Ricardo Becerra
La Crónica
26/01/2020
¿Existe algún organismo, ente o institución, pública o privada, algún trámite que no exija como requisito la credencial para votar con fotografía? Desde el pasaporte hasta la licencia de conducir, cualquier contrato de compra venta, la entrada al antro o la elaboración de un testamento, sea la que sea, no existe en el México contemporáneo un documento tan acreditado y que suscite tanta confianza interpersonales e interinstitucional como la credencial para votar con fotografía. Junto con la ley, este debería ser el hecho sobre el cual ha de discutirse la nueva intentona del gobierno federal por hacerse de la identidad y los datos personales que sustenta cada una de las 89.9 millones de credenciales en México.
Como se sabe el asunto tiene una larga historia. Desde principios de los años noventa, la constitución imaginó dos documentos para la acreditación, de mexicanos y de electores: la cédula de identidad que emitiría el gobierno a través del Registro Nacional de Población y la credencial para votar producida por el entonces Instituto Federal Electoral. El caso es que mientras la credencial se expandió rápidamente, cobró confianza entre la población, introdujo la foto de su propietario y adicionó decenas de candados de seguridad, el proyecto de la cédula ni siquiera arrancó. Las necesidades de la ciudadanía sin embargo abrazaron y naturalizaron a la credencial y de facto, desde hace décadas, la utilizamos diariamente, y se convirtió en la verdadera llave con la que se abren las puertas de la vida social, económica, cultural, política, etcétera.
Este hecho, del tamaño del país mismo, debería ser suficiente para cambiar el chip que nos ha atarantado desde los años noventa, y propiciar una nueva reflexión: en lugar de tener dos documentos que van a competir entre sí y en lugar de volver a gastar grandes recursos que hoy por hoy México no tiene para generar una célula, porqué no admitir sensatamente la realidad y formalizar la credencial para votar como nuestra cédula de identidad oficial, habilitar al Registro Federal de Electores y su inmensa infraestructura ya instalada, para desarrollar el padrón de menores de 18 años de modo que el medio de identidad se universalice -ahora si- a toda la población.
Esta historia viene a cuento porque la actual Secretaría de Gobernación -igual que los tiempos de Felipe Calderón- ha venido a exigirle al INE que le entregue los datos biométricos de 89.9 millones de mexicanos. Insisto, está discusión ha sido recurrente durante los últimos treinta años y en esto, el gobierno de López Obrador no se distingue en nada de sus antecesores que con reiteración pavloviana, piden una enorme cantidad de datos de ciudadanos que los confiaron para ciertos fines y a cierta institución, por cierto, no a Gobernación.
Este hecho eminentemente político no debe pasarse por alto, pues los datos del padrón han sido custodiados y son vigilados por 333 órganos, supervisados, auditados y puestos a prueba todos los años en todas y cada una de las citas electorales en nuestro calendario. Desde 1994 el padrón y sus datos dejaron de ser tema de impugnación y se convirtió, al contrario, en la piedra angular de toda elección en México. Si estos datos son tan confiables es porque los resguarda una institución autónoma -hipervigilada- que nos ha dado identidad gratuita en los últimos 30 años. Situación muy distinta a entregar los datos al gobierno en turno, por definición partidista, que ni siquiera se ha tomado la molestia de presentar al público su proyecto para la cédula.
No es tiempo de suponer los apetitos clientelares que hay detrás de esta solicitud inamistosa, pero si de defender la pieza clave de la organización electoral en México, pues del padrón electoral depende todo lo demás: distritos, casillas, financiamiento, organización, capacitación, modelos de resultados rápidos, etcétera. Y hemos llegado hasta aquí entre otras cosas, por la confianza universal en los procedimientos y los sistemas que soportan a la credencial para votar.
El Instituto Nacional Electoral ha mostrado sus argumentos jurídicos y constitucionales, pero también vale la pena mirar la realidad y la historia de porqué las cosas han llegado a ser lo que son. Minar esta columna vertebral, ponerla a competir con un proyecto del todo incierto y parcial, transferir la médula ósea del sistema electoral a un gobierno transitorio, constituiría un duro masazo, ya no solo a la autoridad electoral, sino al medio con el que millones de veces al día, los mexicanos nos identificamos y recreamos nuestra vida social e institucional. También de eso se trata este debate.