Rolando Cordera Campos
La Jornada
14/02/2021
En materia de estadísticas económicas y sociales no puede hablarse de realidades contundentes; todo es relativo, sujeto a errores que pueden ser considerables. Y, sin embargo, se mueve, diría con sorna nuestro querido maestro Emilio Mújica, y los conteos, censos, encuestas… se esmeran en registrar evoluciones o involuciones, según sea el caso.
Sin contar y medir, nos resignamos a indeterminaciones veleidosas o a decisiones de quienes se creen con el suficiente poder para definir
realidades y, desde ahí, dictar acciones del Estado sin mayor deliberación. Así ha ocurrido y ocurre en las mejores y las peores familias y naciones. Sin información la deliberación se agota y la política se estanca.
Alojados en comunidades grandes y complejas, no tenemos opción: o (nos) medimos y (nos) contamos o nos extraviamos y las decisiones del Estado, que a todos nos implican, quedan a cargo de los poderes, constituidos o no. De aquí la importancia de los sistemas de información, entendidos como instrumentos de la sociedad en manos de los estados, y sus productos como bienes públicos
, cuya calidad debe cuidarse, con el mismo celo que la probidad de los órganos administrativos encargados de esas funciones.
Por años, la información pública se consideró coto cerrado; concentrada en unas cuantas oficinas gubernamentales e instituciones internacionales. En lo fundamental esto se corrigió para enfrentar la crítica de esos organismos y del sistema financiero global, pero también del reclamo democrático que entendía, con creciente claridad, que información es poder y que si se quiere un poder constituido democráticamente por la ciudadanía, la información oportuna, disponible y suficiente es una necesidad insoslayable.
El Inegi encarna estas evoluciones, y podemos decir que ha estado a la altura de las exigencias. No se trata de una institución infalible, pero su estructura y conformación permiten intervenciones dirigidas a hacerla cada vez más eficaz y eficiente. La apertura de los mercados nacionales y la intensificación de la competencia, son fuente de cada vez más sofisticados requerimientos informáticos que, en su origen, deben ser producidos por los organismos del Estado responsables por ley, y por sentido común, de esas tareas.
A su vez, el pluralismo político y social ha gestado nuevos tipos de demandas que tienen que ver con lo que llamamos acceso a la información
. Garantizarla forma parte de la defensa y protección de los derechos humanos y es la razón de ser del INAI. Infortunadamente, en vez de mejorarlo y facilitar su misión entendida como tarea de Estado, el gobierno pretende nulificarlo.
Hace mucho, aprendimos que con los sistemas de información no se juega y que las innovaciones y sustituciones tienen que esperar a que la carga de la prueba
sea satisfactoria. Nada peor que, sin meditación alguna, se cuestione nuestro complejo y delicado sistema nacional de información. Es como quedarnos sin luz so capa de defender a la CFE.
El gobierno tendría que asumir que la información producida en el seno del Estado lo obliga y compromete. Responder a (y por) ella para, luego de la deliberación social y de los órganos colegiados representativos del Estado, acometer reformas. Tal es, o debería ser, la operación permanente del Estado, que no admite pausas ni paréntesis esperando otros datos
que le dieran consistencia o credibilidad a sus propuestas.
El juego a que se ha dado el Presidente, a partir del tengo otros datos
, dificulta la deliberación política. Ni en los órganos colegiados, destacadamente el Congreso de la Unión y los estatales, ni en los partidos, ni en las organizaciones sociales y las cámaras empresariales ha podido desplegarse una dialógica
a la altura de la gravedad del presente.
Para la academia universitaria y otros centros epistémicos, el terreno de las políticas que se insiste en calificar de públicas
, es difícil de transitar; entre otras causas porque la información necesaria para construir escenarios y propuestas no siempre está disponible con oportunidad.
El resultado de este manglar es un vacío que con los días crece, caracterizado por la no política
y oprimido por un mutismo que, en estos tiempos, resulta ominoso. El comportamiento de los más afectados apenas se vislumbra, y lo que urden los grupos de poder financiero y económico en general es desconocido, salvo cuando irrumpe alguna oleada de especulación sin rumbo que el gobierno se apresura a descalificar con los peores argumentos y maneras.
Sin deliberación la democracia es gesticulación, y la política es apresada por especuladores y logreros. Por su parte, la política económica se figura y configura en territorios amurallados, allá por la Puerta Mariana de Palacio Nacional y hasta el Banco de México, otrora el Sancta Santorum de la estabilidad, se torna territorio en disputa, objeto de frívola manipulación.
La consecuencia casi inevitable: una contienda por el poder y su ejercicio que se realiza a ciegas; un ejercicio del mandato constitucional sometido a la ocurrencia; una sociedad silente, arrinconada y ¿por qué no? dispuesta a la simulación que esconde la sumisión. La República hecha trizas.