Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
20/08/2015
La Drug Enforcement Administration, bien conocida por su siglas DEA, ha sido la principal agencia ejecutora del despropósito conocido como guerra contra las drogas. El empecinamiento de la agencia en la defensa de la prohibición es comprensible, pues las organizaciones que se desarrollan en determinado marco institucional generan simbiosis con éste, ya que se especializan en sacar ventaja de los incentivos que generan esas reglas del juego, más si se trata del cuerpo encargado de su ejecución. Los burócratas y los agentes de campo de la DEA conocen como nadie los efectos de una política pública con un siglo largo de fracasos, de probada ineficiencia social, pero la defienden porque en ello les va la vida: sin prohibición no tendrían empleo.
Resulta, sin embargo, que incluso la terquedad interesada de la DEA se ha topado con la realidad. Hace un par de días, Héctor Aguilar Camín glosó en su artículo los dichos del nuevo director de la agencia, Chuck Rosenberg, quien ha dado instrucciones para concentrar los esfuerzos de los oficiales federales anti narcóticos en los casos más importantes de sus jurisdicciones, los cuales, según los propios agentes, no son los relacionados con la mariguana, sino los que implican heroína y otros opiáceos. Rendidos ante la evidencia y ante los recortes presupuestales, pues el Congreso les ha quitado fondos para el combate a la cannabis, los cruzados comienzan a batirse en retirada, con el prestigio abollado por el escándalo desatado cuando se supo que, durante sus arduas jornadas de trabajo en Colombia, los honorables combatientes anti drogas solían departir en fiestas con prostitutas pagadas por los capos de los carteles de la coca.
En los Estados Unidos la política respecto a la mariguana se ha ido modificando gradualmente, primero desde lo local, pero desde la primera elección de Obama el cambio ha sido asimilado poco a poco también por el gobierno federal, pues el presidente decidió no hostilizar a los estados que hicieran avanzar la legalización de la cannabis, ya fuera para usos médicos o lúdicos. Desde el principio de su mandato, su política de drogas comenzó a abrirse a las estrategias de reducción del daño, por más que el término siga causando escozor en aquellos lares. La persecución de la mariguana ya no es una prioridad del otro lado de la frontera.
En México, en cambio, el papismo es ahora mayor que el del Papa. El gobierno anterior mostró su fanatismo al extremo, pero el actual, timorato y desconcertado, ha seguido la corriente de la guerra y se muestra reacio a cualquier iniciativa que conduzca a la salida de la trampa mortal en la que se encuentra el país. Al gobierno federal, sobre todo a la Secretaría de Gobernación, la palabra cáñamo, no se diga la más coloquial mariguana, le sigue sonando a anatema. No sólo se ha cerrado Bucareli a cualquier posibilidad de avanzar en cualquier legislación que, basada en la evidencia científica y social, regule de manera racional los usos médicos y recreativos de la cannabis, sino que se aterroriza con la simple posibilidad de la existencia de una publicación, dirigida a personas mayores de edad, dedicada a difundir temas diversos relacionados con la planta: sus usos industriales, la cultura en torno a su consumo, sus virtudes terapéuticas.
La revista Cáñamo se publica desde hace dieciocho años en España y su edición chilena tiene ya una década. A México llegó impulsada por el videosta Julio Zenil, el escritor Carlos Martínez Rentería y el comunicólogo y activista Leopoldo Rivera, quien desde hace casi dos décadas ha encabezado la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis (AMECA) y ha sido un decidido defensor de los derechos de los consumidores, tradicionalmente estigmatizados, perseguidos encarcelados o extorsionados. El primer número de la versión mexicana de la publicación apareció en mayo y los editores solicitaron en tiempo y forma el certificado de licitud a la oficina correspondiente de la Secretaría de Gobernación. El dictamen con el que les respondieron es una muestra del talante del actual gobierno respecto a la mariguana y un resabio de las viejas formas de control de la libertad de expresión que imperaron durante la época clásica del régimen del PRI, supervivientes no sólo en la legislación sino en las mentalidades de los funcionarios encargados de aplicarla. La simbiosis entre las reglas y quienes las ejecutan ha producido un documento amenazante, restrictivo y que recuerda los momentos más oscuros del autoritarismo.
En una de las perlas del dictamen de Segob se dice: “En referencia al artículo 6° fracción IV del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, es pertinente mencionar que la edición analizada de la publicación pudiera proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres. Lo anterior ya que presenta varios textos con información técnica referente a la producción y autocultivo de cannabis, así como a sus aplicaciones en el tratamiento de diversos padecimientos…” Más allá de lo acedo de su apelación a la moral y las buenas costumbres, resulta que, según los dictaminadores, en México publicar artículos técnicos o científicos sobre un tema incómodo puede ser delito.
Las amenazas van más allá. La revista publica una entrevista con “Tito”, integrante de la banda Molotov; en ella el músico narra sus experiencias con la mariguana, su muy temprana edad de inicio en el consumo —a los trece años— y recomienda “…que si van a empezar a fumar lo hagan medio tarde, como a los 21 o veintitantos…”. Lo que el entrevistado ofrece como información para la reducción de daños, pues llama a quienes hayan decidido probar a retrasar la edad de inicio en el consumo, la autoridad busca plantearlo como una conducta ilícita, cuando pone estos dichos como ejemplo después de afirmar que “En referencia al artículo 6° fracción I del Reglamento Sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, se observó que la publicación pudiera contener escritos e imágenes que directa e indirectamente induzcan o fomenten vicios o constituyan por sí mismas un delito” y considera necesario solicitar a la PGR y la COFEPRIS su opinión sobre si la publicación —con el entrevistado— ha transgredido el marco normativo aplicable. La amenaza a la libertad de expresión, ejercida con responsabilidad, es evidente.
Mientras en los Estados Unidos el cambio cultural y legal respecto a la mariguana se ha acelerado, los burócratas mexicanos se empecinan en sus prejuicios y sus rutinas anquilosadas. Ya ni la DEA.