Kristian Bernal era un buen amigo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Joven profesor, investigador, jurista claro, crítico político, discutidor y sobre todo, afable y lleno de vida. No puedo decir que compartiera a pie juntillas las tesis de ese grupo de reformistas de izquierda que conforman al IETD, pero su atención y cercanía con compañeros como Lorenzo Córdova y con otros tantos proyectos y puntos de vista asociados lo hizo, a últimas fechas, nuestro frecuente y curioso visitante.
Luego, murió inesperada, injusta, violenta y estúpidamente.
De forma cruel, el siguiente artículo suyo fue publicado en El Universal, justo el día, la mañana, que fue asesinado. El resto de textos, son un sencillo homenaje a la brillante presencia de aquel profesor, por parte de quienes lo conocimos ó fuimos sus amigos.
Sancionar al PVEM
Jorge Kristian Bernal Moreno
*El Universal 30 /07/ 2009
Hace unos días se dio a conocer que el Partido Verde Ecologista de México es la organización política que más sanciones económicas ha recibido por parte del Instituto Federal Electoral de febrero de 2008 a la fecha. Nada nuevo si consideramos el desafiante perfil y la cuestionable ética que ese instituto político mostró durante el proceso electoral que está por concluir.
Lo que llama la atención es que, según el propio IFE, el monto total de estas multas asciende a poco más de 15 millones de pesos. Desde luego que dentro de esta cantidad no están contemplados los 20 millones que el Tribunal Electoral condonó a principios de mayo por la transmisión de los spots de sus legisladores durante el periodo de intercampañas. Tampoco aparecen en esta relación las dos multas más recientes que recibió esa agrupación a causa de la insistente difusión de propaganda política a través de spots de las revistas Cambio y TV y Novelas, cuyo monto total asciende a 5.1 millones de pesos. La causa es que dicho estudio sólo contempla las sanciones que hasta este momento han quedado firmes, es decir, aquellas que no fueron impugnadas o que, habiéndolo sido, el Tribunal Electoral confirmó.
De cualquier manera, para dimensionar estas cifras vale la pena traer a cuenta la cantidad de dinero que el Partido Verde Ecologista recibió en los últimos dos años: algo así como 530 millones de pesos, provenientes del erario público para financiar sus actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña
De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, la “inversión” de estos recursos le permitió a esa fuerza política obtener 2 millones 328 mil 72 votos, equivalentes a 6.71% de la votación nacional, con lo que aumentó su representación en la Cámara de Diputados (y sus prerrogativas para el próximo trienio), pasando de 17 representantes que tuvo en la 60 Legislatura a 22 asientos que controlará a partir del 1 de septiembre de este año.
Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre la eficacia del régimen de sanciones que nuestro sistema electoral prescribe, dado que, para decirlo con el consejero Alfredo Figueroa, “parece que hoy en día es más rentable violar la ley que acatarla”.
Cesare Beccaria, uno de los grandes reformadores del derecho penal, decía que el fin de las penas “no es otro que impedir al reo causar nuevos daños y disuadir a los demás de la comisión de otros tantos”, lo que evidentemente en nuestro país no sucede.
No hay duda de que el procedimiento especial sancionador (la novedad punitiva de la reforma electoral más reciente) le inyectó altas dosis de equidad a la contienda gracias a la rapidez con la que se tramita y a la posibilidad de que a través de él se retire la propaganda ilegal. Aunque también hay que reconocer que estuvo lejos de lograr que sus sentencias persuadieran a los sujetos regulados.
Un problema adicional fue el que la autoridad administrativa enfrentó para actualizar la figura de la reincidencia a partir de que, en febrero de este año, el Tribunal Electoral estableció los requisitos para ello: a) que la infracción se haya dado durante el mismo proceso electoral; b) que se afecte el mismo bien jurídico tutelado; y c) que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor tenga el carácter de firme
Como se puede apreciar, la rigidez de la jurisprudencia y los tiempos en los que los magistrados suelen resolver (aun cuando en materia electoral son mucho menores que en cualquier otra rama de la justicia) hacen que en el transcurso de una contienda sea prácticamente imposible condenar al mismo sujeto por conductas similares y, en consecuencia, potenciar la sanción que le corresponde a un infractor contumaz.
