Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
18/05/2020
Más de 80 trabajadores de Notimex, la mayoría mujeres, no han podido quedarse en casa durante la pandemia. Tienen que cuidar la huelga que esta semana cumplirá tres meses. Arriesgan su salud, permanecen a la intemperie afuera de las instalaciones de esa agencia de noticias, padecen amenazas y se enfrentan a una desmesurada y absurda intolerancia, todo ello por defender su empleo y su fuente de trabajo.
Mientras la huelga ha transcurrido, se han develado prácticas ilegales y abusivas de la directora de Notimex, la señora Sanjuana Martínez, que además de una inadmisible intolerancia practica una peculiar misoginia. La huelga estalló en protesta por el despido de 241 trabajadores, de los cuales 172 son mujeres, así como por violaciones al contrato colectivo. Hace unos días se hicieron públicas las instrucciones de Martínez para que funcionarios de la agencia abrieran cuentas falsas en Twitter para descalificar a periodistas, especialmente mujeres, que ella considera adversarias suyas.
Martínez no ha querido dialogar con el sindicato. Notimex es una empresa del Estado mexicano, así que esa funcionaria mantiene su intransigencia y afecta a los trabajadores en representación de la administración pública y del presidente de la República que la designó para dirigir Notimex.
Los trabajadores no sabían que la huelga transcurriría en condiciones tan adversas pero no tuvieron más opción que iniciarla, el 21 de febrero. Desde que Martínez ocupó la dirección de la agencia, en marzo de 2019, fueron despedidos sobre todo trabajadores de base y sindicalizados sin que se les pagaran las liquidaciones que establece la ley. Actualmente están en trámite docenas de demandas de reinstalación (eran 124 hace medio año) que muy posiblemente ganarán los trabajadores cuando transcurra el tortuoso camino legal que experimentan esos litigios.
Para reemplazar a los trabajadores que despidió, Martínez contrató a cerca de 200 empleados con salarios menores a los que había en Notimex y que no eran precisamente altos. Entre los ahora huelguistas el salario promedio era de 12 mil pesos mensuales pero algunos recibían seis mil. La directora dispuso que esos salarios fueran reducidos en 40%.
Para oponerse a la huelga la directora de Notimex creó un sindicato blanco encabezado por un asistente suyo, Luis Monroy Caballero. Esa organización espuria no prosperó. Ya iniciada la huelga, la empresa la impugnó legalmente pero además amenazó a los sindicalizados. El 27 de febrero los trabajadores de Notimex votaron ante las autoridades laborales. 81 de ellos respaldaron la huelga y 60 votaron en contra.
El 4 de marzo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró que la huelga es legal. En cambio el comportamiento de Martínez no se ha ajustado a la ley. El 9 de abril llamó a elementos de la Guardia Nacional con el pretexto de que el sindicato había secuestrado bienes a cargo de la agencia. Cuando los oficiales de la GN constataron que no había sustracción ilegal alguna sino una huelga plenamente legal, se retiraron.
Cerradas por la huelga las oficinas de Notimex en varios domicilios, la directora habilitó una bodega en Coyoacán para mantener desde allí el funcionamiento de la agencia. Se trata de una acción ilegal, de sabotaje a la huelga. El 12 de mayo la Junta Federal ordenó a la dirección de Notimex que suspendiera toda operación de la empresa.
La mayoría de los huelguistas son mujeres. Cuatro de cada 10 de esos trabajadores son madres y jefas de familia. No han acompañado a sus hijos y familiares como hubieran querido durante los difíciles meses recientes, en plena pandemia, porque están en huelga. El patrón que se niega a dialogar, que despidió a muchos de ellos y que los agravia con sus decisiones e indiferencia, es el Estado.
Creada en agosto de 1968 Notimex funcionó como agencia de noticias del gobierno hasta que, en junio de 2006, el Congreso la transformó en un organismo descentralizado. Así dejó de estar adscrita al gobierno federal. Su director es designado por el presidente de la República pero el Senado puede objetarlo.
La designación de Sanjuana Martínez Montemayor como directora general de Notimex hace 14 meses fue sorpresiva porque, si bien fue reportera en varios medios, no contaba con experiencia en la gestión administrativa ni en la coordinación de actividades periodísticas. Desde su llegada, en los servicios de Notimex la propaganda ha reemplazado a la información. La parcialidad de sus notas y el empeño para golpear a críticos del gobierno (o a quienes esa directora considera que lo son) han propiciado desmentidos e impugnaciones. De acuerdo con los trabajadores, en un año los suscriptores y medios que publican información de Notimex han disminuido de 600, a 200.
Notimex se encuentra en el peor momento en su más de medio siglo de existencia. Hace pocas semanas se publicó el libro Notimex: La imagen sexenal de México en el mundo de José Antonio Aspiros Villagómez, periodista que trabajó largo tiempo en la agencia. Allí se documenta una historia con altibajos pero con logros que le dieron una sólida presencia pública a Notimex. Nunca en esas cinco décadas, durante las cuales estuvo al servicio de varios gobiernos autoritarios, Notimex había promovido difamaciones y engaños como sucede ahora.
