Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
13/02/2023
Democracia y bienestar han estado histórica y, podría decirse, indispensablemente asociados. La consolidación de la democracia requiere de condiciones sociales y materiales mínimas. Y por lo general, el bienestar solamente se despliega y mantiene en condiciones democráticas. Pero ninguno de esos dos elementos garantiza al otro, de tal suerte que con frecuencia se producen intentos democráticos que no desembocan en mejores condiciones de vida para las personas que los respaldan y, paradójicamente, el bienestar no siempre solidifica las convicciones democráticas.
El diario El País publicó en su edición de este domingo un artículo de Joaquín Estefanía sobre la crisis del Estado de bienestar. Esa reflexión sobre el desplome de las capacidades de los estados, en Europa fundamentalmente, para garantizar condiciones sociales mínimas a sus poblaciones, subraya tres grandes cambios: las carencias presupuestales, el envejecimiento de la sociedad que reclama crecientes pagos de pensiones y, en otro plano, la desconfianza ante la democracia.
Junto con el fondo de esas observaciones, lo más relevante del texto de Estefanía es que El País lo publicó como su nota principal. El tema es de la mayor actualidad porque en Francia hay una intensa exigencia social para que no se modifiquen las edades de jubilación, en el Reino Unido el sistema de salud enfrenta vehementes reclamos salariales de sus trabajadores y en España misma, hay grandes movilizaciones contra los recortes al sistema de salud público.
En esos y otros países la calidad y la integridad de la educación, las pensiones y la salud públicas, entre otros derechos, han sido regateados tanto por las subjetivas reticencias ideológicas de gobiernos conservadores, como por muy objetivas restricciones presupuestarias. El litigio por el poder político, que es uno de los rasgos de la democracia y la pluralidad, no siempre favorece la dotación suficiente y justa de esos servicios, aunque para Estefanía el problema central se encuentra hoy en la insuficiencia de los estados.
“Muchos expertos —escribe ese autor— indican que el debilitamiento de la calidad de la democracia está directamente relacionado con el debilitamiento del Estado de bienestar y que éste ya no corrige tanto como antaño las desigualdades. Hoy, la principal cuestión sociopolítica no es si el capitalismo ha de ser sustituido por otro sistema, sino si los países, los ciudadanos, pueden permitirse tener pensiones y sanidad dignas públicas y universales, seguro de desempleo, una educación superior que no sea prohibitiva, o todo ello es demasiado caro. A esta ‘utopía factible’ se le ha añadido en los últimos tiempos otro capítulo central: la lucha contra la emergencia climática”.
Para que haya bienestar tiene que haber Estado. Incluso las apreciaciones más neoliberales reconocen la necesidad de una institucionalidad que le ponga reglas al mercado. Estefanía recuerda que el Estado de bienestar resultó “de un pacto tácito entre dos sistemas encontrados, el capitalismo y el socialismo democrático”. Ambos, desde luego con acentos diversos, requieren de un Estado eficaz.
Esa discusión, que El País subraya con pertinente intencionalidad periodística y política, aqueja a los europeos pero entre nosotros, es muy útil como antídoto a la demagogia y la desmemoria. Un día sí y otro también, las peroratas en Palacio Nacional culpan al neoliberalismo de los rezagos que padece nuestro país. Sin embargo, en los hechos, el gobierno de López Obrador se ha desmarcado del neoliberalismo en muy pocos temas. En el más importante, que es el cumplimiento de los derechos que todos los mexicanos tienen al bienestar social, ha sido tan incompetente como los gobiernos anteriores.
México destina únicamente el 7.4% de su producto interno bruto al gasto público de naturaleza social. Ese indicador permite comparar el compromiso real de cada Estado con el bienestar social.
En Francia, el gasto social del Estado asciende al 31.6% del PNB. En Italia es del 30.1%, en España 28.1%, Canadá 25%, Estados Unidos 22.7%, Israel 18.3%.
En Chile, el Estado destina a gasto social el equivalente al 19.6% de su producto interno bruto. En Colombia, el 15.2%. Costa Rica, 14.5%. En Turquía, el 12.4%.
Se trata de datos de 2022, recabados por la OCDE. El promedio del porcentaje respecto de su PNB que destinan a gasto social los países de esa Organización es del 21.1%.
Frente a esas cifras, en el último sitio de los estados analizados, se encuentra el 7.4% de México.
Solamente con ignorancia, o cinismo, se puede decir que en nuestro país, para el gobierno, están primero los pobres.
El insuficiente gasto social del Estado mexicano ya existía en gobiernos anteriores. El actual, en contradicción con su discurso, no privilegia el financiamiento para el bienestar de los mexicanos y en algunos casos lo ha disminuido sustancialmente, como ha sucedido con el gasto para medicamentos y otros requerimientos de la salud pública. Por gasto social, la OCDE entiende el que se destina a salud, familias, pensiones, incapacidades y empleo, ente otros rubros.
En México, hoy tenemos más pobres que antes del actual gobierno. La pobreza extrema alcanzaba en 2018 al 49.9% de la población y dos años más tarde afectó al 52.8%.
Sin Estado, no hay bienestar. El gobierno de López Obrador no tiene interés en resarcir a los pobres del atraso histórico que han sufrido en México. Pero además, ha emprendido una operación para desmantelar al Estado mexicano que inevitablemente afecta sus capacidades para satisfacer las necesidades de bienestar de la población.
El Estado no se limita al gobierno, es el conjunto de instituciones que cumplen con variadas responsabilidades públicas. López Obrador y su gobierno quieren un Estado disminuido, acaparado y en buena medida desplazado por el gobierno. Sus arremetidas contra el Poder Judicial, la pluralidad política, el INE, la prensa crítica y las universidades públicas, entre otras instituciones y sectores que no se someten a la voluntad presidencial, forman parte de esa operación en contra del Estado.
Ante ese gobierno que debilita al Estado y que menoscaba el de por sí insuficiente e injustamente desigual bienestar de los mexicanos resulta preciso exigir, defender y ejercer la democracia.