Sergio lópez-Ayllón y Pedro Salazar Ugarte
El Universal
03/04/2017
El pasado 15 de febrero, el procurador Cervantes presentó al Senado un diagnóstico -muy preocupante, sobre todo porque viene- de donde viene de la situación actual de la PGR (disponible en la Gaceta del Senado del día siguiente). En ese acto anunció que solicitaría al IU-UNAM y al CEDE la organización de una serie de mesas de análisis para generar propuestas que permitan superar ese estado de cosas. Aceptamos la tarea pues, como instituciones académicas y públicas, tenemos la responsabilidad de propiciar espaciosde diálogo abiertosy plurales que aporten soluciones a uno de los mayores retos del Estado mexicano: un sistema de procuración de justicia que funcione con eficacia y pleno respeto a los derechos de todos.
El tema es muy complejo, en particular por la diversidad de propuestas actores, intereses y visiones. Además, la seguridad, la procuración y la impartición de justicia forman un todo y no pueden verse por separado. Por ello, para calibrar la pertinencia y el alcance de ese ejercicio realizamos una serie de consultas previas con actores relevantes.
Convocamos a reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con un nutrido grupo de abogados litigantes y con académicos expertos en la materia. También escuchamos la opinión de diferentes Procuradurías del país.
De lo mucho que se dijo podemos destacar la necesidad de garantizar una fiscalía autónoma, la urgencia de colocar los derechos humanos en el centro del debate y la pertinencia de involucrar en el mismo al Congreso de la Unión. También se subrayó la necesidad de mirar la dimensión nacional del problema y la urgencia de revisar a fondo todos los tramos de operación de la (in)justicia mexicana. Se advirtió también la necesidad de tomar en cuenta la complejidad y diversidad institucional del país antes de imaginar «un modelo» de procuración de justicia; la necesidad de «pensar fuera del molde» para no repetir inercias y la admonición de que estamos frente a una oportunidad histórica.
Al cabo de este ejercicio inicial nos quedó claro que, para encarar este reto, se debe mirar al conjunto de actores e instituciones -desde los abogados hasta los jueces, pasando por los policías, peritos, ministerios públicos, defensores y organizaciones interesadas- y no solo a la Fiscalía General.
Todos los colectivos mostraron interés y disposición para participar. También lo han manifestado las propias Cámaras de Congreso, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Inacipe y otras instituciones académicas. Pero también existen reservas y cautelas. Nosotros hacemos nuestras éstas últimas. No por demos ignorar que enfrentamos un contexto de descalificaciones y hostigamientos a personas y organizaciones, al mismo tiempo que se está analizando un paquete de reformas regresivas en materia penal y discutibles -por decir lo menos- en materia de seguridad interior.
Consideramos que un ejercicio como el que nos invitan a emprender requiere de un contexto que lo haga viable y productivo. Por un lado, hace falta distensión y respeto entre instituciones públicas y organizaciones ciudadanas. Por otra parte, y aunque sabemos no es materia de competencia del procurador, es indispensable una moratoria legislativa en materias relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia. En particular, es indispensable poner pausa a la aprobación de la miscelánea penal y las iniciativas de seguridad interior. De lo contrario este ejercicio adolecería de dirección y legitimidad, pues, ¿qué sentido tendría intentar diseñar un modelo complejo para salir del atolladero en el que estamos si en el ínterin quienes tendrían que aprobarlo e implementarlo alteran las piezas y colocan engranes que trabarían su maquinaria?