Fuente: La Cronica
Por fin desde el gobierno se reconoce que la gravedad en que se encuentra la economía mundial tendrá repercusiones directas en México. Apenas un mes después de que se presentó el proyecto de ingresos y egresos al Congreso, Hacienda y la Presidencia de la República bajaron su expectativa de crecimiento del PIB para 2009 en un 40 por ciento (de 3 a 1.8%). Caerán, se asume, las exportaciones (que representan el 30% del total de ventas que realizan las empresas mexicanas, y de ese volumen ocho de cada 10 dólares se obtienen de compras que hacen los Estados Unidos), las remesas (incluso desde agosto ya habían caído por debajo de los dos mil millones de dólares), los ingresos provenientes del petróleo (el precio de barril de crudo mexicano se calcula en 75 y no en los 80 dólares que hasta hace unas semanas preveían las autoridades para 2009) y, ante la creciente incertidumbre y caída de las expectativas, la inversión se contraerá, lo mismo que el crédito (de hecho si el sistema financiero mundial está tocado por una elevada desconfianza que reduce la disposición a prestar y a endeudarse, la escasez del crédito será mayor en los meses próximos ante la necesidad del Tesoro norteamericano de conseguir recursos para llevar a cabo el plan de rescate que aprobó el Congreso de Estados Unidos el fin de semana pasado).
No serán, entonces, ni el sector exportador, ni las divisas del petróleo, ni los migrantes, tampoco la inversión extranjera directa, ni acaso el sector privado, quienes puedan ayudar a México a no caer en un bache aún más profundo de bajo o cero crecimiento. Como en toda trampa de estancamiento, será necesario recurrir a la palanca del sector público; ello a pesar de que llevamos años escuchando que será el mercado abierto, libre y sin trabas, el que se encargará de conducirnos a un crecimiento sostenido (hay que recordar, no obstante, que fue precisamente en el mercado, y en su falta de regulación, donde se larvó la actual crisis económica mundial).
Vamos, pues, tras el gasto público como herramienta de reactivación de la economía, poniendo inversión pública ante la retirada de la inversión privada. Eso es, en buena medida, lo que anunció el presidente Calderón. No deja de ser paradójico que un antikeynesiano tenga que recurrir al manejo anticíclico de la economía (gastar más cuando se entra en recesión), pero hemos visto estos días que fervientes críticos de la intervención pública acaban echando mano del Estado para tratar de poner las cosas en orden, tal como sucedió con Bush en los Estados Unidos.
Ahora bien, el presidente Calderón reconoce que por efecto de la recesión y de la disminución de los precios del petróleo, van a caer los ingresos fiscales en cerca de 28 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, anuncia que habrá una inyección de recursos públicos adicionales a la economía por 78 mil millones de pesos (menos de un punto porcentual del PIB, pero un 3.7 por ciento de los ingresos públicos), de los cuales 53 mil millones serán para inversión en infraestructura. Si recaudamos menos de lo que gastamos, ni hablar, estamos en déficit. Un mito está por caer: el de que México tiene y debe tener, a toda costa, unas finanzas en “equilibrio”. Para empezar, incluso antes del anuncio presidencial los ingresos públicos de México no estaban equilibrados sino, más bien, maquillados, con cargo a Pemex.
La explicación es sencilla: uno de cada tres pesos de los ingresos federales en promedio viene de Pemex, una empresa pública. Tras pagar impuestos, la paraestatal recurre al endeudamiento para operar (la deuda neta de Pemex ronda los 330 mil millones de pesos, y la deuda de corto plazo los 70 mil millones de pesos). Esa deuda, a fin de cuentas, es del sector público mexicano. Así, desde Hacienda se fuerza a Pemex al endeudamiento, aunque se presenten presupuestos públicos en equilibrio; en realidad, el déficit público ha estado en la empresa petrolera; operamos pues en números rojos.
Tan Pemex es quien incurre en el endeudamiento que el Presidente propuso, como la primera de sus medidas al Congreso, “que toda la inversión de Pemex deje de estar sujeta a la restricción que impone mantener un presupuesto balanceado”. Y es que en 2006 el Legislativo votó una ley de “responsabilidad hacendaria” que prohibió hacer lo que todo gobierno hace —o debe hacer— ante las recesiones: activar su gasto, su inversión. La ortodoxia hecha norma legal.
Es hora no sólo de quitarle el corsé a Pemex sino de desechar por completo la ley que impide practicar la política anticíclica y comprender que, igual que Alemania, que Estados Unidos, que cualquier país, hay situaciones en que incurrir en cierto déficit público se vuelve inevitable. De hecho, derogar esa ley no nos llevaría sino a reconocer la situación en la que hoy estamos y en la que, salvo para los maquillistas de las finanzas, no hemos dejado de estar. [email protected]