2006 —como sí lo hizo para determinar el límite de las aportaciones de los simpatizantes de los partidos, que es del 10% al año del tope de la elección presidencial previa— una interpretación sistemática de la ley electoral recomendaría tomar el tope de gasto que se desprende del actual Cofipe —y no de la versión previa— para definir los topes de gasto tanto de las campañas como de las precampañas. Si es así, dado que el tope de gasto de campaña que estableció el Consejo General del IFE en 2008 para la elección presidencial de 2006 —se entiende que fue un cálculo para determinar montos de aportaciones una vez que la reforma electoral fue vigente— fue de 215 millones de pesos ($215,087,372), esa cantidad entre 300 distritos arroja una suma de $716,958 pesos de gasto por candidato. Como, a la vez, el 20% del tope de gasto de campaña se aplica para el tope de erogación en una precampaña de diputado federal, en los procesos de selección interna los precandidatos tendrán un límite de gasto cercano a los 143 mil pesos.
Se trata de cifras que no es difícil alcanzar, por lo que la autoridad electoral habrá de hacer una tarea de fiscalización rigurosa para evitar que la norma se vulnere. En suma, merced la reforma electoral, el sistema de partidos será más de dos mil millones de pesos más barato el próximo año. Un dato duro en el que, por supuesto, los detractores de la reforma no reparan.