12 de diciembre de 2022
AL SENADO DE LA REPÚBLICA:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La iniciativa de reforma electoral a nivel constitucional que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó al poder legislativo no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, fue rechazada. La movilización de la ciudadanía a lo largo y ancho del país el 13 de noviembre del año en curso y la responsabilidad pública de las fuerzas políticas de oposición en la cámara baja del Congreso de la Unión, fueron suficientes para contener el intento autoritario de captura del Instituto Nacional Electoral (INE) y las regresivas modificaciones al sistema electoral.
Sin embargo, después de la derrota en la votación de la reforma constitucional y con absoluta complacencia hacia el Presidente de México, el partido mayoritario, Morena presentó una reforma a diversas leyes que regulan el sistema electoral mexicano que fue aprobada la madrugada del 7 de diciembre por el partido oficial y sus aliados en la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La división de poderes fue nuevamente anulada por la sumisión de la coalición gobernante.
El avance de esta reforma legal despreció el proceso legislativo, pero sobre todo, se caracterizó por la ausencia de principios elementales en la deliberación de un régimen democrático: la escucha, el diálogo y el acuerdo posible mediante el más amplio consenso. El proceso legislativo dispensó todos los trámites y formalidades, incluida la discusión en comisiones. El propósito no fue discutir los méritos de la propuesta de reforma y lograr consensos entre todas las fuerzas políticas, sino mostrar que la mayoría simple con la que cuentan Morena, el PT y el PVEM, es capaz de violentar el proceso legislativo para cumplir las obsesiones del jefe del Ejecutivo.
Las modificaciones a las instituciones electorales, sus procesos y procedimientos, son muy graves, ponen en riesgo las elecciones libres, calificadas, legales, auténticas como las que México ha tenido las últimas tres décadas, en virtud de lo siguiente:
1.- El daño a la estructura que hace posible las elecciones en México. El INE dejará de contar con funcionarios que hacen posible la organización de las elecciones en todo el terrritorio nacional. La desaparición de Juntas Ejecutivas Distritales deja sin estructura permanente al INE y con ello su capacidad de actualizar el padrón electoral, la cartografía, la instalación de casillas y hasta la capacitación a la ciudadanía en las elecciones federales y locales. Gracias a funcionarios imparciales, con enormes capacidades técnicas acumuladas elección tras elección y con un gran compromiso con la ciudadanía, el INE ha sido capaz de ofrecer resultados a la vista de todos. Mientras la Constitución señala que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones, la reforma cercena el Servicio Profesional Electoral, pone en riesgo la capacidad del INE y la calidad de los procesos comiciales a la que estamos acostumbrados.
2.- Un nuevo diseño institucional que desconoce el funcionamiento del INE. La reforma desaparece la Junta General Ejecutiva y con ello se elimina el propósito de un órgano de dirección técnico, especializado, que conoce los movimientos operativos del día a día y que facilita la coordinación técnica entre todas las áreas del INE. En su lugar, se crea una Comisión de Administración formada por 5 consejeros electorales, por lo que éstos desarrollarán una función más administrativa. Se suprimen estructuras bajo el argumento de una mayor austeridad, se fusionan áreas que realizan funciones muy distintas sin ninguna evaluación de impacto, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Administración con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral; la Dirección Jurídicas con la Dirección de lo Contencioso Electoral; o, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
3.- Se vulneran la certeza y los derechos. Los ajustes aprobados por los diputados permiten votar con pasaporte o matrícula consular, se abre espacio a la impunidad de los actores políticos al no tener consecuencias graves sus actos (como la pérdida de candidaturas), se atenta contra la fiscalización (en vez de reportar gastos e ingresos de campaña en 3 días, ahora se dan 20 días), por señalar algunos. La reforma se distingue también por violaciones a la autonomía del INE: la Cámara de Diputados se arroga el derecho de etiquetar recursos presupuestales para el INE o que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide a los votantes en el extranjero.
La reforma legal pasó sin escucha, consulta o diálogo, se formuló desde el poder en turno y no a partir del reclamo ni de las demandas de las fuerzas de oposición. Se trata de una auténtica ruptura con el proceso democratizador de las últimas décadas, trastoca lo bien que ha funcionado el sistema electoral desde hace tres décadas.
Por ello, desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y a los legisladores para encauzar la reforma a las leyes que soportan el sistema electoral mexicano en un proceso legislativo que privilegie el diálogo, en el que el estudio de cada planteamiento sea riguroso y el cumplimiento de todos los trámites parlamentarios sean respetados y cubiertos. Los cambios que han aprobado los Diputados deben ser revisados por el Senado sin prisa y con la mayor responsabilidad, la estabilidad política del país y la competencia electoral libre están en riesgo si la reforma no se inscribe en un cauce constitucional y si se atenta contra la autonomía del INE, su Servicio Profesional Electoral, sus capacidades para organizar elecciones limpias, ciertas, legales, transparentes.