Jacqueline Peschard
La Crónica
04/08/2021
El presidente López Obrador decidió plantear que la consulta popular del pasado 1 de agosto fue un triunfo, a pesar de que la participación estuvo lejos de alcanzar el 40% necesario para que la respuesta fuera vinculante. Es cierto que, visto en números absolutos, 6.6 millones de votos no es una cifra trivial, pero, en realidad, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, el gobierno banalizó la consulta, al convertirla en un ejercicio incomprensible, que provocó que todos los cálculos del gobierno fallaran, salvo quizás su afán de ahondar la polarización social que ha sido parte de su estrategia para mantener el poder a lo largo de casi tres años.
Confrontar a la sociedad entre los que respaldan al gobierno de la 4T y quienes tienen reservas y lo critican, le ha permitido al presidente mantener un discurso consistente de división que ha abonado a cimentar el rencor social como pilar de la adhesión a su proyecto.
Los resultados de la consulta revelaron que una pregunta absurda y confusa no podía animar la participación ciudadana. La pregunta no planteaba una verdadera alternativa —no es casual que 98% de los participantes se pronunciaran por el Sí—, ni derivaba en instrucciones precisas para las autoridades competentes —hoy se habla de que se crearán comisiones de la verdad, pero esa no fue la pregunta—. Además, el ejercicio dañó a las instituciones públicas, pues como bien señaló José Woldenberg, lo que triunfó fue “la falta de escrúpulos presidenciales y la profunda erosión de la confianza en la Corte” (El Universal, 3-08-2021).
Si el gobierno pretendía medir su capacidad de movilización, echando mano de sus bases clientelares, los logros fueron magros, aun en entidades que son bastiones de Morena como la Ciudad de México, Guerrero o Tabasco, donde la participación apenas rebasó ligeramente el 10%. La promoción que desplegaron Morena y sus activistas bajo el disfraz de una organización social, el Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular, no logró la movilización necesaria de 37.4 millones de votantes para que la votación fuera vinculante.
El discurso polarizante se desplegó desde antes de la jornada de la consulta y en plena etapa de veda para los gobiernos, cuando el presidente López Obrador y los dirigentes nacionales de Morena culparon anticipadamente al INE de no haber mostrado entusiasmo por la consulta y de haber instalado sólo 57 mil mesas de consulta y no tres veces más como en las pasadas elecciones del 6 de junio, por falta de recursos presupuestales que el gobierno se rehusó a transferirle, como si la logística organizativa no tuviera costos económicos.
El embate del presidente y su partido en contra del INE no es nuevo; ha sido parte de la estrategia de polarización entre quienes confían en la autoridad electoral que ha mostrado su capacidad logística y profesional para organizar elecciones y la consulta popular, en pleno ejercicio de su autonomía y quienes le reprochan que su actuación no esté alineada a las agendas del gobierno en turno.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, han encabezado los ataques al INE, al plantear la remoción de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, mediante un juicio político por haber atentado “en contra de la imparcialidad y la independencia electoral” y porque “han inducido la decisión popular”.
Más allá de que es inviable que prospere un juicio político, basado en opiniones, carentes de argumentos jurídicos, proveniente de una auténtica pandilla que hoy encabeza al partido en el gobierno, la reiterada acusación puede mermar la confianza en una de las instituciones insignes de nuestra aún frágil democracia.