Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
05/04/2021
Cuando exclamó “¡al diablo con sus instituciones!” Andrés Manuel López Obrador delineó con desfachatada franqueza su desprecio por la legalidad. El orden jurídico solamente lo respeta cuando le conviene. Las instituciones le importan siempre y cuando estén al servicio de la causa que él defiende. Esa causa es él mismo.
López Obrador decidió —y al parecer eso cree— que él encarna los intereses del pueblo. Descalifica y persigue a toda ley e institución que no se ciñan a sus proyectos, e incluso a sus caprichos. Cuando era político en la oposición esa segmentación entre el orden jurídico que le gustaba y el que no, para muchos era un desplante de campaña. Para algunos más dicha expresión, junto con la ausencia de compromisos democráticos de ese personaje, manifestaba un alarmante síndrome autoritario.
Aquellos excesos desde la oposición, ahora que López Obrador es presidente se han convertido en amenazas a la democracia que pueden romper el orden constitucional que él mismo tiene la obligación de respetar y garantizar.
Un demócrata no distingue entre “sus” leyes e instituciones y las de los “otros”. Si no le gustan, intenta reformarlas por los cauces constitucionales pero mientras tanto las respeta. López Obrador aplaude a los jueces si toman decisiones que le agradan y, cuando no, los amaga y descalifica. El intento para desmontar o al menos inhabilitar a varios de los organismos constitucionales autónomos (transparencia, regulación de energía, evaluación educativa, competencia, telecomunicaciones, entre otros) manifiesta la profunda incomodidad del presidente con las instituciones que no necesariamente respaldan sus puntos de vista.
La acometida más persistente y organizada, que se origina en Palacio Nacional y se extiende por las redes de fanáticos que ha construido Morena, a menudo con recursos públicos, se concentra en el Instituto Nacional Electoral. Las reglas para las elecciones y la autoridad encargada de aplicarlas le parecieron adecuadas a López Obrador cuando ganó las votaciones hace tres años, pero ahora le resultan incómodas. El dirigente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que pretende “exterminar” al INE.
López Obrador y su partido quieren una autoridad electoral que desvíe la mirada cuando comenten irregularidades. El INE, a pesar de la intensa e interesada campaña para debilitarlo y paralizarlo, ha cumplido con su obligación de acatar la ley. El Consejo General de ese Instituto aplicó la norma constitucional que prohibe la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados por encima del 8% adicional al porcentaje de votos que hayan obtenido, como se explicó en esta página hace dos semanas. Luego, en otra resolución, canceló el registro de candidatos que no entregaron informes financieros de sus precampañas.
La autoridad electoral toma docenas de decisiones, todo el tiempo. Esas dos han sido notorias porque afectan a Morena. En el primer caso, porque ese partido quiere beneficiarse de una interpretación torcida de los criterios de sobrerrepresentación. La resolución del INE, que ahora revisará el Tribunal Electoral, implica que en la composición de la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios de cada partido se integren de acuerdo con la votación que obtengan en las urnas, tomando en cuenta el límite constitucional de sobrerrepresentación. Las mayorías y minorías que haya en esa Cámara dependerán de la decisión de los ciudadanos en las urnas. ¿No es esa una decisión impecable, ajustada punto por punto a la Constitución? Cualquier demócrata diría que sí. Morena y el presidente, sin embargo, la combaten.
El rechazo al registro de sus candidaturas se lo buscaron los aspirantes que incumplieron la obligación de dar a conocer las finanzas de sus precampañas. Para competir por las candidaturas a diversos cargos de elección, 6 mil 626 ciudadanos se anotaron en el sistema nacional que habilitó el INE. Únicamente 132 de esas personas (todos ellos aspirantes a candidatos independientes) dejaron de presentar informes financieros y por eso no fueron registrados. Por otra parte la autoridad electoral identificó a 121 precandidatos que no se registraron como tales pero que hicieron campañas. A cada uno de ellos, el INE les notificó que tenían un expediente abierto y les dio la oportunidad de ofrecer aclaraciones. Al revisar cada caso, el Consejo General del INE resolvió negar el registro a 49 candidaturas. De los 121 inicialmente examinados, 96 eran miembros o precandidatos de Morena. De los 49 finalmente rechazados, 42 eran aspirantes por ese partido.
