Jacqueline Peschard
La Crónica
23/06/2021
Si algo ha caracterizado a la gestión de CONACYT del gobierno actual es el desprecio por la comunidad científica que es el principal interlocutor de la política de ciencia y tecnología y esta desconexión tiene consecuencias negativas para el desarrollo de una actividad que es esencial para impulsar el bienestar de la población.
Un ejemplo de lo anterior se observa al aprobar, el pasado 29 de mayo, los nuevos criterios de evaluación del trabajo de los científicos para determinar su ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), no se consultó a las Comisiones Dictaminadoras que son las encargadas de aplicarlos, tal como establecen los artículos 7 y 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología que está vigente.
Fiel a esta mala práctica, el jueves pasado, CONACYT lanzó una convocatoria para integrar las Comisiones Dictaminadoras del SNI, que a lo largo de casi 40 años ha ofrecido apoyos económicos a los investigadores para reconocer su labor de creación científica y tecnológica, premiar la calidad y la productividad y ofrecer incentivos para el desarrollo de sus tareas.
A primera vista, dicha convocatoria es bienvenida porque abre la puerta para que todos los miembros del SNI voten por sus pares que reúnen los requisitos para ser evaluadores de aquéllos interesados en ingresar o permanecer en el sistema. Sin embargo, hay irregularidades en la convocatoria que revelan, o bien un descuido en la formulación de la misma, o una franca simulación, al pretender que se invita a la participación, cuando en realidad se quiere centralizar en la burocracia de CONACYT las decisiones sobre los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y, consecuentemente, sobre el proceso mismo de evaluación.
En primer lugar, la convocatoria se basa en los nuevos criterios de evaluación que se aprobaron en contravención a la legislación vigente y que se publicaron apenas dos días antes de que se publicara la convocatoria para el ingreso y permanencia en el SNI de este 2021. Esto implica que se aplicarán criterios de forma retroactiva, pues no estaban vigentes durante el periodo previo que es el que se somete a evaluación este año.
La convocatoria en cuestión fue lanzada sin amplia difusión, limitando el acceso de todos los integrantes del SNI. Además, la plataforma de votación en donde está la lista de los más de los más de 3000 que son elegibles, incluye a investigadores ya muertos o jubilados; a investigadores que no fueron consultados sobre su disponibilidad a participar en la votación y no está ordenada por área de especialidad, lo cual dificulta el proceso de votación.
Para coronar la serie de irregularidades, el periodo para la votación se limitó a escasos cuatro días hábiles -del 17 al 22 de junio, bloqueando la posibilidad de que los investigadores se organicen para que el voto no se disperse y dejando espacio para la discrecionalidad de las autoridades en la selección de los dictaminadores. Esta mala práctica explica que CONACYT haya informado ayer que extendía dos días más el proceso de votación.
Criterios de evaluación arbitrariamente determinados y una convocatoria que constriñe la participación resultan consistentes con la reciente y controvertida decisión de CONACYT de otorgar al Fiscal General de la República, el Dr. Gertz Manero, la categoría más alta del SNI, cuando a todas luces no es alguien que se haya dedicado al trabajo académico, o que tenga merecimientos por sus aportaciones científicas.
Decisiones como ésta son agraviantes para los investigadores del país, de la misma manera que lo es una convocatoria que pretendiendo invitar a la participación de los investigadores, coloca tantas trabas para desalentarla. La simulación es igualmente ofensiva.