María Marván Laborde
Excélsior
08/01/2015
Para Julio Scherer, periodista demócrata.
In Memoriam.
El monopolio de la violencia es la definición del Estado, de acuerdo con el sociólogo alemán Max Weber, dicho monopolio no es una entre otras características, ni siquiera es un atributo imprescindible, es su propia definición, precisamente por ello el tema de las autodefensas era, y sigue siendo, tan delicado y complicado.
Frente a la incapacidad del Estado de cumplir satisfactoriamente con una de sus funciones esenciales: proveer seguridad a sus gobernados, los ciudadanos de Tierra Caliente decidieron apropiarse la responsabilidad de su seguridad, ellos defenderían a la comunidad de los narcotraficantes. Consideraron que ellos eran buenos y, por tanto, tenían la autoridad moral para defender a la población de los malos. Producto de la desesperación y buena voluntad acabaron convertidos en una afrenta al Estado quizá igualmente riesgosa como la que presentaban aquellos a quienes combatían.
Consiguieron armas y asumieron que, además de ser policías, también podrían ser ministerio público, poder judicial y carceleros. Quedó a su arbitrio establecer sus propias pesquisas, detener, juzgar y sancionar a quienes, de acuerdo a su parecer, eran culpables. Su “código penal” no tuvo mayor empacho en incluir tanto los juicios sumarios como la pena de muerte. Paradójicamente, de la debilidad e inaceptabilidad jurídica del argumento emana la fuerza bruta de las autodefensas, poder ilimitado institucionalmente, ejercido a discreción sin ningún tipo de freno o contrapeso.
En enero de 2014, hace prácticamente un año, el gobierno de Peña Nieto decidió tomar en manos de la Federación el problema de seguridad en Michoacán; comisionó a Alfredo Castillo para que restableciera el orden y la paz en el estado y para ello le dio amplios poderes que en su momento cuestionó la oposición.
No es nuevo en la historia de la humanidad reconocer momentos de emergencia política, suele decirse que situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Cuando todo fallaba en la política y las instituciones de la república romana no podían responder a la situación, sus leyes preveían la instauración de un dictador con plenos poderes y un plazo de seis meses para recomponer la situación y regresar al gobierno republicano.
A la situación de emergencia en Michoacán no se le puso plazo. Muchas han sido las acciones encaminadas a restablecer el Estado de derecho: se cambiaron los mandos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se solicitó la renuncia, primero, del secretario general de Gobierno y, después, del gobernador Fausto Vallejo. Se nombró a un gobernador interino. Ha habido un número nada despreciable de aprehensiones.
Parte del plan fue convertir a las autodefensas en guardias rurales. En un intento por recuperar el monopolio de la fuerza física el propio Estado les reconoció la autoridad, la fuerza y la legitimidad que ya tenían, con ello trató de incorporarlos a la legalidad. Parecía sencillo darles un uniforme y asignarlos a una lógica jerárquica. Alguien supuso que de la noche a la mañana y gracias a una ceremonia de bienvenida estarían dispuestos a acatar las reglas de procedimiento propias de una corporación policiaca. Si la empresa se antojaba complicada, hoy hay evidencia de su fracaso.
A pesar de la estrategia mediática impuesta desde Bucareli de no llevar cuenta de los muertos, sabemos a ciencia cierta que los sigue habiendo; en el último mes se recrudeció la violencia, especialmente a partir del 16 de diciembre que se enfrentaron en La Ruana dos grupos antagónicos de guardias rurales, el de Hipólito Mora y el de Luis Antonio Torres, El Americano. Fueron muertas once personas, entre ellas el hijo del primero.
La animadversión entre ellos es de larga data y amplio conocimiento del comisionado. En septiembre la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo al Americano por ser sospechoso de tener ligas con el narcotráfico, pero después se le dejó en libertad. Fue por esas fechas que el conflicto parecía resuelto entre rivales; ambos posaron frente a las cámaras y se dieron un fuerte apretón de manos. Hoy, después de una entrega negociada tanto de Hipólito Mora como de Luis Antonio Torres, están presos y se les han dictado sendos autos de formal prisión.
Reconocer ahora el fracaso de haber legitimado a las autodefensas es mucho más sencillo que revertir la decisión, de la misma manera que también es más fácil perder el monopolio de la violencia que recuperarlo.
Es difícil entender a qué se refiere el comisionado cuando afirma que el problema en Tierra Caliente ya no obedece a una cuestión de seguridad pública sino de conflictividad social. Entonces como ahora, en el corazón de la inseguridad está el conflicto social que no encuentra solución a través de canales institucionales. Castillo ha duplicado el plazo romano en Michoacán y todo indica que estamos aún lejos de la posible solución.