Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
23/02/2015
La discusión colegiada siempre es atractiva, de allí surgen perspectivas que no resultan de los puntos de vista únicos, y puede llegar a ser creativa cuando no se entrampa en menudencias. Pero ese mecanismo para llegar a decisiones conjuntas se convierte en una trampa cuando no va acompañado de la voluntad para conciliar diferencias, alcanzar acuerdos, para hacer política.
Esas han sido virtud y maldición constantes de los organismos colegiados que los mexicanos construimos para decidir asuntos de la vida pública con autonomía, y con una mirada independiente, que no siempre tienen las posiciones por definición parciales de los partidos políticos. Ese es el mérito y la dificultad que desde hace casi un cuarto de siglo experimenta la autoridad electoral.
El Instituto Nacional Electoral, como antes el IFE, está conducido por consejeros sin militancia partidaria. La independencia respecto de los partidos es condición para que ese organismo tenga la autonomía que requieren sus decisiones pero, desde luego, cada uno de sus integrantes tiene convicciones políticas. La variedad de posiciones es expresión de pluralidad en el Consejo General que conduce al INE.
Sin embargo, cuando varios consejeros se coaligan para defender siempre la misma perspectiva, la discusión se empobrece, a la postre el Consejo se convierte en caja de resonancia de posiciones partidarias y la independencia de la autoridad electoral queda comprometida.
Eso sucede ahora en el INE, igual que ocurrió en varias ocasiones en el ya largo trayecto del antiguo IFE. En la sesión del miércoles 18 de febrero, los representantes de siete partidos se ausentaron del consejo general en el que tienen voz, pero no voto. Reaccionaron así al comportamiento de seis de los once consejeros del INE, que impidieron la discusión de las normas para que los funcionarios públicos no se hagan propaganda con recursos fiscales.
Ese reglamento, que obedece al marco general que establece el Artículo 134 de la Constitución, debió haber sido aprobado hace varias semanas, porque el proceso rumbo a la elección de junio ya está en marcha. Sin embargo seis consejeros se negaron a discutir los proyectos que había para enfrentar el tema. No ofrecieron explicaciones, simplemente dijeron que como eran mayoría, el resto tenía que ceñirse a sus posiciones.
La cancelación del debate ocurrió en dos fases. Primero, los puntos relativos al reglamento sobre gastos publicitarios fueron trasladados al comienzo de la orden del día. Luego fue aprobada su postergación. Cuando se les requirieron explicaciones, porque el Reglamento del Consejo General establece que cualquier posposición de un tema debe ser argumentada, el vocero de ese bloque, el consejero Marco Antonio Baños, alardeó: “No hace falta ser doctor en matemáticas para revisar que si hubo seis votos para modificar el orden del día… se deduzca que hay interés en fortalecer el documento por una revisión adicional”.
En realidad se trata de aritmética simple, pero el consejero Baños tendría que recordar que en política las sumas, igual que las restas, son constantemente veleidosas.
El grupo que ha encabezado en las sesiones recientes y que ha sido capaz de dificultar decisiones del Consejo General lo forman, junto con Baños, los consejeros Enrique Andrade, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Benito Nacif y Javier Santiago. Esos consejeros, por lo general, han respaldado decisiones que favorecen al PRI. Dos de ellos, Favela y Galindo, hacen mayoría en la Comisión de Quejas del Instituto, integrada por tres consejeros, y ha sido notoriamente aquiescente con el Partido Verde, cuya propaganda en cines y otros espacios violenta las reglas e irrita a cada vez más ciudadanos.
Habrá que preguntarse si todos esos consejeros querrán etiquetarse como parte de un bloque allanado a la voluntad de la alianza PRI-PVEM y, por lo tanto, inconsecuente con la autonomía que tendría que caracterizar a la autoridad electoral.
Otros cinco consejeros (Ciro Murayama, Arturo Sánchez, Pamela San Martín, Roberto Ruiz Saldaña y el presidente del Consejo Lorenzo Córdova) proponían que las propuestas para reglamentar gastos publicitarios se discutieran en esa sesión.
La exclusión de un tema importante, el debate prolongado y nada fructífero, así como la bravuconería del consejero Baños, propiciaron la desmedida retirada de siete partidos: PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, así como los nuevos partidos Humanista y Encuentro Social.
Más tarde los representantes de esos partidos dijeron que rechazan la creación de bloques como el de Baños y compañía, y reprocharon que aún no haya sido designado el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. A cargo de esa área se encuentra Alfredo Cristalinas, que desempeñaba esas tareas en la anterior estructura del organismo electoral.
Esa Unidad ha permanecido sin nuevo responsable porque, de acuerdo con la nueva Ley Electoral, la designación de funcionarios de ese rango requiere del voto de ocho de los once consejeros. Al elevar la mayoría necesaria para tales nombramientos, el Poder Legislativo complicó las decisiones en el Instituto. Ahora, sin embargo, varios de los partidos que elaboraron y aprobaron esa Ley, les reprochan a los consejeros del INE las dificultades que tienen para cumplirla.
Los representantes partidarios que se ausentaron del Consejo, abusaron de la retórica al protestar por “la falta de imparcialidad que ,como en ninguna época, se vive en esta institución clave de la democracia mexicana”. Algunos de ellos, o todos, tienen edad suficiente para recordar cómo se conducía la autoridad electoral cuando era acaparada por el gobierno.
Menos altanería de los consejeros, que por ahora reúnen más votos y menos arrebato y demagogia de los representantes partidarios inconformes, porque no se les toma en cuenta como quisieran, permitirán que la autoridad electoral tome decisiones con la deliberación y la seriedad que los ciudadanos tenemos derecho a exigirles a todos ellos.