Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
19/10/2017
Apenas un año duró como Procurador General Raúl Cervantes, quien se veía como el primer Fiscal General autónomo –al igual que antes se imaginó ministro de la Suprema Corte. El mal hado del brillante abogado no ha sido producto de una fuerza desconocida, como en la tradición clásica, sino de los cambios virtuosos que han ocurrido en la sociedad y la política mexicana durante los últimos veinte años.
El sino trágico del valido de Peña Nieto ha sido que el diseño de su carrera, que hubiera sido extraordinariamente exitoso en los tiempos del PRI clásico, resultó contraproducente para lograr sus objetivos en un entorno de reglas del juego muy distinto, como el que se vive hoy en México, marcado por la pluralidad política, por más ramplona que esta sea, y por la presencia activa de una sociedad civil antes ausente de la escena, pero que hoy es capaz de frenar en alguna medida la arbitrariedad y la imposición caprichosa, tan frecuentes en los tiempos de las autocracias sexenales.
Son, no cabe duda, muchos los malestares de la contrahecha e incipiente democracia mexicana, pero un proceso como el que estamos viendo ahora en torno al diseño de la nueva Fiscalía hubiera sido impensable hace apenas 20 años, cuando apenas se manifestaba la nueva realidad política y se vislumbraba el final del añejo régimen. Ahora, la deliberación pública entre la política, la academia y el activismo civil ha hecho intransitable el proyecto presidencial de dejar a un cercano a cuidarle las espaldas desde una Fiscalía apenas si maquillada, heredera de todo el andamiaje organizacional de la actual Procuraduría, palanca principal de la manera en la que el arbitrarismo priísta manipuló la legalidad a lo largo de ocho décadas, mientras los panistas, en su turno, la dejaron intacta para usarla de manera igual de aviesa.
La renuncia de Cervantes parece ser muestra de que el diseño acordado en los tiempos del “Pacto por México” –donde el Procurador en funciones nombrado por el actual Presidente se convertiría automáticamente en el nuevo Fiscal pretendidamente autónomo y se lo heredarían de manera inamovible al sucesor, posiblemente de otro partido, y al sucesor del sucesor al menos por unos años– ha fracasado y es necesario encontrar otra forma de nombrar a quien será responsable de dotar de legitimidad simbólica al nuevo aparato de procuración de justicia. Con su renuncia, el gobierno y el PRI pretenden evitar la reforma constitucional que ha sido impulsada en el debate público y que el propio Peña Nieto había iniciado, aunque sin encontrar entusiasmo entre los legisladores de su propio partido.
En este punto, el gobierno tiene dos posibles jugadas. La primera, que parece haber sido descartada por el propio Peña, es el envío al senado de una propuesta de sustituto que sea menos polémico que Cervantes, quien era demasiado cercano como para pretenderlo independiente, y con ello erosionar la coalición actual entre academia, sociedad civil y legisladores de oposición con la idea de que se trataba de una resistencia a la persona y no al procedimiento viciado de origen aprobado con la reforma constitucional de 2013.
Esta tirada mostraría el empecinamiento en dejar a un guardaespaldas a cargo de la nueva Fiscalía y heriría de muerte a la legitimidad del nuevo órgano y a toda la reforma en ciernes. En cambio, la otra opción –dejar un encargado de despacho al frente de la PGR mientras se expide la nueva legislación y esperar a que la nueva normativa determine el mecanismo de designación del primer Fiscal autónomo– resolvería en parte el tema de uno de los perversos transitorios del artículo 102 constitucional. Sin embargo, se trataría de un subterfugio para mantener lo peor del régimen transitorio de la reforma del 2013: la transmisión automática de toda la estructura de la actual Procuraduría a la nueva Fiscalía.
Según los dichos del presidente, la renuncia de Cervantes parece haber sido decidida con el objeto de frenar la reforma hasta después de las elecciones del próximo año. El gobierno ha desistido así de su intención de hacer una reforma a modo debido a que no le salen las cuentas para construir una coalición ad hoc, por lo que quiere esperar al nuevo reparto de la baraja legislativa y apuesta a, una vez se sepa quién será el próximo presidente, negociar de nuevo condiciones favorables tanto en el nombramiento del Fiscal como en la estructura del nuevo órgano encargado de la procuración de justicia.
Con ello, Peña y el PRI dejan de lado la razón de Estado de contar con una Fiscalía profesional, despolitizada y eficaz, que no esté atrapada por la maraña de intereses particulares que hoy anidan en la PGR y ponen en el centro de sus preocupaciones la posibilidad de ser perseguidos por las posibles trapacerías cometidas durante esta gestión. Que en Cervantes veían a un garante para su salida se entiende cuando, en su despedida, el ex Procurador se refiere al latrocinio cometido por varios gobernadores como “abusos y excesos”, como si se pudiera robar del erario y sacar ventajas particulares del servicio público, pero sin abusar ni excederse. El eufemismo como espejo de la tolerancia a la corrupción.
El tránsito de la actual Procuraduría a una Fiscalía eficaz no puede, empero, ser detenido simplemente por un cálculo político de oportunidad. Este país no soporta más el arreglo actual de justicia politizada, arbitraria e ineficaz, si lo que se pretende es salir del atraso, la violencia, la inseguridad y el estancamiento económico en que se encuentra. La renuncia de Cervantes no puede ser un subterfugio para eludir la necesidad de reforma del régimen transitorio del artículo 102, sobre todo en lo que toca a la herencia maldita que significaría para la Fiscalía el traspaso del peso muerto de la actual Procuraduría.
No se debe detener el proceso de diseño institucional del nuevo organismo. En unos días se conocerán las conclusiones de los foros de consulta a los que convocaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE. Por la información preliminar difundida, es muy probable que haya en sus conclusiones muchos puntos de confluencia con las propuestas hechas por los colectivos de la sociedad civil Fiscalía que sirva y Vamos por más. Sobre esa base debería arrancar el trabajo legislativo de una ley orgánica que brinde a la Fiscalía General de la estructura organizativa y normativa necesarias para enfrentar la ingente tarea que tendrá enfrente, al tiempo que establezca los criterios de designación del nuevo Fiscal sin asomo de politización.
La Fiscalía no puede ser una moneda de cambio en el mercado político y el nuevo Fiscal no puede ser alguien con compromisos partidarios evidentes. Una estructura bien diseñada, sin lastres heredados de manera automática y un Fiscal con un perfil de conocimientos amplios e independencia y probidad probadas son los dos requisitos indispensables para que la nueva Fiscalía se institucionalice y sirva para cumplir el gran cometido de, por fin, tener en México una procuración de justicia que no venda protecciones particulares ni solape la impunidad.