En la reforma que viene este tema no puede quedar ausente. El régimen sancionador electoral debe transitar a un esquema que indefectiblemente conduzca al partido político a la pérdida de su registro, si éste se empeña en hacer de la ilegalidad un modus para cumplir sus objetivos. Debemos erradicar la ecuación del costo-beneficio, tan arraigada en el ámbito mercantil como lejana del interés público.
Reforma electoral: triste orfandad
Kristian Bernal
*Reforma 04/05/2009
«Lamentable resolución» es un epíteto justo para calificar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 8 de mayo revocó dos multas que el Instituto Federal Electoral impuso al Partido Verde Ecologista de México por un monto de casi 20 millones de pesos.
La causa de dicha sanción fueron los spots persistentemente difundidos durante los días que transcurrieron entre las precampañas y el inicio de las campañas en los horarios preferenciales de los principales canales de Televisa y Televisión Azteca. En el primero de ellos, recordará el lector, los legisladores de dicho partido daban cuenta de una iniciativa a favor de la pena de muerte rubricada con el vistoso emblema de ese instituto político, que contrastaba con la disminuida presencia del escudo oficial de la legislatura federal en funciones. En un promocional ulterior, la actriz Maite Perroni advertía a los televidentes que el Partido Verde «sí está preocupado y sí está haciendo cosas» (se entiende que en favor de la ecología).
Las diferentes versiones de estos mensajes tuvieron el común denominador de ser transmitidas fuera de la pauta ordenada por el IFE. En el primer caso, los spots se adquirieron con recursos de los propios legisladores, mientras que los promocionales de la segunda tanda presuntamente fueron pagados con dinero público de la fracción parlamentaria que encabeza la diputada Gloria Lavara. Otra circunstancia digna de tomarse en cuenta es que el periodo durante el cual fue difundida dicha propaganda es un tiempo vedado al proselitismo electoral. Por ello es que los spots trataban de ubicarse dentro de la excepción que permite a los servidores públicos utilizar su imagen para difundir una vez al año sus informes de gestión. Lo que llamó la atención es que por primera vez en este tipo de mensajes aparecían personas distintas a los titulares de los poderes públicos, además de la insistente mención del partido al que pertenecen.
En las sesiones públicas en las que se discutieron las multas que impuso el IFE no faltaron las acusaciones de censura hacia quienes veían en la conducta del Verde una clara infracción a la ley. La decisión no se tomó por unanimidad, pero fue respaldada por los consejeros que habitualmente sostienen una amplia interpretación de la libertad de expresión. Por el contrario, en defensa del inculpado acudieron el PRI (aliado político) y el PAN, partido en el gobierno que hasta hace unos meses se ufanaba de la reforma electoral y la defendía como uno de sus grandes logros.
Quizá por ello no debe sorprendernos que por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral dinamitaran la estructura de uno de los pilares que sostienen el nuevo modelo de comunicación política: la prohibición de comprar o vender mensajes en radio y televisión con fines proselitistas (aún cuando dicha transacción comercial se esconda tras el ejercicio de un derecho). Las debilidades del fallo se advierten desde el momento en que al margen de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se trató a los legisladores como «ciudadanos» para que su recurso pudiera prosperar, inmediatamente después el propio Tribunal les reconoce el carácter de de servidores públicos con el que a partir de ahora tienen acceso a un mercado impedido a todos los demás.
A millones de personas les consta que los promocionales del Partido Verde irrumpieron en el proceso electoral en perjuicio de la equidad en la contienda. En el futuro, para que la propaganda gubernamental ostente tal categoría deberá formar parte de la política de comu- nicación social del órgano de Estado al que los servidores públicos pertenezcan; de otro modo, cualquier funcionario, con recursos propios o ajenos, públicos o privados, podrá informar de su gestión y ostentar su militancia sin que por ello pueda ser recriminado.
En todo caso, lo que tristemente se ha comprobado es que los dos partidos que seguramente obtendrán el mayor número de legisladores en los próximos comicios repudian la paternidad de una reforma que, por lo visto, tampoco la máxima autoridad electoral está dispuesta a tutelar.
