María Marván Laborde
Excélsior
29/06/2017
Desde hace más de dos décadas es preocupación creciente de la opinión pública, la academia y organizaciones de la sociedad civil entender por qué mexicanos y mexicanas tenemos tan baja disposición a cumplir la ley. Nos gusta recurrir a la explicación fácil: “Desde la Colonia asimilamos el Acátese, pero no se cumpla”.
La semana pasada tuvimos tres ejemplos cotidianos que refuerzan que mentir es aceptable; que la ilegalidad debe ser costumbre y que se vale hacer uso de los privilegios que derivan de la clase social.
Frente al bárbaro incremento de la criminalidad en México y, particularmente, de los homicidios dolosos, el comisionado de Seguridad salió a decir a los medios de comunicación que la razón es el sistema penal acusatorio, debido a que éste limita las posibilidades de mantener en prisión preventiva a los delincuentes que ya han atrapado las autoridades, aun a pesar de que se les hubiese detenido con armas de fuego en la mano.
Después de tan escandalosa declaración, Denise Maerker invitó a su noticiario al comisionado y le pidió que nos diera a conocer las cifras de cuántos delincuentes habían detenido en los últimos años; de este universo, a cuántos se habían visto en necesidad de dejar en libertad y, de ser posible, cuántos de estos presuntos delincuentes liberados eran sospechosos de algún nuevo homicidio.
Renato Sales trastabilló varias veces, pero fue incapaz de dar una cifra. No tenía ni siquiera una idea aproximada que sustentara su dicho. Simplemente se le ocurrió que era una buena idea culpar a una reforma penal que tiene muchos detractores y que ha sido, eso sí, de muy difícil implementación. En pocas palabras, el comisionado salió a decir a la opinión pública que no había hecho la tarea porque su perro se la comió la tarde anterior. Parecía un buen pretexto.
El lunes 19 de junio de 2017, The New York Times dio a conocer el reportaje que evidenció el espionaje del gobierno federal a reporteros y miembros activos de la sociedad civil, nuevos enemigos del Estado, como dijo Juan Pardinas. El gobierno primero guardó silencio, luego quiso negarlo y, finalmente, Peña Nieto decidió trivializarlo.
Ya mucho se escribió sobre la amenaza, clara y nada velada por cierto, que desde San Juan de los Lagos lanzó en contra de quienes se atrevieron a denunciar. Igual o quizá todavía más preocupante es que el Presidente de un país salga a reconocer que él sabe que en el país se viola la ley y por ello él, que es bien listo, ha decidido cuidarse a sí mismo. El primer mandatario consideró que es vox populi que no vivimos en un Estado de derecho, por tanto, cada quien debería hacerse responsable de su propia seguridad. ¿De verdad?
Después salió a aclarar que él no había amenazado a los denunciantes, sin embargo, hasta ahora no se ha retractado de que su gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley y que no deberíamos confiar en el gobierno.
Finalmente, la indignante agresión de los alumnos del Colegio Irlandés en la graduación del Colegio Cumbres, que significó la hospitalización de algunos estudiantes. Tras la denuncia, en redes sociales, de la madre de dos de los jóvenes agredidos, Jorge Ricardo García Villalobos, abogado defensor de los agresores, hizo valer los privilegios de sus clientes (dinero, influencias sociales y políticas, etcétera) y llegó a un acuerdo con los agredidos para no involucrar al sistema de justicia. Podían resolver de manera privada la situación.
Privilegio, viene del latín privilegium, literalmente, ley privada o exención de una obligación o ventaja exclusiva de una persona o grupo de personas. Las escuelas de Legionarios de Cristo formaron a sus alumnos en el uso y abuso de sus privilegios. Al igual que su fundador, Marcial Maciel, la ley no es para ellos, la justicia del Estado es despreciable y mientras el dinero y las influencias de sus respectivas familias alcancen, ellos se saben impunes. Lo han experimentado y este hecho lo confirma. Están por encima de la ley.
No será sencillo cambiar la disposición de mexicanos y mexicanas a cumplir la ley si prevalecen, con la complacencia pública, la mentira, la ilegalidad y los privilegios. Marcador: 3-0, mala semana para el Estado de derecho.