La oficina en México de Article 19, una de las organizaciones con más autoridad en la defensa de periodistas y de la libertad de expresión en el mundo, emprendió una investigación sobre prácticas internas de Notimex. Por una parte, encargó al Signa Lab del ITESO, de Guadalajara, un estudio de las campañas en redes sociodigitales contra el sindicato de Notimex y algunos periodistas. Además, Article 19 entrevistó a una decena de antiguos y actuales trabajadores de la agencia.
El Signa Lab, que coordina la Dra. Rosanna Reguillo, analizó las interacciones de las cuentas que difundieron 8 mil mensajes de Twitter con agresiones a periodistas despedidos de Notimex. El informe de esa investigación, publicado el 12 de mayo, indica que tales mensajes se originaron en cuatro cuentas que, por otra parte, replican contenidos de redes simpatizantes con el presidente de la República.
Todos los testimonios que recabó Article 19 sostienen que Martínez les ordena a subordinados suyos que empleen sus cuentas personales y creen perfiles falsos para defenderla y acosar en línea a quienes cuestionan su desempeño. Uno de los entrevistados afirma: “En vez de concentrarnos en el trabajo periodístico, la agencia se ha concentrado en atacar vía redes sociales a quienes critican la dirección y el manejo de ésta”.
El exdirector de Noticias Internacionales de la agencia, Manuel Ortiz, asegura que Martínez le dio instrucciones para que organizara campañas contra las periodistas Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga. Ortiz, que asegura haberse negado a cumplir tales instrucciones, fue despedido en septiembre. Para intimidarlo, las redes que propagan tuits a favor de Martínez difundieron fotografías del hijo de Ortiz que tiene tres años.
Otro extrabajador de Notimex, el fotógrafo Alejandro Meléndez, afirma que en agosto pasado la directora indicó a otros funcionarios de la agencia que crearan redes de bots. Article 19 identificó una cuenta de WhatsApp coordinada por el actual director de Noticias Internacionales, Erick David Muñiz Soto, en la cual se transmitían instrucciones de Martínez a otros funcionarios de Notimex. Allí, de acuerdo con información del periodista Sebastián Barragán en el portal Aristegui Noticias, se organizaban agresiones con cuentas falsas a periodistas y otros personajes públicos con opiniones adversas a la gestión de Sanjuana Martínez o que daban espacio a reporteros despedidos de la agencia.
El viernes 15, después de publicar ese reportaje, las cuentas en redes sociodigitales de Aristegui Noticias, así como del SignaLab y su coordinadora, fueron sometidas a una intensa campaña de descalificaciones. Article 19 ha exigido que la Secretaría de la Función Pública investigue el empleo de recursos públicos para orquestar agresiones y que, por lo pronto, suspenda a la directora de la agencia.
Debido a ese empleo de recursos públicos para atacar a quienes Martínez considera sus adversarios, el Consejo Editorial de Notimex declaró el mismo 15 de mayo: “siempre estaremos en contra del uso faccioso de la Agencia Notimex por cualquier instancia”. El Consejo solicita “a las entidades federales competentes investigar a fondo las informaciones referidas para esclarecer los hechos denunciados y se deslinden responsabilidades”.
Por otra parte diez de los 58 senadores de Morena difundieron un comunicado en donde, “ante los acontecimientos en torno a Notimex”, dicen que los derechos constitucionales deben interpretarse de acuerdo con tratados internacionales y que uno de ellos es el derecho a la información. Con ello sugieren que la agencia debería seguir funcionando a pesar del conflicto laboral. El documento de los senadores, promovido por Martí Batres, es una vergüenza política y jurídica. No menciona la palabra “huelga”, ni a los trabajadores de la agencia, y con el subterfugio de defender “el derecho humano a la información” enfrenta la resolución de la Junta Federal de Conciliación que ordenó la suspensión de actividades de Notimex.
La agencia del Estado, disminuida a instrumento de propaganda sin credibilidad ni calidad periodísticas, no contribuye al derecho a la información. Y entre los derechos protegidos por la Constitución están los de índole laboral, entre ellos el de huelga. Uno de los legisladores que suscriben esa mezquina declaración es el presunto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, cuyo antagonismo con los trabajadores y sus derechos se confirma en ese documento.
La huelga en Notimex ha contribuido a que se conozcan los excesos de una directora sin capacidad para conducir una empresa periodística, ni para comprender que Notimex es una institución pública y no un instrumento de propaganda. Es inaceptable el empleo faccioso de Notimex. Pero sobre todo es injustificable que a docenas de trabajadores, la mayoría mujeres, que defienden su empleo y a la agencia, se les obligue a seguir en huelga en plena pandemia.