Kristian Bernal
Ciro Murayama
*La Crónica 07/08/2009
A propósito de la organización de un seminario conjunto entre la revista Nexos y el Instituto Electoral del Estado de México sobre la reforma electoral de 2007, Lorenzo Córdova me propuso como ponente a Kristian Bernal, un abogado joven, profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, quien estaba trabajando el tema de las atribuciones de las autoridades electorales. Kristian hizo una exposición clara, ordenada, de la lógica y efectos de la reforma sobre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del sentido político e histórico de las modificaciones constitucionales y legales. Desde entonces, fue frecuente coincidir con Bernal.
Trabajó, por invitación de Ricardo Becerra, en la coordinación de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, a cargo de Edmundo Jacobo. Ahí le tocó contribuir a sustentar jurídicamente los primeros procedimientos especiales desahogados por el Consejo General, y que correspondía sustanciar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Así, lo que había sido su objeto de estudio como académico, la autoridad electoral administrativa se volvía su materia de trabajo profesional. Fue pionero, de esta manera, junto con sus compañeros de trabajo, en aplicar las nuevas responsabilidades que el legislador le confirió al IFE y, en especial, a la Secretaría Ejecutiva. Kristian hablaba de su trabajo con interés y entusiasmo y, gracias a su inquietud como analista e investigador, pronto comenzó a publicar artículos sobre el tema. Sus informadas colaboraciones aparecieron en “Enfoque” del diario Reforma y en El Universal.
Al inicio de este año, recibió una invitación de Fernando Serrano Migallón, quien había sido director de la Facultad de Derecho de la UNAM y con quien había trabajado de manera cercana antes, para sumarse al nuevo equipo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Ahí se fue Kristian a una nueva empresa intelectual y profesional. Siguió, sin embargo, escribiendo sobre asuntos electorales, dado su buen conocimiento del tema. Así, se encargó de un capítulo del libro “Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La reforma electoral”, que coordinaron Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. En la presentación del libro, hace apenas un mes, el 2 de julio, me comentaba de los retos que tenía la institución de su nuevo trabajo, el Conaculta, pues con rapidez y disposición se comprometía en sus tareas profesionales. En suma, tenía vocación por la academia, por el servicio público y por el debate informado, razonado.
En los meses recientes Bernal se acercó al grupo de colegas y amigos que conforman el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) y acudía puntual al seminario permanente, una mañana de sábado de cada mes, en el museo Trotsky. Tras el seminario, se incorporaba a las tradicionales comidas y a las largas y plácidas sobremesas. Le recuerdo en esas reuniones, como en los momentos de trabajo, siempre cordial, de sonrisa espontánea, amable, con facilidad para la conversación amena, es decir, como una persona muy agradable por la que se siente aprecio, afecto, de forma natural.
La madrugada del jueves 30 de julio, la semana pasada, Kristian fue asesinado. Tras ir al cine con una amiga y dejarla en su casa en la colonia Roma, recibió un balazo en el hombro. Al parecer un robo. Le quitaron el teléfono celular, la cartera y le pegaron un tiro. Herido, tuvo la serenidad que le era tan propia, la inteligencia, para conducir su coche hasta un hospital cercano, el Dalinde, donde pidió ayuda, atención, y donde murió. Tenía, apenas, 34 años.
Bernal le había dado un sentido a su vida gracias a su dedicación al trabajo, a su buena educación, y el mayor sinsentido de esta ciudad, la inseguridad, le arrancó de manera abusiva la existencia. Por unos cuantos pesos (¿cuánto puede valer un celular robado?), un delincuente, tan estúpido como peligroso y despiadado, le quitó la vida. A la tristeza honda por la muerte de un hombre joven y bueno, se suma la desazón que crece en la certeza de que el responsable difícilmente será hallado y enjuiciado. El asesinato de Kristian es la constatación brutal de la vileza cotidiana que nos rodea, la degradación en que esta ciudad ha caído y la fragilidad de nuestra existencia aquí.
En los últimos instantes de su vida, al llegar malherido de bala al hospital, Kristian dio su nombre y explicó que era profesor de la Facultad de Derecho, fue la manera de identificarse para recibir auxilio: en ese momento quiso que se supiera que tenía una profesión noble, que trabajaba en una institución digna, ese era él. Murió así, identificándose como maestro universitario, como una persona de bien. Por eso, su pérdida es tan triste, tan indignante, tan encabronante.
