Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
05/10/2020
La claudicación de la Suprema Corte le permitirá al presidente de la República hacer propaganda durante las campañas del año próximo. El galimatías que los ministros avalaron para que se les presente a los ciudadanos en esa consulta no tiene consecuencias forzosas, o puede tener todas las que se les ocurra a quienes lo interpreten, pero aún así servirá al ardid de López Obrador para hacer proselitismo y distraer a la sociedad de los asuntos que hoy son realmente graves.
Los seis ministros que se rindieron a las exigencias del presidente emplearon un discurso confuso y contradictorio y, si hemos de ser rigurosos, ilegal. Los cinco que resistieron presiones —cualesquiera que hayan sido esos amagos— se comportaron con claridad y dignidad. Se trata de Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández.
La capitulación de la Corte ante el Ejecutivo Federal fue posible gracias a la argucia del ministro presidente, Arturo Zaldívar, que dispuso que en la sesión del jueves 1 de octubre se discutieran por separado la constitucionalidad de la solicitud de López Obrador y, por otra parte, la pregunta misma. Uno y otro son el mismo asunto. La petición era para que se preguntase a los ciudadanos si quieren que sean investigados y sancionados, por presuntos delitos, los anteriores presidentes de la República.
Esa solicitud había sido calificada como inconstitucional en la ponencia del ministro Aguilar Morales, que fue el punto de partida para la discusión en la Corte. Zaldívar dijo que el ministro Aguilar no analizó la pregunta propuesta por el Ejecutivo “porque, técnicamente, no era adecuado que se pronunciara el ponente sobre una pregunta cuya materia considera inconstitucional”. Esa fue una falsedad del ministro presidente. La ponencia de Aguilar examina la petición de consulta enviada por el presidente de la República junto con la pregunta. De las 43 páginas de la ponencia, hay un estudio específico de esa pregunta entre las páginas 22 y 31 y luego, en las conclusiones, entre las páginas 40 y 43.
En su proyecto de sentencia, el ministro Aguilar Morales propuso rechazar esa solicitud porque “tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o no proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional”. El ministro explicó que “la investigación, persecución y, en caso de acreditarse, la sanción penal o administrativa de los expresidentes mencionados, escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía mexicana” porque esa es tarea de las autoridades encargadas de impartir justicia, independientemente de que los presuntos culpables sean ex presidentes o no. “Condicionar el cumplimiento de la ley a lo que digan las mayorías rompe con los principios generales del proceso legal”. La consulta vulneraría la presunción de inocencia pero además, si fuese rechazada la propuesta para enjuiciar a los ex presidentes, implicaría una amnistía.
El primero en tomar la palabra para discutir ese proyecto fue el ministro Zaldívar. Por lo general, por cortesía, el ministro presidente interviene al final. Al hacerlo antes que el resto de los once ministros, Zaldívar marcó línea. Sus argumentos fueron débiles. Primero, en términos generales, defendió el derecho de los ciudadanos a participar en consultas aunque ese no era el asunto a discusión porque tal derecho se encuentra en la Constitución.
Zaldívar consideró que rechazar esa consulta significaba impedir que las personas participen políticamente. Esa es una inferencia desproporcionada porque la participación política no se agota en consultas en urnas que son momentos inusuales en la vida pública. Al mitificar la consulta para justificar su aprobación, el ministro presidente dijo que ese ejercicio tendría el propósito de “detonar un debate público al que tengan acceso todas las personas, incluyendo aquellas voces que normalmente son excluidas”. En realidad será al revés. El debate público se nutre en la diversidad, con matices e inflexiones argumentales. En cambio consultas como la que aprobó la Corte plantean opciones excluyentes.
Zaldívar consideró: “es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen”. Sin embargo la solicitud de López Obrador fue para someter a votación el enjuiciamiento de ciudadanos con trayectorias y nombres específicos. Por supuesto que con ella se pretende limitar derechos, comenzando por el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio imparcial.
En una de sus afirmaciones más frágiles, Zaldívar sostuvo que “la materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad”. El ministro presidente olvidó la exposición de motivos de la petición en donde López Obrador señaló (sin evidencias, por cierto) a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña por “acciones presuntamente delictivas”. Si esos ex funcionarios o cualquier otro cometieron delitos, el ministerio público y los jueces deberían indagarlos y encausarlos. La consulta planteada por AMLO somete al voto popular la aplicación de la justicia.
