José Woldenberg
Reforma
11/05/2017
En 2015 eran 2.4 millones, el 4.7 por ciento de la población ocupada. 91 de cada 100 eran mujeres. Quienes tenían entre 30 y 59 años sumaban el 71.2 por ciento del total, el 17.0 eran jóvenes entre los 18 y los 29 años y el 8.9 mayores de 60. 2.9 por ciento eran menores de edad (entre 12 y 17 años). El 47.5 por ciento estaban casadas y el 31.3 eran solteras, el resto (21.2) eran viudas, divorciadas o estaban separadas. 39.1 por ciento tenían entre tres y cinco hijos y el 29.3 entre uno y dos. El 35.6 por ciento había cursado la secundaria completa, el 33.6 la primaria completa, el 23.8 no había concluido la primaria y un 6.9 había cursado la enseñanza media superior y superior. Son datos que ilustran el mundo olvidado de las trabajadoras del hogar remuneradas que extraigo del libro de Marta Cebollada Gay, Hacer visible lo invisible, publicado por el Conapred y la UNAM.
Según una encuesta de Conapred (2014) el 71 por ciento eran empleadas de «entrada por salida», la mayoría de las cuales trabajaba en una sola casa (61%) y en menor medida en dos o varios hogares (10%). El 29 por ciento eran «empleadas de planta», es decir, vivían en el hogar en donde trabajan. La inmensa mayoría ganaba menos de dos salarios mínimos (el 32.47% hasta un salario mínimo y 39.64% entre uno y dos salarios mínimos). Solo el 2.6 por ciento estaban inscritas en el Seguro Social y en el sistema de ahorro para el retiro, aunque según cálculos de la autora, el 17 por ciento tenía «derecho a servicios de salud del IMSS por ser dependientes de un familiar». El 76.3 por ciento no tienen ninguna prestación laboral, es decir, «carecen de vacaciones pagadas, aguinaldo…». La realidad contundente es que sus condiciones de trabajo y prestaciones dependen de la buena o mala voluntad de sus empleadores.
Como apunta con tino Marta Cebollada: «las condiciones en las que se desarrolla el propio trabajo, que implican dispersión de los centros de trabajo, de la población trabajadora, escasa organización y poca visibilidad del problema», está en la base de esa situación de precariedad. Porque si bien las trabajadoras domésticas remuneradas son muchas (millones), su dispersión y su falta de organización las convierten más en una fuerza potencial que en una presencia política real. Y ya se sabe: quien no se planta a la mitad del escenario con vigor, voz y reclamo, no solo no adquiere visibilidad pública sino atención por parte de las autoridades «competentes».
Pero lo interesante del libro, más allá del certero diagnóstico, es que diseña lo que pudiera ser una política para elevar las condiciones laborales y de vida de las asalariadas. Habría que empezar por reformar el capítulo de trabajadoras domésticas de la propia Ley Federal del Trabajo, porque aunque creo que las relaciones laborales en esta materia tienen muy poco que ver con lo que señala la mencionada Ley, sería un buen gesto eliminar las disposiciones discriminatorias. Ejemplifico con dos artículos: «333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas». Esa disposición es leída por algunos como la autorización de una jornada laboral de 12 horas. «334… la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación… (Estos últimos) se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo». Lo que recuerda a las famosas «tiendas de raya» del siglo XIX.
MCG propone además que México suscriba el Convenio Internacional 189 de la OIT sobre el trabajo remunerado en los domicilios, hacer obligatoria la inscripción de las trabajadoras al Seguro Social (en Uruguay el 43.2 por ciento cuentan con esa cobertura, en Argentina el 25.5 y entre nosotros solo una de cada mil); establecer un salario mínimo específico para el ramo y la «reducción del pago en especie»; crear un cuerpo de inspección laboral y una serie de incentivos para los empleadores que cumplan con sus obligaciones, y la negociación de un contrato colectivo para el ramo. Todo ello acompañado de una amplia difusión de los derechos de esas trabajadoras semi olvidadas. Veremos si alguien se apunta.