Jacqueline Peschard
La Crónica
14/03/2021
En el contexto actual, marcado por la intensa polarización de nuestra vida política, que desgraciadamente ha venido atizándose desde la propia Presidencia de la República, vale la pena voltear a ver cuál es el ánimo de los ciudadanos; qué tanto estamos anestesiados por el ruido político, o estamos dispuestos a intervenir para contribuir a la salud de nuestra vida pública. Si algo hemos aprendido durante los veinte años de vida democrática es que los ciudadanos hemos ganado terreno para expresar nuestras demandas y para exigir que las autoridades cumplan con los cometidos que la constitución y la ley les ha conferido. De hecho, cada vez que, por deficiencias en las capacidades de nuestras autoridades, sentimos amenazados nuestros derechos, suele invocarse a los ciudadanos para entrar en acción y éste parece ser el caso, hoy.
Las campañas políticas son naturalmente espacios de confrontación y es cierto que con frecuencia resulta más atractivo para los candidatos atacar y denostar al contrario que proponer soluciones a los problemas que nos aquejan. Sin embargo, la mayor tensión y litigiosidad en las elecciones de este año no se han presentado entre contendientes, sino que han estado estelarizadas por el presidente López Obrador y su partido, en contra de la autoridad electoral, en razón de las resoluciones que el INE ha adoptado para emparejar el terreno de juego y para sancionar a quienes han incumplido la legislación electoral, las cuales han afectado a MORENA. El problema no es el enojo del gobierno, sino la escalada discursiva del dirigente nacional del partido y de Salgado Macedonio quienes, invocando formas de lucha de AMLO, han amenazado con destruir al INE, e incluso con dañar la integridad física de su consejero presidente.
Estas muestras de desprecio por las instituciones electorales que han sido pilar básico de nuestro edificio democrático, están provocando un ambiente de conflictividad política que puede minar no sólo el buen desarrollo de la contienda, ya de suyo marcada por casos de violencia política, sino la consistencia misma de nuestra democracia. Por ello vale la pena preguntarnos cómo está nuestra relación como ciudadanos con el poder público, qué valores y prácticas caracterizan al tipo de involucramiento que tenemos con los asuntos públicos. De ahí la pertinencia de explorar los resultados de la Encuesta de Cultura Cívica 2020, levantada por el INEGI, para apreciar cómo están nuestras percepciones sobre la vida política y sobre el nivel de confianza en nuestras instituciones democráticas.
Un primer elemento a destacar es que para el 36.3% de los encuestados, ser ciudadano es tener responsabilidades, mientras que para el 29.4% es tener derechos y esta concepción explica por qué la inclinación democrática se entiende, en un 69.2%, como el gobierno en el que todos participan en la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, apenas el 34.8% considera que el gobierno toma en cuenta sus opiniones y sólo el 27.7% reconoce que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para participar en los asuntos públicos, es decir, aún es bajo el nivel de eficacia política.
La valoración de la democracia es del 65.2% y es importante que sólo el 16.4% considere que, en algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor. Pero, sólo el 52.7% está satisfecho con los resultados de la democracia y un 46.8% está poco o nada satisfecho, lo cual da cuenta de la inconformidad frente al desempeño de los gobiernos surgidos de procesos democráticos. Sin embargo, bajando al terreno de las elecciones, es claro que existe una alta valoración por el voto y por la autoridad electoral, ya que 80.3% afirma que el voto sirve para que haya un mejor gobierno y 59.6% confía mucho o algo en el INE. De hecho, la autoridad electoral es la institución civil con mejores niveles de confianza ciudadana, pues se ubica por encima de la presidencia de la República (52.5%) y sólo debajo de las fuerzas armadas que tradicionalmente suelen aparecer como las más confiables. En correspondencia con ello, el 91.5% cuenta con credencial para votar y 59.2% está de acuerdo en que los partidos permiten la participación de los ciudadanos en la vida política.
Respecto de la percepción sobre las maneras de resolver los conflictos, si bien el 52.8% está a favor de mantener la tranquilidad, el 39.1% considera que la población debe manifestar su inconformidad, incluso mediante actos violentos, es decir, 4/10 personas está dispuesta a manifestarse en defensa de sus valores e demandas.
Estos breves datos de la ENCUCI hablan de que nuestra aún frágil democracia y su principal autoridad electoral están respaldadas, es decir, que no estamos huérfanos y ello permite alentar esperanzas de que, ante los embates del partido gobernante, los ciudadanos sabemos cuál es el significado del INE para nuestro edificio democrático y, entendiendo nuestra responsabilidad, salgamos a votar con la confianza de que contamos con rutinas institucionales probadas para que el voto cuente y se cuente bien.