Zaldívar no tomó en cuenta esas implicaciones. Peor aún, en una de sus tesis centrales sostuvo: “La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado”. Con esa frase, el ministro presidente reconoció que en la consulta que él respaldó estará a votación “la política criminal” de nuestro país. Pero además, de esa manera calificó como criminales los comportamientos que López Obrador les atribuye a sus predecesores.
El crimen, según recuerda el Diccionario, es un “delito grave”, una “acción indebida” o un asesinato. Al emplear ese término el ministro Zaldívar hizo, acerca del desempeño de los ex presidentes, una inferencia que ni siquiera López Obrador se ha aventurado a formular. Se trata de un juicio sumario, sin pruebas, defensa ni alegatos.
El ministro Zaldívar utilizó en ocho ocasiones el término “criminal” para referirse a la política o al tipo de justicia que serían definidos por los ciudadanos en la consulta. Para el presidente de la Corte, “el derecho penal moderno debe edificarse sobre la base de una mayor participación ciudadana, tanto en lo que respecta a la creación del derecho penal como en su aplicación”. La creación y revisión de las normas es atribución del Poder Legislativo. Su aplicación, corresponde al Poder Judicial. Cuando el ministro Zaldívar pretende que haya participación ciudadana en la aplicación del derecho penal la única posibilidad que existe es la creación de jurados populares.
El ministro Zaldívar justifica ese enfoque cuando sostiene “lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana”. Pero la participación ciudadana y sobre todo el debate de los asuntos públicos no se resuelven en consultas en las urnas sino en los espacios de deliberación e intercambio que tienen la sociedad y el sistema político. El concepto “populismo penal”, en cambio, define cabalmente la posición del ministro presidente.
Al plantear la discusión de la consulta de manera separada de la pregunta, Zaldívar auspició el voto a favor de la solicitud de AMLO. El ministro Alberto Pérez Dayán estaba en desacuerdo con la pregunta pero dijo que, si era reformulada, él accedería a respaldar la consulta. El ministro Juan Luis González Alcántara advirtió que la pregunta “abre la posibilidad de que no se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, respaldando con ello la impunidad”.
González Alcántara fue muy crítico: “Todas las personas tienen derecho de acceder a la justicia… las autoridades competentes tienen una obligación ineludible de impartir justicia respetando el debido proceso… si me obligara por la mayoría en relación con cuál es el objeto de la consulta, coincidiría con el proyecto en que este es inconstitucional”. Sin embargo ese ministro, contradiciendo lo que acababa de decir, votó a favor de la consulta.
Los seis ministros que respaldarían la solicitud de López Obrador hablaron uno tras otro. Los últimos cinco estuvieron en contra. Los argumentos más claros fueron del ministro Laynez: recordó que a los ciudadanos se les consulta de muchas maneras pero la consulta prevista por la Constitución tiene implicaciones jurídicas. Así descartó los argumentos de los ministros que dijeron que esa consulta no era forzosamente vinculatoria. Además será contraria a los derechos humanos. “La investigación [de los delitos] es una actividad científica y técnica, no se fundamenta en opiniones aun y cuando sean expresadas por la mayoría”.
El respaldo de la Corte a la consulta que quería López Obrador deja cuarteado el equilibrio de poderes y acentúa el autoritarismo presidencial. Los endebles argumentos de quienes avalaron esa consulta confirman que no fueron razones ni interpretaciones jurídicas, sino aquiescencias y conveniencias —quizá temores— las causas de esa votación.
La pregunta que será sometida a consulta es un vergonzoso galimatías. ¿Estás de acuerdo o no [¿y por qué la Corte me habla de tú?] en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, [¿cuáles son tales acciones, indagar, sobreseer o castigar?] para emprender un proceso de esclarecimiento[¿un proceso, con cuántas fases, a partir de qué?] de las decisiones políticas tomadas en los años pasados [¿desde la Caída de la Gran Tenochtilán, pasando por Santa Anna y Huerta o a partir de cuándo? También contarán, entonces, hechos de corrupción y negligencia en el gobierno de López Obrador] por los actores políticos[como todos somos actores políticos por el solo hecho de votar en elecciones, esa puede ser causa de causa de persecuciones indiscriminadas o para que la consulta sea inútil] encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? [la justicia y los derechos, sujetos a votación popular] ”.
López Obrador quiere que la consulta sea el día de las elecciones, el 6 de junio. La Constitución dice que las consultas deben ser el primer domingo de agosto.