José Woldenberg
Reforma
02/08/2018
Empecemos por lo obvio: tendremos un presidente legítimo producto de un triunfo claro y contundente. El 53 por ciento de los votos así lo decidió. Sabemos también que el Ejecutivo es el poder constitucional más relevante: se deposita en una persona, es sinónimo de gobierno federal, a través de sus secretarías realiza labores estratégicas, es el jefe de las fuerzas armadas, ejerce la mayor parte del presupuesto, conduce la política exterior, tiene que ver con el nombramiento de los ministros de la Corte, y si ello fuera poco, en el imaginario público el Presidente sigue siendo la encarnación del Poder, el Tutor de la Nación.
Pero no es un sultán y ojalá no exista la tentación de construir un déspota. La Constitución original, la de 1917, y la realidad del país de entonces (que quiere decir todo y nada) cimentaron un muy débil equilibrio de poderes. Pero en los últimas cuatro décadas, el proceso democratizador ha venido edificando un sistema de contrapesos nada deleznable. Cierto, en ambas Cámaras del Congreso la coalición electoral ganadora tendrá mayoría absoluta de asientos, fruto de su alta votación (entre el 43 y 44 por ciento) pero también de la fórmula de traducción de sufragios en escaños. Son mayoría legal y legítima (como en el pasado lo fueron otras fuerzas políticas), aunque, quizá no sobra recordarlo, no alcanzaron la mayoría absoluta de los votos. Es muy probable que el contrapeso congresual se vea debilitado. A pesar de ello, siguen ahí el Poder Judicial –destacadamente la Suprema Corte y el Tribunal Electoral-, los gobernadores, algunas presidencias municipales importantes.
Y junto a esos poderes constitucionales se encuentran los órganos autónomos. Desde las universidades públicas hasta el Banco de México, pasando por los institutos electorales, las comisiones de derechos humanos, las de acceso a la información pública y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son entidades estatales autónomas que giran fuera de la órbita de los poderes tradicionales. La mayoría de ellos son construcciones recientes que han conformado una constelación no subordinada a la voluntad del Presidente. Por el tipo de funciones que realizan se ha considerado pertinente edificarlas como órganos no dependientes de los humores políticos cambiantes.
¿Y a qué viene esa retahíla elemental? A que en el lenguaje de nuestro próximo presidente –la práctica la podremos apreciar cabalmente a partir del primero de diciembre- no parece estar claro lo anterior. Lo cual no presagia nada bueno.
En el marco del conflicto post electoral poblano, quien será presidente expresó que para “nosotros” el gobernador electo es Miguel Barbosa. Se trata de alguien que está a punto de recibir una investidura que multiplica su poder, pero también su responsabilidad. ¿No sabe que en esa materia carece de facultades, que no le toca a él decidir? ¿Para que lo hace entonces? ¿Para presionar al Tribunal? Ya en el año 2006 se autoproclamó presidente legítimo. Sainete que solo sirvió para erosionar la confianza en las instituciones electorales, para deteriorar la imagen del gobierno entrante y también para, en aquel momento, deslavar su propia figura, ya que el autollamado gobierno legítimo se esfumó como un castillo en la arena cuando sube la marea.
De igual forma su arremetida contra la resolución del INE que multó a Morena por el mal manejo de un fideicomiso, llegó al extremo de mencionar por su nombre y apellido a consejeros acusándolos de instrumentar una venganza, lo cual desató una catarata de insultos y amenazas contra ellos. El próximo Presidente tiene el derecho de debatir… Pero cuidado, su poder es demasiado y tiene que refrenar sus impulsos. Recuerdo que en los duros años setenta, un buen amigo priista, decía: “el Presidente de la República está obligado a ser más que cuidadoso. Ni en privado puede darse el lujo de hablar mal de una persona, porque sus colaboradores y subordinados pueden leer mal el mensaje, y en aras de hacerle un favor al Jefe…”.
Si nuestro próximo presidente desea ser un estadista republicano y demócrata tiene que asimilar que detenta un gran poder, pero no todo el poder, y que durante su gestión tendrá que convivir (en ocasiones en colaboración y otras en tensión) con otras instituciones y poderes constitucionales.