Jacqueline Peschard
El Universal
27/04/2015
Las campañas electorales de este año se mueven entre el litigio y la frivolidad. Ni partidos, ni candidatos se hacen cargo del desencanto de los ciudadanos frente a la política por la falta de soluciones a los problemas de corrupción y ausencia del Estado de derecho. Sus acciones están centradas en impugnar legalmente las acusaciones de sus contrarios y en desplegar campañas vacuas, con imágenes de arrastre comercial.
Mientras los partidos políticos atosigan a las autoridades electorales con quejas mutuas para que censuren al adversario porque “calumnia” a un político, los candidatos se afanan en promocionar sus figuras con spots ayunos de propuestas, pero adornados con imágenes y música popular, como si ofrecieran un producto comercial. Ni el litigio constante, ni la frivolidad que atenta contra la inteligencia de los electores son elementos capaces de atraer a los ciudadanos a las urnas, en cambio, sí contribuyen a deteriorar a las instituciones electorales y a los ya desprestigiados partidos políticos.
Las campañas electorales sirven para que los candidatos hagan planteamientos sobre los temas de la agenda pública y la libertad de expresión es su eje rector porque hay competencia. Es difícil pensar en una campaña sin ataques mutuos entre contendientes de diferentes partidos, sin embargo, el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos señala que los candidatos deben “abstenerse en su propaganda de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, o que calumnie a las personas”.
Está claro que el ejercicio de las libertades nunca es absoluto y que debe de haber límites al despliegue de la libertad de expresión, pero en una elección priva la confrontación. Las quejas que ha atendido la comisión respectiva del INE, facultada para dictar medidas cautelares y bajar del aire a spots calumniosos, han mostrado que el mecanismo ni es eficaz para proteger la dignidad de los agraviados, porque la exposición en medios ya ocurrió, ni tampoco alienta la confianza en las autoridades electorales.
El spot del PAN que critica el dispendioso viaje a Londres de la familia presidencial ilustra lo absurdo de la norma, pero lo importante que es para los políticos. Primero, la Comisión de Quejas desatendió el reclamo del PRI porque no encontró que dañara al partido y después, cuando la queja vino de la oficina de la Presidencia, sí aprobó la medida cautelar para retirar el spot. Más tarde, la Sala Especializada del Tribunal Electoral, resolvió que no había calumnia alguna y dictó que se repusiera el spot. Es claro que la norma sólo ha servido a los partidos y sus personeros.
En cambio, no hay protección alguna para los electores ante la frivolidad de las campañas políticas. De acuerdo con el análisis de spots de candidatos, elaborado por Vice y titulado “Los peores spots musicales de los candidatos” (noisey.vice.com), es evidente el desprecio de los candidatos hacia los electores. La lista de los peores spots muestra cómo candidatos a diversos cargos de elección y de diferentes partidos plagian impunemente éxitos musicales, incluso narcocorridos, a los que agregan letra de campaña. Con ello, hacen caso omiso de la violación a los derechos de autor y colocan la oferta electoral a la altura de una mercancía, donde importa más la envoltura, que el contenido.
¿Será que el hartazgo de los ciudadanos frente a la política los inclina a preferir promocionales que los distraigan y entretengan, en lugar de invitarlos a reflexionar?
El litigio y la frivolidad de las campañas muestran la estrechez de miras de partidos y candidatos y dejan sobre los hombros de los ciudadanos toda la responsabilidad de pensar más allá de las urnas.