Ricardo Becerra
La Crónica
31/01/2023
¿Qué es lo que ha pasado con la información clave y con los sistemas que permiten su disposición y acceso al público en los últimos cuatro años? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con esos sistemas de información, con la producción de la información misma y con la forma en que se transmite y hace pública?
Este es un terreno que se discute menos de lo que deberíamos, pero todos los indicios, todas la evaluaciones de muchos campos, aquí y allá (económicas, sociales, ambientales, sanitarias, etcétera) muestran una sensible merma en la información disponible, accesible y aún más, en la que debe producir el Estado y el gobierno en todos sus niveles.
Fueron las organizaciones Signos Vitales (con Enrique Cárdenas a la cabeza) y México Evalúa (dirigida por Mariana Campos) las que han advertido de esta circunstancia, en detalle: un retroceso en la construcción de los acervos de datos y conocimientos acerca de la sociedad mexicana. Una lenta desaparición o disminución de varias de las cifras ciertas en las que nuestro país ha reconocido su rostro, sus tendencias, sus procesos y decisiones fundamentales. Una mengua en el conocimiento de si mismo.
Es cierto que una parte sustantiva continúa produciéndose y publicándose, sin embargo, existe una mayor dificultad para acceder a ella. El tiempo para el conocimiento o la entrega de información se ha extendido. Pero lo más grave es la disminución de las capacidades institucionales para elaborarla (por eliminación, por “ahorros” o “austeridad”) en el INEGI, el INAI y otras agencioas de gobierno.
Otros fenómenos que han menguado el conocimiento de datos públicos son la pérdida de información, la no publicación, la declaración de inexistencia o de plano decretos de reserva, es decir la decisión gubernamental -a mi modo de ver, ilegal- de ocultar la información existente.
La mayor parte de los problemas de ocultamiento, retraso y otros obstáculos al acceso de la información que se han padecido en otros sexenios, continúan ahora, pero exacerbados.
Destaca el hecho de que se han desmontado o rezagado los sistemas de acceso a la información pública. El sistema Compranet es, tal vez, el caso más emblemático de ese retroceso, pero también la plataforma de transparencia, a cargo del INAI, especialmente el llamado módulo de preguntas similares.
Se ha generalizado -se ha vuelto costumbre- la práctica de declarar “inexistencia” de los documentos y de la información. Y no sólo eso, se han vuelto frecuentes las inconsistencias en las plataformas de una misma dependencia (SHCP, egresos y transparencia presupuestaria).
Esta nueva fenomenología que combina la mengua de capacidades, la reducción presupuestal y la tendencia de los funcionarios para negar la información, ha propiciado una mayor discrecionalidad en el gasto presupuestario, especialmente los eventos poco conocidos y menos explicados, de reasignación del gasto.
De modo que han surgido nuevas áreas de opacidad en la administración pública federal, destacadamente: los fondos que alguna vez estuvieron en los fideicomisos públicos. Las grandes obras prioridad del presidente de la República (la Refinería Dos Bocas ni siquiera está reportada ante la cuenta pública; Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el proyecto del Tren Maya).
A los problemas y retroceso en los sistemas, procedimientos, cifras y datos se agrega un tipo de opacidad más “cualitativa”: no existen o no se han presentado razones documentadas que sustenten las principales decisiones de gobierno, como la desaparición del programa prospera; estancias infantiles; escuelas de tiempo completo; seguro popular y la extinción de los fideicomisos.
Por eso creo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene un pendiente cardinal ante la sociedad mexicana: presentar el estado de la producción, acceso y transparencia de la información pública en estos cuatro años. Donde están los mayores retrocesos, las áreas críticas y lo que no puede seguir ocurriendo ni ocultándose. Seguiremos sobre el tema.