Jorge Kristian Bernal Moreno
Por Miguel Ángel Granados Chapa
* La Jornada 03/08/2009
El jueves en la madrugada fue asesinado de un balazo en el pecho el doctor en derecho Jorge Kristian Bernal Moreno, de 34 años de edad. Se presume que fue víctima de un asalto, probablemente para robarle el vehículo que conducía y en el cual pudo llegar a un hospital en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. Estaba malherido, sin embargo, y murió apenas llegó al sitio donde buscó auxilio. Hasta ayer, la averiguación previa no había logrado establecer las circunstancias en que se produjo la agresión a Bernal Moreno, profesor de la Facultad de Derecho, cuyos alumnos han expresado su consternación por el deceso. También lo hizo el Comité conciudadano para la reforma electoral al que pertenecía el joven académico, que se había especializado en los temas concernientes a las preocupaciones de esa entidad civil. Creado en 2007 como un espacio para la observación electoral, el comité pasó después a formular propuestas sobre la reforma respectiva y a seguir paso a paso los ajustes constitucionales y su consecuencia, la reforma al código sustantivo y a las leyes procesales correspondientes.
Luego de graduarse en la Facultad de Derecho de la UNAM, Bernal Moreno obtuvo una beca del Conacyt para doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó exactamente un año antes de su muerte. También cursó estudios en la Universidad Carlos III de la propia capital española. Fue secretario particular de dos secretarios generales de la Facultad de Derecho, donde obtuvo la titularidad de una plaza de tiempo completo. En un tiempo fue también asesor del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Edmundo Jacobo Molina.
Se perfilaba como un autor asiduo sobre temas de derecho público. En la colección de Estudios Jurídicos de su facultad publicó «El paradigma del presidencialismo en las relaciones y el equilibrio entre los poderes en el sistema político mexicano actual» y «La nacionalización de las campañas mediáticas. El modelo francés para México». Participó con un estudio sobre «La reforma al artículo 134 constitucional y su interpretación durante el proceso electoral 2009», en el libro Democracia sin garantes. Las autoridades vs la reforma electoral, coordinado por Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. En el prólogo a esa obra el doctor Jorge Carpizo refiere que Bernal Moreno «analiza otro de los temas más polémicos de la actuación de los órganos electorales en su tarea de intérpretes e instrumentadores de las normas que se introdujeron en la última reforma electoral: el de la regulación de la prohibición que establece el artículo 134 de la Constitución federal al uso político de la propaganda gubernamental y a la personalización mediante la utilización del nombre, la imagen y la voz de los servidores públicos. Se trata de un tema complejo, debido a que es uno de los ámbitos de la reforma en los que el legislador no terminó su tarea normativa al no expedir la ley reglamentaria. Eso provocó que la regulación quedara en manos del IFE y del Tribunal Electoral».
El lamentablemente fallecido Bernal Moreno emprendió su ensayo desde una perspectiva crítica. Si bien partió de calificar como «encomiable propósito» el del reformador constitucional, lamentó el que la reforma quedara «inacabada», inconclusa, pues el legislador «no expidió una serie de disposiciones para hacer efectiva» la adición constitucional, salvo la reconfiguración del Cofipe. Por ello, «el Instituto Federal Electoral se erigió como la única autoridad de este nivel de gobierno con posibilidad de aplicar las normas relacionadas con la propaganda gubernamental…». De allí se deriva el hecho de que «cualquier propaganda gubernamental que no tenga carácter institucional o que promueva la imagen de los servidores públicos es ilegal, pero no en todos los casos es competencia del IFE».
Tras examinar tres sentencias de la justicia electoral sobre la materia, el autor deploró «la incierta y a veces contradictoria glosa» de las disposiciones aplicables. En esos fallos, concluyó, «desafortunadamente han naufragado los propósitos originales del legislador». También criticó el que en diciembre de 2008 el Consejo General del IFE, fundándose en las sentencias del tribunal, desechara 117 quejas «relacionadas con presuntas violaciones en materia de propaganda personalizada de los servidores públicos». De allí que en su «reflexión final» censure al Congreso por haber dejado «huecos en la ley tan evidentes que generan dudas razonables sobre su labor» y haga notar que «en la práctica administrativa y judicial tampoco haya sido posible aplicar con todo rigor estos principios a causa de interpretaciones de la autoridad electoral, o muy laxas o muy rígidas, pero siempre contradictorias».