A los dirigentes y simpatizantes de Morena les ha disgustado sobremanera la cancelación de esas candidaturas, que incluyen a los aspirantes a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Pero la autoridad electoral no tuvo un rigor peculiar con ese partido. Al contrario: fue en Morena en donde más precandidatos dejaron de cumplir con una elemental obligación legal. Dicho de otra manera, es en ese partido en donde existe menos interés para cumplir con las normas electorales.
Las irresponsables afirmaciones de Mario Delgado confirman el rechazo de Morena a las leyes. Esos amagos le dan cobertura a Félix Salgado Macedonio para advertir que impedirá la realización de elecciones en Guerrero. Tales amenazas podrían ameritar que a Salgado las autoridades judiciales lo encausaran por atentar contra el proceso electoral. Sin embargo sus imprudencias se multiplican porque lo respalda el presidente de la República.
Ya sabemos que a López Obrador ni la democracia, ni sus reglas, le parecen respetables. Pero la defensa que hace del impresentable Félix Salgado coloca en uno de los más vergonzosos aprietos (y ya son muchos) a quienes defienden al presidente. Estar con López Obrador, en esta circunstancia, es estar con quienes se hacen tontos ante las tropelías de Salgado, incluyendo las numerosas denuncias en su contra por abuso sexual.
Para defender las ilegalidades en Morena y los intereses de personajes como Salgado Macedonio, el presidente López Obrador ha desplegado una campaña de invectivas y falsedades contra la autoridad electoral. Durante sus tres décadas el INE, y antes el IFE, han tomado decisiones incómodas para el gobierno y los partidos en el poder. En todo ese tiempo no hubo otro presidente de la República, ni otro partido, que arremetieran de manera tan militantemente falaz contra la institución electoral como hacen ahora López Obrador y Morena.
Gracias a las reglas electorales y al organismo encargado de aplicarlas tenemos una competencia política confiable y capaz de que la pluralidad de la sociedad esté representada en las instituciones que nos gobiernan. Por eso la defensa de la autonomía constitucional del INE es tan importante.
En estos días circula un breve documento que ha concitado el respaldo de decenas de miles de ciudadanos. Allí se subraya: “El INE es víctima hoy de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo. Debilitar la presencia pública de la autoridad electoral sólo beneficiaría a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones. Por eso, y por infundados, rechazamos los amagos recientes para desacreditar a los consejeros electorales”.
A la invitación inicial para suscribir ese documento respondieron 2 mil 387 ciudadanos. Entre ellos hay académicos y escritores, actores y cineastas, científicos y médicos, dirigentes sociales y políticos, empresarios y especialistas en variadas disciplinas. Allí se encuentran ciudadanos que han apoyado otros textos públicos pero también personas que no suelen firmar desplegados.
La preocupación por la defensa del INE se encuentra tan extendida que independientemente de simpatías políticas, y de adscripciones profesionales, gremiales o institucionales, todos esos y muchos ciudadanos más han querido respaldar esa sencilla exigencia: dejemos que el INE haga su trabajo, que la Constitución y las leyes electorales se cumplan, que de las urnas del 6 de junio resulten ganadores los que obtengan más votos y que todos los participantes en esa elección se comprometan con tales resultados. Esa convergencia ha permitido que el texto con las firmas iniciales sea difundido en los sitios web de diversas revistas y organizaciones sociales.
El documento se encuentra en change.org y anoche estaba por llegar a las 40 mil firmas. Cada adhesión a ese texto ratifica que, en el ejercicio de su autonomía, el INE y sus consejeros son respaldados por ciudadanos conscientes y libres que, lejos de mandarla al diablo, quieren proteger la institucionalidad democrática. Aquí se puede suscribir: http://chng.it/JBsVdJ5D
ALACENA: Vacunas acaparadas
Hasta el primer día de abril, México había recibido 14 millones 676 mil dosis de vacunas contra Covid-19. Sin embargo, hasta el sábado 3 por la tarde se habían aplicado solamente 8 millones 987 mil. Es decir, el gobierno almacenaba más de 5.6 millones de vacunas que no habían sido distribuidas o aplicadas.
Ese acaparamiento es injustificable. El gobierno federal podría apoyarse en las instituciones de salud y las farmacias, en gobiernos estatales y universidades, entre otras instituciones, para aplicar las vacunas con más celeridad. Sin embargo el interés para controlar directamente ese proceso y buscar rendimientos clientelares el día de las elecciones ha conducido a una inadmisible politización de las vacunas.