Juárez limitó al Senado

2017 será un año de recortes presupuestales y tanto los estados como la Ciudad de México se han quejado del proyecto de presupuesto que elaboró Videgaray y que le tocó a Meade presentar y defender. El recorte es brutal, quizá necesario, pero drástico, por eso la negociación ha sido complicada. Tanto así que el secretario de Hacienda ha implorado generosidad a los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. El presupuesto no es un problema de buena voluntad, es un proyecto de nación lo que está en juego.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del PRD han decidido manifestar públicamente su inconformidad; consideran que los recortes castigan en exceso los programas sociales y se ensañan particularmente con los gobiernos locales.

Además de la marcha que acabó en Los Pinos, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, en su comparecencia frente a la Asamblea, convocó a los diputados de todas las fuerzas políticas de la ciudad a unir fuerzas con Mancera y con los 16 delegados para hacer un frente común que defendiera el presupuesto de la ciudad.

La convocatoria suena racional, sin embargo, se ha cuestionado su posibilidad de éxito porque el PRD dejó de ser la fuerza hegemónica del otrora DF. Parece cuesta arriba que los representantes de Morena, del PAN y del PRI quieran unirse a la causa perredista y hacer algo que políticamente podría favorecer a Mancera, cuando ya todos piensan en 2018.

El problema que estamos viviendo no es coyuntural, es estructural. El Senado, que en teoría debería representar los intereses de los estados y de la Ciudad de México, no tiene voz ni voto para decidir cómo gasta la Federación. No hay manera institucional para resolver el conflicto.

En el siglo XIX copiamos de Estados Unidos las características principales de nuestro sistema político. Instituimos un régimen presidencial con un Congreso bicameral. La Cámara de Diputados o Cámara baja habría de representar a la población en general y, por tanto, el número de distritos dependería del tamaño de la población de cada estado. La Cámara alta o Senado debería representar a los estados con independencia de su población, por eso cada uno de ellos contaría con dos senadores.

La Asamblea Constituyente de 1857 decidió eliminar la Cámara alta, a la que identificaron, en el Diario de Debates, como una representación de la aristocracia, por tanto, contraria a las ideas republicanas. Durante la presidencia de Benito Juárez se restauró el Senado, pero se tuvo el cuidado de no devolverle la facultad de aprobar el presupuesto. De entonces a la fecha no tenemos propiamente una Ley de Egresos.

Si a eso sumamos que, como producto de la transición, agregamos 64 senadores de representación proporcional y otros 64 de primera minoría, podemos afirmar que el Senado no representa a las entidades, es una expresión más de la fuerza de los partidos políticos en nuestra incipiente democracia.

En Alemania, también un país federal, la Cámara alta o Bundesrat representa a los estados o Lander, y la ley de presupuesto (ingresos y egresos) debe ser votada por los senadores, con la peculiaridad de que sólo cuentan con un voto por Lander. El número de senadores varía de tres a seis por estado, pero para votar el presupuesto cuentan con un solo voto, es decir, están obligados al acuerdo, de lo contrario, pierden su voto. La racionalidad de esta disposición es relativamente sencilla, el presupuesto conviene o no a un estado, su voto no puede estar influido por la filiación partidista de cada senador.

La mejor prueba de que el Senado no sirve para el propósito que le dio origen es la existencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). En el proceso de transición, cuando los gobernadores dejaron de ser del partido del Presidente, se formó este club de gobernadores (formalmente en 2003) para defender el pacto federal. ¿Será momento de regresar al Senado la facultad de aprobar la Ley de Egresos?