Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada. 28/08/2008
Por mucho que se esfuercen sus autores, lo cierto es que fuera de las propuestas del Ejecutivo, sobre la mesa del Congreso sólo existen dos conjuntos de iniciativas: las que mandó el gobierno (corregidas por el PRI) y las que fueron elaboradas y discutidas por un amplio conjunto de expertos, legisladores y políticos, invitados o pertenecientes al Frente Amplio Progresista (FAP).
Es muy importante destacar, justamente, el carácter plural y multidisciplinario del grupo que trabajó en ellas porque, además de eludir el sesgo partidista, demuestra la existencia de, digámoslo así, una capacidad instalada en sabiduría específica que sencillamente las autoridades no tomaron en cuenta.
Hoy los temas y los problemas de la mayor industria del país se conocen mejor que nunca y, gracias al debate y la persistencia de algunos (a la necesidad de introducir la reflexión en torno al marco constitucional —que la iniciativa original había escamoteado para facilitar la privatización silenciosa—), la sociedad ha vuelto a reflexionar sobre la naturaleza del “interés nacional” y las alternativas realmente existentes en el mundo global.
Lamentablemente, el gobierno no parece dispuesto a abandonar su idea de vender a cualquier precio una mercancía que ahora se sabe está defectuosa. En lugar de retirar su propuesta para darle seriedad a sus planteamientos, sigue imaginando un escenario en el cual pueda alzarse con una apretada mayoría, sin entender, por lo visto, el retroceso que esto significaría aquí y ahora.
Están ciegos, pues nada afectaría tanto nuestro desarrollo como la aprobación al vapor de leyes de cuya valía ni siquiera sus impulsores están debidamente convencidos (recuérdense los lamentos sobre la reforma necesaria y la posible, pergeñados por algunos liberales desengañados porque no se instaló la venta de garaje). Obviamente, al PRI, como partido, le corresponderá en buena medida la decisión y por ella será juzgado. Lamentable sería que el heredero del PRM le diera la puntilla a la nacionalización del petróleo, pero en este mundo posmoderno todo puede suceder.
Se repite que entre las distintas propuestas hay numerosos puntos de coincidencia. Y así es. Sobre ellos podrán trabajar las comisiones respectivas, siempre y cuando se entienda que la transformación radical de Pemex es inaceptable si se parte de su anticonstitucional privatización. “Somos opuestos al desmembramiento de la paraestatal, a la reducción de sus áreas de actividad, a la pulverización de sus acciones, a su privatización, así sea parcial, independientemente de la forma o designación que se le quiera dar”, se refiere en el documento del FAP.
A muchos les parece principismo puro la fidelidad a la Constitución, pero mientras ésta no cambie ningún legislador podrá obrar sin respetarla. Más aún: la reflexión en torno a los principios constitucionales se convierte en la piedra de toque, en una posibilidad más que teórica para poner en pie una nueva estrategia de desarrollo.
Un aspecto de singular importancia, que en los esquemas oficiales parece no ser tan importante, es el que se refiere a la necesidad de pensar la reforma de Pemex como parte integral de una genuina reforma energética, de modo que se puedan pensar los proyectos en función de su desarrollo y no sólo, como ocurre hoy, en virtud de la dependencia fiscal del Estado a las actividades de la industria petrolera. En este punto está, evidentemente, una de las claves de los cambios que son necesarios y ante los cuales el establecimiento político y financiero se muestra más reacio. Sin una visión de Estado de largo plazo, México corre el riego de dilapidar sus recursos sin garantizar la seguridad energética, tema capital si los hay. Ojalá y los legisladores, sobre todo algunos panistas, pudieran dejar a un lado su impaciencia, la fe en el mercado (muy de capa caída) y la mitología de los “tesoros ocultos” y se pusieran, no como pide Reyes Heroles, a seleccionar “lo mejor” de cada iniciativa, sino a pensar en un planteamiento que recupere para México la iniciativa histórica en materia energética. Un buen comienzo sería aceptar que el gobierno no puede seguir perdiendo el tiempo hablándole al oído a las trasnacionales petroleras y sí tiene al alcance de la mano la posibilidad de aceptar cambios aquí y ahora en el funcionamiento de Pemex, sin esperar a la conclusión del proceso legislativo que para culminar bien debe trabajar con cuidado.
Esa discusión puede iniciarse de inmediato y ya existe un planteamiento elaborado con ese fin. Si la preocupación por la situación de Pemex es tanta como afirma el director de la paraestatal, ¿por qué no comenzar por tomar las medidas que no requieren reformas?
PD: El Presidente dice que en materia de seguridad “todos somos responsables”. No es así. La autoridad tiene una responsabilidad única e intransferible.