Bernal Moreno no pudo leer impreso su artículo póstumo, aparecido en El Universal el jueves pasado, horas después de la muerte de su autor. Bajo el título «Sancionar al PVEM», el joven profesor ahora muerto puso en cuestión el sistema punitivo electoral, consistente en multas cuyos montos por altos que sean alientan la infracción legal, que se vuelve así muy rentable. Por eso concluyó proponiendo que un nuevo régimen sancionador establezca «un esquema que indefectiblemente conduzca al partido político a la pérdida de su registro, si éste se empeña en hacer de la ilegalidad un modus para cumplir sus objetivos. Debemos erradicar la ecuación del costo-beneficio, tan arraigada en el ámbito mercantil como lejana del interés público».
Sancionar la simulación
Lorenzo Córdova
*El Universal 12/08/2009
A la memoria de Kristian Bernal
El pasado miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó las multas que el IFE había determinado imponer al PVEM y a Editorial Televisa, por 4 millones de pesos a cada uno, vista la transmisión de una serie de spots televisivos promocionales de la revista TV y Novelas. Se trató de anuncios que, en realidad, constituían propaganda a favor de dicho partido aun cuando se hicieran pasar por publicidad de esa publicación propiedad del principal consorcio de televisión del país.
En el caso de Televimex, la empresa de Televisa titular de la concesión, y a quien el IFE había multado con 5 millones, entre otras cosas, por no acatar una orden cautelar de suspender las transmisiones referidas, el tribunal consideró que el IFE había notificado esas medidas a una persona distinta y que, por ello, debía replantear e individualizar la responsabilidad de la concesionaria en el caso.
La confirmación del TEPJF es muy importante porque, luego de haber validado como lícito, hace un par de meses, el franco fraude a la ley cometido por el PVEM y algunos concesionarios al hacer pasar propaganda electoral comprada (y por ello ilícita) por informes de actividades de los legisladores de ese partido, la máxima instancia de justicia electoral finalmente convalidó que la simulación debe ser sancionada.
Para ello el Tribunal Electoral se valió de la vieja tesis de la culpa in vigilando (acuñada originalmente por el propio TEPJF cuando se sancionó al PRI por el caso Pemexgate, y luego frecuentemente utilizada), que convierte a los partidos políticos en garantes de vigilar que terceros no cometan actos ilícitos de los cuales puedan obtener un beneficio indebido y les impone la carga de denunciar o de deslindarse de dichas conductas. En esta ocasión, además, la Sala Superior afinó los criterios de esa tesis y detalló cuáles debían haber sido los actos de deslinde que habría debido realizar el Partido Verde para ser relevado de responsabilidad y, por ello, de sanción.
Con esa resolución, un partido que desde el principio se opuso a la reforma electoral (alineándose con los intereses mediáticos que habían sido agraviados con la misma —y que ahora, por cierto, son los beneficiarios de más de la mitad de las diputaciones que obtuvo ese partido en lo que ya muchos llaman la “telebancada”—), y que reiteradamente había violado la ley simulando su cumplimiento, recibe una multa que es relativamente menor en cuanto a su monto pero también muy importante en cuanto al precedente.
Hace un par de semanas, en un artículo publicado póstumamente en estas mismas páginas, Kristian Bernal —joven brillante y entrañable amigo, cercano colaborador e incansable defensor de los méritos de las virtudes democráticas de la reforma electoral, y que en la madrugada del 30 de julio fue víctima de la brutal violencia de la desbordada delincuencia que nos aqueja— sostenía, refiriéndose a la sanción que el IFE había impuesto al PVEM, que resultaba un buen negocio si se la comparaba con los beneficios que traía consigo una conducta ilegal. Kristian tenía razón y debe hacernos pensar si la simulación y el abuso del derecho no deberían ser penados de manera mucho más severa.
En todo caso, el antecedente que deja la confirmación de la multa y el criterio que sentó el Tribunal Electoral sirven para que una eventual (y probable) futura conducta ilícita del PVEM sea penada de manera mucho más grave en virtud de que la reincidencia constituye un elemento para incrementar los montos de las sanciones.
Ojalá, en ese sentido, que esta resolución sea el prolegómeno de una actitud consistente e indefectible de las autoridades electorales frente a las violaciones cometidas por partidos o particulares a las normas que regulan el modelo de comunicación política. Ello es algo obligado, vista la gran apuesta política que en ese sentido trajo consigo para los órganos del Estado la reforma electoral de 2007.