Lorenzo Córdova
El Universal
25/05/2023
Como parte del acoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República lanzó la idea de proponer una reforma constitucional antes del término de su mandato para que los ministros y ministras sean electos por el voto popular.
Esa idea está lejos de ser una ocurrencia, es el resultado de tres componentes: de una mentalidad de ejercer el poder profundamente autoritaria, del permanente llamado a la acción de sus seguidores y del potente y demagógico mecanismo de comunicación que se ha instaurado a través de las conferencias de prensa matutinas.
Por un lado —como explicaré más adelante—, la propuesta de elegir popularmente a los titulares de un órgano de control no es nueva y es un modo seguro y confiable de politizar las designaciones y asegurarse, a través del aparato partidista oficial, de colocar en dichos cargos a quienes funjan como leales correas de transmisión para asegurarse la subordinación del órgano. Cierto, no es el único modo de colonizar con personas afines las instancias de revisión del poder del Estado, pero es una manera segura y confiable de hacerlo y además vende muy bien: ¿quién se atrevería a decir que la elección por parte de la ciudadanía de cargos públicos trastoca la lógica de la democracia constitucional?
En segundo lugar, la propuesta se concretó como un llamado al voto mayoritario por Morena para 2024. La iniciativa de reforma constitucional no se plantearía en la actual legislatura donde estaría condenada al fracaso por carecer de los respaldos suficientes, sino como una de sus últimas acciones de gobierno al cabo de las elecciones del próximo año, con lo cual, para ser viable, el Presidente pide desde ahora —violando abiertamente la prohibición constitucional del artículo 134— el voto por su partido para contar con mayoría calificada en ambas cámaras y así poder modificar la Constitución como se propone. La lógica de la permanente campaña electoral en la que siempre se ha ubicado el actual gobierno.
Finalmente, la propuesta es el enésimo pretexto para, desde su “mañanera”, continuar la cruzada de descalificaciones y denuesto contra la incómoda SCJN y así darle sustancia a las hordas de intelectuales orgánicos, propagandistas, apoyadores y hasta fanáticos que replican irracionalmente la propuesta, alimentando el contexto de linchamiento que se ha construido en contra de un poder que, por su naturaleza constitucional, resulta incómodo a todo gobierno que desafíe, con su acción los límites que le impone la ley.
Si se analiza el tema desde una perspectiva comparada, la elección de los jueces constitucionales es una total anomalía en las democracias constitucionales. Con la excepción de Bolivia, en ningún país del mundo se elige a los integrantes de las Cortes y Tribunales Constitucionales nacionales. Es cierto que en algunos países democráticos —muy pocos, por cierto— hay algunos funcionarios judiciales designados por el voto popular, pero en general se trata de jueces de bajo rango y, casi siempre, encargados de asuntos menores, no de relevancia constitucional.
El todo caso, el ejemplo boliviano evidencia cómo el resultado ha sido una total politización de la justicia. Veamos: La Constitución de 2009, impulsada por Evo Morales, estableció que el Presidente sólo podía reelegirse una vez para un segundo periodo. Sin embargo, luego de que fue reelecto en los términos establecidos, Morales pretendió una nueva reelección para otro periodo de gobierno. Para ello, su mayoría en el Congreso aprobó cambiar el texto constitucional, pero al someterse al referéndum necesario para que la ciudadanía aprobara esos cambios, la mayoría de los bolivianos (más del 51%) votó en contra, abortando el intento de reforma. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros habían sido electos popularmente y eran afines al gobierno de Evo Morales, decidieron que la Constitución le violaba sus derechos políticos al establecer una sola reelección. Con ello no sólo abrió la puerta para una posible eternización en el poder del Presidente, sino que fue en contra del texto constitucional y de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos expresada en el referéndum.
El caso de Bolivia es el mejor ejemplo de que someter a votación popular la elección de quienes tienen la función constitucional de ser una instancia de control es la mejor manera de politizar esos cargos y de subordinarlos al poder de las mayorías (justo lo contrario a su esencia y su tarea).
Investigador del IIJ-UNAM